Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Servir a la Corona y servirse de la Corona     
 
 ABC.    13/09/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

MADRID

SERRANO, 61 MADRID

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

SERVIR A LA CORONA Y SERVIRSE DE LA CORONA

EN el próximo mes de noviembre, una vez entrada en vigor la nueva Constitución,

el Rey habrá de tomar una decisión trascendental para la política española de

los próximos meses y años, para la propia Corona como institución permanente y,

en definitiva, para España y para sus destinos.

Esa decisión es la propuesta al Congreso de un presidente de Gobierno, para

encabezar el primer Gobierno constitucional, y preparar las elecciones subsiguientes.

Parece evidente que éstas deban ser lo antes posible, y con el carácter de

elecciones generales, es decir, municipales, provinciales y legislativas. Parece

igualmente evidente que esas primeras elecciones constitucionales deben hacerse

con todas las garantías, para que su resultado sea inatacable y respetado por todos.

Para que la Corona aparezca desde el primer momento ejerciendo la función arbitral

suprema que le corresponde, somos muchos los que creemos, y respetuosamente solicitamos,

que el Gobierno que presida las elecciones no sea un Gobierno de partido, ni de una

coalición de partidos, sino un Gobierno imparcial.

Este sólo puede hacerse presidido por una gran personalidad no vinculada a los partidos

existentes y que ocupe, o haya ocupado cargos de gran trascendencia al servicio del

Estado, como la Presidencia de las Cortes, del Tribunal Supremo, o algo semejante. Lo

formarían personalidades de relieve indiscutible en la vida política, administrativa,

económica, cultural o profesional, igualmente sin vinculación a partidos.

Un Gobierno de esta naturaleza, en el plazo mínimo necesario para poner a punto las

normas procesales, elecciones generales, primer trimestre de 1979. Las fuerzas surgidas

de esas elecciones, a nivel local, provincial y nacional tendrían una legitimidad

democrática clara y podrían proceder a las medidas de gobierno y administración que

España requiere urgentemente.

Esta es la decisión fundamental de este otoño y todos lo sabemos. La Constitución es el

marco en el cual se mueven las fuerzas políticas y sociales. Es como un estadio y el

reglamento para un partido de fútbol: todos sabemos que en un buen estadio equipos malos

pueden hacer un fútbol pésimo y aburrido; por el contrario, en un campo modesto, buenos

equipos dan buen fútbol.

En política, los equipos, además de su calidad, han de acreditar autenticidad y

representatividad. Sólo puede haberla con una buena ley electoral y un arbitro imparcial.

Ese, evidentemente, no puede ser un Gobierno de partido, como el actual, que está

utilizando ya todos los medios del Poder para la organización de su propio Congreso, y

que incluso tiene a un subsecretario (de un Ministerio que ya no existe, para las

relaciones con las Cortes), cobrando un sueldo del Estado, para que pueda actuar como

coordinador de la U. C. D. Por cierto, que una pregunta parlamentaria al respecto aún

no ha sido contestada en el Congreso de los Diputados.

La solución que se propone resuelve todos los problemas. Da, en primer lugar, la sensación

de seriedad; se va a jugar con las cartas sobre la mesa, sin trampas ni cartones, y de

modo que cada uno pueda ocupar su verdadero sitio. El ciudadano español vería que las

cosas van en serio y que la Constitución no es un instrumento al servicio de una maniobra,

sino un marco en el cual todos podemos jugar, de buena fe y sin ventajas para nadie.

Por otra parte, después del empacho de politización de las cuestiones administrativas, se

podría poner en orden la casa sin que los presupuestos y las subvenciones estuviesen a

ratos parados y a ratos volcados, en función de argumentos electorales. Unos meses de

sobria administración pública, con criterios objetivos, vendrían muy bien para poner

las cosas en orden. El Gobierno salido de las elecciones tendría así también mayores

posibilidades de iniciar una gestión sin excesivos compromisos.

Por encima de todo, el arranque de las nuevas instituciones se produciría en las mejores

condiciones posibles. Nadie podría reprochar nada, y ello es capital en un país como

España, donde tantas veces hemos arrancado ya en falso, precisamente por errores iniciales

de este tipo. Desde el título mismo del presente artículo he querido destacar la importancia

de que la Corona, como institución, salga fortalecida de este importante momento. Todos

recordamos la célebre frase de un cardenal a los políticos italianos, de que una cosa es

servir a la Iglesia y otra servirse de la Iglesia. De todas las instituciones políticas, la

Corona es la única que ha de estar por encima de la lucha política. Lo que justifica una

Jefatura del Estado no electiva es justamente el ponerla al margen de la lucha partidista.

Por eso no puede haber un partido monárquico, ni un partido de la Corona. Y esto tiene que

quedar claro desde el primer momento.

Nos esperan unos años muy duros. Nos ha tocado vivir no sólo una gran crisis económica

mundial, sino una serie de cambios trascendentales en la vida de la Iglesia, de la cultura

occidental, de las relaciones de poder en el mundo. La nave del Estado español va a navegar

por mares difíciles, por lo menos durante tres o cuatro años más. Hace falta que las cosas

estén todas muy claras y muy sólidas para que la navegación lleve a buen puerto.

Por eso la entrada en vigor de la Constitución y las primeras elecciones generales son

decisivas para la Corona, para la Constitución y para España. Todos tenemos la obligación

de contribuir a ese éxito con las renuncias necesarias. Es obvio que lo propuesto no favorece

ni perjudica a nadie: crea simplemente la razonable igualdad de oportunidades que dé validez

y credibilidad a la decisión de las urnas.

Este es el camino y no el de pedirle al Gobierno estas u otras concesiones para aquel o

este partido. Es al pueblo español al que todos tenemos que servir, en una competencia pública

de programas y de hombres, con luz y taquígrafos.

Si, por el contrario, se pretende hacer del 15 de junio de 1977 la fecha definitiva y

consolidar lo que no pueden ser más que unos resultados provisionales, se pone en peligro de

abortar la nueva experiencia constitucional. La cuestión es tan seria que según lo que se decida

todos habremos de considerar cuál es la actitud más correcta al servicio de la Corona y de España.

Manuel FRAGA IRIBARNE 

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