Oficial: El Tribunal Supremo no es competente. 
 Suárez deberá decidir sobre los comunistas     
 
 Diario 16.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Oficial: El Tribunal Supremo no es competente

Suárez deberá decidir sobre los comunistas

MADRID, 2 (D16). El Gobierno Suárez se equivocó al enviar al poder judicial los expedientes de

legalización de los Partidos Comunistas y ahora deberá adoptar una decisión "política" sobre el tema,

según confirmó hoy el Tribunal Supremo.

Con una sentencia de ocho folios y medio, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se declaró esta mañana

oficialmente incompetente para decidir la legalización del Partido Comunista de España, al tiempo que

devuelve al Gobierno su expediente para que éste decida.

Aunque la sentencia, entregada a las once y cinco de la mañana en el Palacio de Justicia al procurador

representante del PCE, sólo habla de este partido, se entiende que sus argumentos son aplicables también

al Partido Carlista y a los demás partidos a la izquierda del comunista, cuyos casos estaban también en

manos del Supremo.

La Sala Cuarta del más alto Tribunal, que ha presidido para este caso el magistrado Enrique Medina

Balmaseda, no se pronuncia sobre el fondo del asunto (la presunta ilicitud penal del partido de Santiago

Carrillo) y confirma con argumentos jurídicos que el Gobierno se ha equivocado al mandarle el

expediente.

El fallo del Supremo anula el acto del Ministerio de la Gobernación del 22 de febrero, que ordena la

remisión del expediente administrativo del PCE al tribunal y acuerda su devolución a dicho Ministerio,

"sin perjuicio de las acciones que para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración

Pública a ella le competan".

Reparos de ilegalidad

La sentencia recalca que la inscripción de una asociación política es siempre una típica actuación del

Poder Ejecutivo o de la Administración y no de la Justicia. Apoya el Supremo esta afirmación en el

artículo 40 de la ley Orgánica del Estado; afirma que le corresponde al Ejecutivo con "integridad y

exclusividad", y que la Justicia "no puede compartir, participar suplir ni aun cumplimentar a la

Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas".

La Sala IV se refiere también a "los graves reparos de ilegalidad opinables al real decreto de 9 de febrero

último dictado para regular el procedimiento ante esta Sala.

En otro considerando, la sentencia afirma que la Sala IV (de lo contencioso administrativo) no puede

enjuiciar la ilicitud penal presumida por el Gobierno al enviar el expediente del PCE a los tribunales.

"Nunca podría esta Sala - dice textualmente la sentencia - definir o confirmar con trascendencia judicial la

existencia, ni aún indiciaría de ilicitud penal; y si se arguye que se trata solamente de una presunción al

artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, obligará a la investigación sumarial adecuada, ya que

todo delito o la presunción de su comisión determina su persecución en el correspondiente procedimiento

y ante el orden Judicial penal sin que pueda elegirse una vía administrativa para depurar este tipo de

conducta."

Esta presunta ilicitud penal del PCE en todo caso tendrá que dirimirse ante la Jurisdicción penal ordinaria.

Además del Carlista y del Comunista, el Gobierno remitió al TS, bajo sospechas de que pudieran incurrir

en ilicitud penal, a todos los partidos marxistas leninistas, como el Partido del Trabajo de España,

Organización Revolucionaria de Trabajadores y Movimiento Comunista; o trotskistas, como la Liga

Comunista Revolucionaria.

 

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