Autor: Daudet, Elvira. 
   Confirmada oficialmente  :   
 sobre la legalización del P.C.E. La inhibición del Supremo. 
 Pueblo.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

CONFIRMADA OFICIALMENTE

sobre la legalización del P. C. E. la inhibición del Supremo

* En el escrito se critica al Gobierno por haber remitido la solución del problema a la Justicia

MADRID. (PUEBLO, por Elvira DAUDET.) - Esta mañana, ante gran número de periodistas, el

secretario de la Sala IV del Tribunal Supremo, señor Rodríguez, hizo entrega del fallo de la sentencia

sobre el expediente especial número 1 en el registro de Asociaciones Políticas para la legalización del

Partido Comunista de España al procurador de dicho partido, Cristóbal Bonilla.

En la sentencia, que consta de ocho folios y medio, la Sala IV, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto,

anula el acto del Ministerio de la Gobernación, por el que le fue remitido el expediente administrativo

relativo a la inscripción del P. C. E. en el registro de Asociaciones Políticas.

En la sentencia, tras reclamar para si «su soberana y plena jurisdicción para definir y valorar la naturaleza

jurídica del acto decisorio que de ella se impetra y la del procedimiento a través del cual habría de ser

producido», analiza exhaustivamente por medio de enunciados legales la improcedencia a que este

supremo órganos jurisdiccional sea requerido para el ejercicio de una función que se escapa de sus

atribuciones.

Por medio de considerandos, los magistrados de la Sala IV razonan sistemáticamente:

A) Que «por imperativo constitucional» (articulo 40 de la Ley Orgánica del Estado), su ejercicio

corresponde a la Administración.

B) Que le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la

Administración no puede ser despojada por una ley ordinaria en todo ni en parte del ejercicio de sus

atribuciones que constitucionalmente le viene conferida y forman parte de su propia esencia.

C) Que, por consiguiente, la justicia, a su vez, no puede compartir, participar, suplir ni aún

complementar a la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas.

En el sexto considerando afirma la Sala: Que en los expedientes que contempla el real decreto - ley de 8

de febrero último, incoados en vía inequívocamente administrativa y elevados a la jurisdicción para su

prosecución por decisión unilateral de la Administración, no perviven, como en sus alegaciones reconoce

el abogado del Estado, las características del proceso contencioso - administrativo que estableció la ley

21, de 14 de junio de 1976, tanto por falta de un acto administrativo definitivo como por falta de

impulsión procesal, pues las actuaciones, desde la presentación de tal documentación en el Ministerio,

progresan de oficio y aún debemos añadir que progresan sin solución de continuidad ni, por tanto,

mutación de su inicial naturaleza, constituyendo las que encomiendan a la Sala, mera prolongación de la

instancia gubernativa.

Conservar sus inconfundibles rasgos de procedimiento administrativo y a este tratamiento responde el

contenido literal de los números 2 y 3 del artículo primero de tan mencionado real decreto - ley, cuyo

análisis atento y reflexivo es esencial y decisivo como única norma válidamente invocable, dados -

además de su evidente inoperatividad para modificar sustancialmente la naturaleza de una actuación

administrativa definida por disposición con rango de ley -, los graves reparos de ilegalidad oponibles al

real decreto del día 9 de febrero último, dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue

no solamente con infracción del apartado i), artículo 10. de la ley Constitutiva de las Cortes, dada la total

ausencia de bases delimitadoras de la regulación del proceso, sino también sin que mediara autorización

expresa del real decreto - ley, de 8 de febrero para tal regulación.

No puede reconocerse este carácter a su artículo quinto, concesivo si de una autorización al Gobierno para

un desarrollo reglamentario, pero insuficiente a constituir habilitación idónea para dictar normas de

derecho procesal.

* ILICITUD PENAL

En torno a las implicaciones, jurídico - penales, la Sala IV del Tribunal Supremo hace un examen de las

mismas y observa que tanto de los escritos del Ministerio de la Gobernación como de la representación de

los promotores del Partido Comunista de España, se está contemplando la inclusión o exclusión de esta

asociación política en algún tipo penal del Código Sustantivo, y cita los artículos 172, 173 y 174 del

Código Penal, en relación con la ley de 19 de julio de 1976. modificadora de dichos preceptos penales,

recogiendo, a su vez, en dichos escritos la jurisprudencia de la Sala II del mismo Tribunal en las

abundantes sentencias mencionadas en el informe del Ministerio, demostrativo todo de hallarse en

contemplación de una ilicitud penal que el mismo informe proclama.

Asimismo señala la Sala IV que esta ilicitud penal, presumida por la Administración, exc1uye

forzosamente de la jurisdicción de esta Sala de lo Contencioso - Administrativo el enjuiciamiento del

tema a ella sometido, por expresa disposición del artículo segundo de la ley de 27 de diciembre de 1956,

ya que las cuestiones de índole penal, entre otras, no deben ser decididas por esta jurisdicción: mejor

dicho, por este orden judicial, ni aun en el concepto de prejudiciales, según el apartado a) del precepto

legal invocado, sin que a ello pueda oponerse el contenido del artículo tercero, porque la ley que en dicho

apartado determina que atribuyera el conocimiento a esta jurisdicción, no podría estar en contradicción

con el segundo antes citado, v tampoco con el cuarto de la propia ley, que para cuestiones prejudiciales

remita competente a esta jurisdicción salvo si se trata de una perjudicialidad de carácter penal,

declaración que pone evidentemente de relieve la improcedencia de someter a esta vía contenciosa el

conocimiento y decisión del tema remitido.

 

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