Sentencia del Supremo. 
 La Sala Cuarta devuelve la papeleta al gobierno     
 
 Informaciones.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

SENTENCIA DEL SUPREMO

La Sala Cuarta devuelve la "papeleta" al Gobierno

* A JUICIO DEL TRIBUNAL, LA LEGALIZACIÓN DEL P.C.E. ES UN ACTO POLITICO

Y CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN

* EL FALLO NO ENTRA EN EL FONDO DE LA CUESTIÓN: LA PRESUNTA ILICITUD

PENAL

MADRID, 2 (INFORMACIONES)

EL texto integro de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre la legalización del Partido

Comunista, hecha pública esta mañana, dice así:

«En la Villa de Madrid, a uno de abril de mil novecientos setenta y siete.

Visto por la Sala el expediente especial número uno sobre Inscripción en el Registro de Asociaciones

Políticas, promovido para la denominada Partido Comunista de España por don Ramón Tamames Gómez,

doña Leonor Pornau Rodríguez, don Federico Melchor Fernández y don José Aurelio Sandoval Morís,

representados en estas actuaciones por el procurador don Cristóbal Bonilla Sánchez, bajo la dirección del

letrado don Marcial Fernández Montes, ambos de los respectivos Ilustres Colegios de Madrid; habiendo

comparecido en representación de la Administración el abogado del Estado.

RESULTANDO: Que con fecha, 24 de febrero pasado, tuvo entrada en esta Sala la documentación

correspondiente a la citada asociación proyectada, remitida por el ministro de la Gobernación, con su

escrito fecha 22 del mismo mes y año, en virtud de acuerdo de suspensión de la inscripción solicitada por

haber deducido dicha autoridad de los antecedentes y fines de la asociación la existencia de razones

bastantes para presumir la concurrencia de ilicitud penal, por vulneración de los artículos 172 y demás

aplicables del Código Penal.

RESULTANDO: Que emplazados los interesados y puesto que les fue de manifiesto la documentación,

comparecieron dentro del plazo legal, representados por el procurador antes dicho, que en su nombre

formuló las alegaciones que tuvo por conveniente, solicitando el recibimiento a prueba y proponiendo la

práctica de documental y testifical

RESULTANDO: Que para el mismo trámite sé dio traslado al abogado del Estado, de las alegaciones

formuladas por la representación de los interesados y se le puso de manifiesto la documentación,

habiendo procedido el representante de la Administración, dentro del plazo legal, a formular las suyas sin

proposición de prueba y oponiéndose a la propuesta por los interesados.

RESULTANDO: Que esta Sala dictó auto el día 15 de marzo siguiente, no recurrido, por el que se

admitió la prueba documental v fue denegada la testifical.

RESULTANDO: Que con fecha 25 de marzo se acordó pasarse las actuaciones al magistrado ponente,

excelentísimo señor don Enrique Medina Balmaseda y se señaló para el fallo del expediente el día 30 de

marzo, con citación de las partes para sentencia.

Visto siendo ponente el magistrado, excelentísimo señor don Enrique Medina Balmaseda.

CONSIDERANDO: Que habiendo hecho uso el Ministerio de la Gobernación en este expediente de la

facultad de remitir a este Alto Tribunal la documentación presentada a los efectos previstos en el artículo

1.º del real decreto-ley número 12 de 8 de febrero de 1977, en función de los supuestos contemplados en

el mismo, la Sala al dictar la resolución procedente en Derecho, reclama para sí su soberana y plena

jurisdicción para definir y valorar, en su aspecto sustantivo, la naturaleza jurídica del acto decisorio qué

de ellas se impetra, y no menos, la del procedimiento a través del cual habría de ser producido. Estas

previas definiciones nos mostrarán si este supremo órgano jurisdiccional está legítimamente requerido

para el ejercicio de una función judicial, así como el modo y eficacia en que en su esfera jurisdiccional

pudieran incidir los preceptos contenidos en el artículo l.º, números 1 y 2 del real decreto-ley,

precedentemente mencionado y determinante de esta actuación

CONSIDERANDO: Que para llegar a estas inexcusables definiciones hemos de partir de la normativa de

más elevado rango de nuestro Ordenamiento Jurídico; Fundamental y Orgánica delimita doras de las

potestades o funciones del Estado, sin olvidar los Códigos de Enjuiciamiento que armónica y

sistemáticamente regulan en concreto el ejercicio de la potestad de juzgar.

CONSIDERANDO: Que a la luz de los principios universalmente aceptados y de nuestra propia

normativa constitucional, la concreta actividad estatal de autorizar la inscripción de un acto, en este caso

la constitución de una asociación política en un registro público, se manifiesta por si misma como típica

actuación del Poder Ejecutivo o de la Administración, según se mire, desde el punto de vista de su

naturaleza de acto político instrumental o accesorio en cuanto es condicionante de una acción

fundamental de Gobierno o se ponga de relieve el régimen jurídico en que el acto se produce. En todo

caso estamos ante un haced concreto y práctico material, si bien jurídicamente condicionado, orientado a

la inmediata obtención de determinados fines del Estado, caracteres que tipifican la función ejecutiva o de

la Administración y que se corresponden con la definición constitucional del articulo 40 de la Ley

Orgánica del Estado cuando dice que la Administración queda constituida por órganos jerárquicamente

ordenados y asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del

interés general.

CONSIDERANDO: Que a diferencia de la Administración, la justicia participa en la realización de

los fines del Estado aplicando su actividad no a la satisfacción de concretas necesidades materiales, aun

de trascendencia jurídica, que constituyen la esencia de los actos de la Administración sino que su misión

es la de restablecer el imperio del Derecho, cuando éste ha sido violado con ocasión de aquellas

actividades de la Administración, o la de declararlas ajustadas a la ley, cuando inmotivadamente hubieron

sido impugnadas. Consecuentemente corresponde constitucionalmente a la función jurisdiccional

(artículo 31 de la Ley Orgánica del Estado), juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los juicios civiles,

penales, contencioso administrativos, laborales y demás (juicios) que establezcan las leyes. Esta

función le es atribuida con las características de exclusiva y excluyente como nos lo anuncian ya los

artículos 2 y 4 de la ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870, nos lo ratifican y

amplían la Declaración General I y las Bases 1.ª números 2 y 4, y 3.ª, números 13, 15 y 16 de la Ley

Orgánica de la Justicia de 28 de noviembre de 1974, preceptos determinativos de los diversos órdenes

judiciales bajo el sistema de "numerus clausus" y definitorio el último de los citados, de la naturaleza

imperativa de las normas sobre extensión y límites de la Jurisdicción. Su ejercicio responde a los

principios de legalidad, rogación y contradicción que en modo alguno inspiran el procedimiento

elegido para el trámite de estas actuaciones

CONSIDERANDO: Que partiendo de las afirmaciones contenidas en el considerando 3.º en relación con

la naturaleza de la actividad estatal referida a la inscripción de una asociación política en el Registro,

quedó definida ésta como típicamente administrativa, en cuanto reúne los enunciados caracteres de

actividad material generadora de efectos jurídicos, orientada a la satisfacción y cumplimiento de

concretos fines del Estado, en este caso el ejercicio de los derechos políticos de los españoles. De ello se

sigue: A) Que por imperativo constitucional (artículo 40 de la ley Orgánica del Estado) su ejercicio

corresponde a la Administración; B) Que le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad,

de tal modo que la Administración no puede ser despojada por una ley ordinaria en todo ni en parte del

ejercicio de sus atribuciones que constitucionalmente le tienen conferidas y forman parte integrante de su

propia esencia; C) Que, por consiguiente, la Justicia, a su vez, no puede compartir, participar, suplir ni

aún cumplimentar a la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas.

CONSIDERANDO: Que en los expedientes que contempla el real decreto-ley de 8 de febrero último,

incoados en vía inequívocamente administrativa y elevados a la jurisdicción para su prosecución por

decisión unilateral de la Administración, no perviven, como en sus alegaciones reconoce el abogado del

Estado, las características del proceso contencloso-adminlstrativo que estableció la ley 21, de 14 de junio

de 1976, tanto por falta de un acto administrativo definitivo como por falta de impulsión procesal, pues

las actuaciones, desde la presentación de la documentación en el Ministerio, progresan de oficio y aún

debemos añadir que progresan sin solución de continuidad ni, por tanto, mutación de su inicial

naturaleza, constituyendo las que se encomiendan a la Sala, mera prolongación de la instancia

gubernativa. Conservan sus inconfundibles rasgos de procedimiento administrativo, y a este tratamiento

responde el contenido literal de los números 2 y 3 del artículo 1.º de tan mencionado real decreto-ley,

cuyo análisis atento y reflexivo es esencial y decisivo como única norma válidamente invocable, dados -

además de su evidente inoperatividad para modificar sustancialmente la naturaleza de una actuación

administrativa definida por disposición con rango de ley - los graves reparos de ilegalidad oponibles

al real decreto de 9 de febrero último dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue

no solamente con infracción del apartado i), artículo 10 de la ley Constitutiva de las Cortes, dada la total

ausencia de bases delimitadoras de la regulación del proceso, sino también sin que mediara autorización

expresa del real decreto-ley de 8 de febrero para tal regulación. No puede reconocerse este carácter a su

articulo 5.° concesivo si da una autorización al Gobierno para un desarrollo reglamentario, pero

insuficiente a constituir habilitación idónea para dictar normas de Derecho procesal.

CONSIDERANDO: Que las implicaciones jurídico-penales que pudieran también derivarse del tema

objeto de estas actuaciones, exigen de la Sala particular examen de ellas, y a este respecto se observa que

tanto de los escritos del Ministerio de la Gobernación como de la representación de los promotores del

Partido Comunista de España, se está contemplando la inclusión o exclusión de esta asociación política en

algún tipo penal del Código sustantivo; baste la cita reiterada en dicho escrito de los artículos 172, 173 y

174 del referido Código en relación con la ley de 19 de julio de 1976, modificadora de dichos preceptos

penales, recogiendo a su vez la jurisprudencia de la Sala Segunda del mismo Tribunal en las abundantes

sentencias mencionadas en el informe del Ministerio, demostrativo todo de hallarse en contemplación de

una ilicitud penal que el mismo informe ´ proclama.

CONSIDERANDO: Que esta ilicitud penal presumida por la Administración remitente, excluye

forzosamente de la jurisdicción de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo el enjuiciamiento del tema

a ella sometido por expresa disposición del artículo 2.° de la ley de 27 de diciembre de 1956, ya que las

cuestiones de índole penal, entre otras, no deben ser decididas por esta jurisdicción, mejor dicho, por este

orden judicial, ni aun en el concepto de prejudiciales, según el apartado a) del precepto legal invocado,

sin que a ello pueda oponerse el contenido del artículo 3.°, porque la ley que en dicho apartado determina

que atribuyera el conocimiento a este jurisdicción, no podría estar en contradicción con el segundo antes

citado y tampoco con el cuatro de la propia ley que para cuestiones prejudiciales reputa competente a esta

jurisdicción, salvo si se trata de una prejudicialidad de carácter penal, declaración que pone

evidentemente de relieve la improcedencia de someter a esta vía contenciosa el conocimiento y decisión

del tema remitido.

CONSIDERANDO: Que contribuye aún más a esta improcedencia la razón de que si según el artículo 1.°

del Código Penal son delitos o faltas las acciones u omisiones voluntarias penadas por la ley, nunca

podría esta Sala en correctos términos jurídico-procesales definir o confirmar con trascendencia judicial la

existencia ni aún indiciaría de una ilicitud penal, y si se arguye que se trate solamente de una presunción,

el mandato del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, obligaría a la investigación sumarial

adecuada, ya que todo delito o la presunción de su comisión determina su persecución en el

correspondiente procedimiento y ante el orden judicial penal, sin que pueda elegirse una vía

administrativa para depurar este tipo de conducta.

CONSIDERANDO: Que por todas estas razones, la falta de jurisdicción, ahora en concreto, de esta Sala

es notoria para la resolución del tema que se propone en el presente expediente, basada como antes se ha

dicho en la ilicitud penal presumida por la Administración, que en todo caso, habría de dirimirse ante la

jurisdicción penal ordinaria en la forma establecida por las leyes.

CONSIDERANDO: Que por cuanto precede, y partiendo do la existencia de aquella declaración

presuntiva, no es adecuado en Derecho el acuerdo de remitir a esta Sala el expediente a que nos estamos

refiriendo.

FALLAMOS: Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar, y declaramos, la falta

de jurisdicción de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el

Registro de Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación de Partido Comunista de

España; debemos anular, y anulamos, el acto del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del

presente año, en el particular extremo del mismo, que ordena la remisión del expediente administrativo a

este Tribunal; acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que

para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella la competan. No ha

lugar a declaración alguna sobre imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y «Colección

Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MAGISTRADOS FIRMANTES

Firman la sentencia, don Enrique Medina Balmaseda, presidente accidental, y los magistrados don

Fernando Vidal Gutiérrez, don José Luis Ponce de León y Belloso, don Manuel Gordillo García y don

Félix Fernández Tejedor.

2 de abril de 1977

 

< Volver