Un hecho sorprendente     
 
 Arriba.    30/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

UN HECHO SORPRENDENTE

ESPAÑA se encontró ayer con una noticia sorprendente: el Tribunal Supremo no dio el «placet» al

nombramiento de don Juan Becerril Antón-Miralles como presidente de la Sala Cuarta encargada, como

se sabe, de resolver los expedientes sobre licitud penal de varios partidos políticos. Calificamos el hecho

como «sorprendente», no sólo porque sea la primera vez que ocurre, sino porque, con la Ley en la mano -

y éste es el único argumento en un Estado de Derecho -, no hubo nada anormal en el nombramiento del

señor Becerril. Si lo hubo, hemos de lamentar que la información facilitada desde el Alto Tribunal nos

haya llegado incompleta, y siempre por vía de rumor.

En cualquier caso, el asunto es trascendente, porque va a dar pie a grandes polémicas, y si de alguna

forma es una clarísima proclamación de la independencia de la Justicia que tenemos que defender como

principio básico de su administración, mucho nos tememos que pueda ser interpretado como una falta de

entendimiento entre dos poderes: el judicial y el ejecutivo.

Hacemos este comentario con algunos textos legales en la mano. El primero es la base 13, número 69, de

la ley de Bases de la Orgánica de la Justicia, que en su desarrollo establece que los presidentes de Sala

serán nombrados por decreto del Gobierno entre magistrados con cinco años de servicios. ¿Hay algo

anormal, con esta norma delante, en el nombramiento? Sinceramente, creemos que no. Siendo así,

pensamos que el pueblo español, sumido hoy en la perplejidad, tiene derecho a saber cuáles han sido los

auténticos argumentos para la denegación del «placet», figura que, por cierto, aunque esté prevista en la

citada ley de Bases, todavía no ha entrado en vigor.

Podría haber, quizá, un intento de aplicación del principio de inamovilidad judicial, pero ésta tampoco se

ha producido, a nuestro juicio. El «Boletín Oficial del Estado», en corrección de errores, especificaba ayer

que el nombramiento se había producido «de acuerdo con la petición del interesado». Otras muchas

circunstancias legales podríamos aducir en abono de nuestras razones para la sorpresa, pero preferimos

esperar una información completa del asunto, de las causas - que no dudamos justificadas -, que movieron

a la denegación, y de todas las circunstancias que lo rodean. Remetimos que esta información se

constituye hoy en derecho de los ciudadanos sorprendidos por la noticia.

Creemos, naturalmente, que este tropiezo no afectará para nada al proceso político español. Las

informaciones de que disponemos indican que los plazos señalados para el fallo continuarán vigentes,

porque existen mecanismos para hacerlos posibles. Pero este es un tema, en cierto modo, ajeno a la razón

de fondo que anima este comentario. Estamos ante un hecho singular, y hace falta clarificarlo en toda su

dimensión. Consideramos que el Ejecutivo se sometió escrupulosamente a los mandatos legales, como

siempre lo hizo y como siempre se hizo en los casos de designación de presidentes de Sala, y creemos

preciso proclamarlo.

El acontecimiento de ayer no puede, evidentemente, ser reducido a la categoría de anécdota. Sin embargo,

quisiéramos, como simples orientadores de la opinión, proclamar desde aquí que la decisión deja muy alta

la medida de independencia de nuestra Justicia - y como tal la defendemos -, pero que, con todo respeto,

no la encontramos justificada. Esperamos, por ello, una mayor concreción del dictamen. Y proclamamos,

de antemano, que no encontramos ninguna vulneración legal en la designación. Es cuanto queremos decir,

hoy por hoy, en espera de una mayor claridad para el comentario.

 

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