Un periodista en la cárcel     
 
 Informaciones.    02/04/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LA sección de «Cartas al director» de nuestro colega, {El Correo de Andalucía»

tiene una nueva dirección moral: la prisión provincial dé Sevilla. Ustedes

conocen la razón: el director del matutino sevillano, don Federico Vallagrán, se

encuentra desde ayer en la cárcel.

No es intención nuestra desorbitar un «caso» que confiamos tenga un fina, rápido

y sensato, ni hacer de la detención y encarcelamiento del director de un

periódico una bandera meramente gremial. Pero el pudor de no hacer noticia

diaria de los profesionales de la noticia —tarea cada día más ardua— no es

suficiente para obviar hoy el comentario obligado sobre el encarcelamiento de un

periodista como responsable, en tanto que director, de lo que su diario publica.

Ni la documentación ni la memoria nos alcanzan a recordar en las últimas décadas

el encarcelamiento del director de un periódico por presuntas responsabilidades

inherentes a su trabajo profesional. Con anterioridad a la ley de Prensa del

ministro Fraga, tal posibilidad no cabía. Una «censura previa», que no pasaba de

ser una continuación de la censura de guerra del 36-39, impedia no ya cualquier

«extralimitación», sino algo tan simple como la «responsabilidad» del director —

y de los redactores, por supuesto— del material informativo ofrecido a la

opinión pública.

Con la «ley Fraga» (la primera y hasta ahora única ley auténticamente

liberalizadora de los últimos años del Régimen), los periodistas, sean

directores, redactores o auxiliares de redacción, asumieron sus propias

responsabilidades. Los lectores de Prensa, sin duda que notaron el cambio. Lo

que acaso no advirtieron fue la «zona batidas en la que los profesionales de la

información entraban a cuerpo limpio en pro y favor de una sociedad mejor

informada y por ello un poco más libre y con mayor capacidad de opción.

A la vista de las últimas noticias que arrojan los teletipos, la Administración

nos permitirá recoger aquí una constatación que traspasa lo gremial: los

periodistas, con todos sus presuntos errores y limitaciones, han hecho más por

la andadura democrática del país que la Administración y... que la Oposición.

Nos atrevemos a decirlo sin rubor, por más que algunos puedan asumir el papel de

escandalizados.

Las necesarias y comunitariamente útilísimas aproximaciones entre el país real y

el país oficial las ha llevado a cabo prioritariamente la Prensa, con toda la

carga de expedientes, suspensiones, secuestros, pérdidas económicas,

comparecencias, procesamientos, interferencias y retenciones, a más de los

riesgos que con sí conlleva torta información conflictíva y que implican desde

el apaleamiento o expulsión de un periodista que cubre una información en Lisboa

hasta la detención y encarcelamiento de) director de un periódico.

Acaso el país lector de periódicos, acaso la Administración, acaso la Judicatura

(aunque sea una jurisdicción especial, cual es el T. O. P.) no han caldo en la

cuenta de que el Derecho consuetudinario —lo que el acontecer real da por

sentado, día a día— tiene aún algún valor. Diriamos hoy que se debería

reflexionar sobre el valor moral que la gran mayoría de los periodistas ponen al

diario sobre el tablero, a despecho de la salvaguarda de sus más inmediatos

intereses.

Meses ha, lo recordará el lector avisado, la protesta periodística se ceñía

esencialmente sobre la vaguedad del segundo artículo de la ley de Prensa e

Imprenta, que a todos los que hacemos periódicos y revistas nos suponía una

eterna «espada de Damocles», cuyo hilo se rompió en no pocas ocasiones. Pero el

encarcelamiento —ni siquiera la simple detención gubernativa— del director de un

periódico aporta una nueva dimensión (preocupante) a la multiplicidad de

jurisdicciones y autoridades que convergen sobre la humilde y servicial labor

del periodista: T. O. P., Jurisdicción ordinaria, Jurisdicción Militar, Tribunal

de Etica Profesional, procedimientos administrativos en función de la «ley de

Prensa e Imprenta» y, a la postre, encarna lo que en estas páginas escribíamos

en junio del año pasado: que «para el director de una publicación, el dilema no

reside ya en acumular un excediente más, sino en ir o no ir a dar con sus huesos

en la cárcel».

Lamentamos con absoluta seriedad haber «dado en el blanco» con la anticipación

de nueve meses. A tiro de aquella fecha ya anunciábamos nuestro temor de que los

directores de periódicos podían acabar en prisión. Ya tenemos uno, y, al margen

de la veracidad o error de las informaciones por él autorizadas, el caso cierto

es que el director de un diario está preso por intentar dar a conocer a sus

lectores lo que él y su redacción estimaban como verdad. Claro que hubo error;

¿Pero hubo delito? Esta es la cuestión, y bienaventurado sea el que lo dilucide.

Pero contar lo que se sabe o lo que se cree saber, en una sociedad adulta, nunca

puede ser ocasión de hacer traspasar las crujías de una cárcel a ningún

periodista, sin el beneficio de la libertad bajo fianza y con el amargo e

incomprensible trago de la detención a domicilio.

Cuando el señor Vinagran, que nosotros sepamos, no parecía dispuesto a huir o

fugarse de sus responsabilidades.

 

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