PRENSA. 
 El Supremo revoca una sanción al diario Madrid     
 
 Informaciones.    03/07/1971.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

PRENSA EL SUPREMO REVOCA UNA SANCIÓN AL DIARIO «MADRID» LA PRENSA NO DEBE SER

ÚNICAMENTE PORTAVOZ DE LA OPINIÓN OFICIAL.

MADRID, 3. (INFORMACIONES.)—El día 30 de enero de 1968, el diario «Madrid»

publicó un artículo bajo el título «La ley del silencio», referente al proyecto

de ley de Secretos Oficiales, que en aquellas fechas había sido enviado por el

Gobierno a las Cortes Españolas. Diez días después, la Dirección General de

Prensa incoó un expediente administrativo al director del periódico por entender

que el citado artículo, por su contexto general y por las frases que a título de

ejemplo citaba, podía Suponer vulneración del artículo 2 de la ley de Prensa e

Imprenta en lo que se refiere al debido respeto a las personas e Instituciones

en la crítica de la acción política y administrativa.

El Ministerio de Información y Turismo, el 27 de abril da 1968, dictó resolución

estimando que el extremo Imputado constituía infracción grave del citado

artículo de la ley de Prensa y acuerda imponer una multa de 50.000 pesetas al

director de «Madrid». Contra dicha resolución, el señor Fontán Interpone recurso

de alzada ante el Consejo de ministros negando la inexistencia de la infracción

sancionada. El 24 de septiembre de 1968, el Consejo de ministros dicta

resolución por la que se acuerda no admitir el recurso de alzada por estimarse

que ha sido formulado fuera de plazo.

Contra dicha resolución, don Antonio Pontán interpone recurso contencioso-

administrativo, y la Sala Tercera del Supremo dicta sentencia el 24 de noviembre

de 1969 ordenando la retroacción del expediente administrativo al momento en que

se declaró la inadmisibilidad del recurso de alzada a fin de que la

Administración se pronunciara sobre el fondo del asunto, ya que el recurso se

interpuso dentro de plazo. El Consejo de ministros dicta de nuevo resolución el

24 de abril de 1970 desestimando el recurso de alzada y confirmando la

resolución recurrida que dictó en su día el Ministerio de Información.

Nuevamente recurre contra la resolución el director de «Madrid», representado

por el abogado señor Desantes Guanter, en súplica de que se dicte sentencia por

la que se declare que la resolución de 24 de abril de 1970 no es conforme a

Derecho, y en consecuencia su anulación y declaración de improcedencia de la

sanción.

Ahora ha pronunciado su fallo la Sala Tercera del Supremo, en el que se estima

totalmente el recurso y declara no ajustada a Derecho, revocando totalmente la

sentencia, la resolución que impuso al director de «Madrid» una milita de 50.000

pesetas.

La interesante sentencia del Supremo considera, entre otros extremos, que al

publicarse el citado artículo periodístico la ley de Secretos Oficiales se

hallaba en la situación de pase a las Cortes. Afirma que en éstas se le

opusieron al proyecto de ley 56 enmiendas, algunas a la totalidad. Cuando el

proyecto se convierte en ley ha sido modificado sustancialmente, y a esas

modificaciones, se considera que fuerón ajenas las campañas de publicidad,

escritas y verbales, desarrolladas en el tiempo de elaboración de la ley y que

configuraron un estado de opinión.

Se considera asimismo que en el artículo periodístico faltaba el sujeto pasivo

determinado como persona física y como institución jurídica y política,

presupuestos ambos ineludibles para la apreciación de la realidad de una crítica

de su acción política y administrativa, ni de manera general podía haberse

deformado la opinión pública al proyectarse el artículo a una mera actividad

prelegislativa. Se considera también que no hubo extralimitación en la libertad

de expresión.

Se afirma en la sentencia que es doctrina de la Sala Tercera que «es un signo de

mejor salud política en el país que la sociedad esté incorporada a la. cosa

pública, que no es lo mismo que el marasmo de las ideas». La exposición y

crítica discrepantes, añade, no producen quebranto al régimen cuando se

manifiestan en forma ordenada y responsable con fines constructivos para la

comunidad, puesto que «el medio de comunicación social que supone la Prensa no

debe quedar reducido a ser únicamente portavoz de la opinión oficial».

La citada sentencia de la Sala Tercera de nuestro Alto Tribunal ha sido amplia y

favorablemente comentada en los medios informativos del país, ya que sienta una

jurisprudencia del más alto interés para la Prensa.

3 de julio de 1971

 

< Volver