Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   La Monarquía, símbolo     
 
 ABC.    22/12/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA MONARQUIA, SIMBOLO

LA historia institucional de España registra numerosos tipos de monarquía, desde la

electiva a la hereditaria, y desde la teocrática a la parlamentaria, pasando por la

limitada, la tradicional y la absoluta. ¿Qué modelo es el configurado por el borrador

de Constitución que recientemente se ha hecho público? Si aceptamos la definición

auténtica del artículo 45, es una monarquía arbitral, moderadora y tutelar. Pero si,

calando bajo tan ambiguos epítetos, analizamos los efectivos poderes del Rey, no es

difícil averiguar que se trata de una monarquía simbólica y moral.

1.º Según el artículo 52, el Rey no elige ni al presidente del Gobierno ni a los

ministros. Aquél es designado por el Congreso, y a éstos los propone el presidente.

El monarca se limita a poner preceptivamente su firma sobre el decreto que se le

presenta y no puede negarse a hacerlo. La intervención regia es de trámite. En el

pasado había sido diferente: el apartado 9 del artículo 54 de la Constitución de

1876 facultaba al Rey para «nombrar y separar libremente a los ministros».

2.º Tampoco el Rey ejerce función legislativa alguna. Las normas jurídicas, según

su rango, serán elaboradas por las Cortes o por el Gobierno, y ambas instancias se

configuran de modo enteramente ajeno a la voluntad real. El monarca está constreñido

a suscribir los textos que le elevan los legisladores, y no puede negarse a hacerlo.

La citada Constitución de 1876 otorgaba al Rey la iniciativa de las leyes (art. 41)

y la facultad de devolver un proyecto a las Cortes (art. 44).

3.º Tampoco el Rey puede convocar o disolver libremente las cámaras. La convocatoria

de las dos sesiones anuales viene dictada por la propia Constitución (art. 64), y la

disolución vendrá automáticamente impuesta en el caso de incapacidad de la cámara para

elegir presidente del Gobierno (art. 85), o por iniciativa del jefe del Gabinete, y

previa consulta con los presidentes del Congreso y del Senado (art. 92). En este último

supuesto, la ambigüedad del borrador no descarta totalmente la duda de si el Rey «podrá»

oponerse a tramitar la petición de disolución; pero por analogía con el estatuto de la

Corona en general, entiendo que no puede. El artículo 32 de la Constitución de 1876

autorizaba al Rey para convocar, suspender y disolver las Cortes.

4.º Tampoco el Rey está legitimado para convocar elecciones libremente, puesto que

habrá de hacerlo entre los treinta y los cincuenta días después de la disolución de la

Cámara correspondiente.

5.º Tampoco el Rey puede convocar referéndum, sino que preceptivamente habrá de hacerlo

a requerimiento del Gobierno, de cualquiera de las dos Cámaras o de medio millón de

electores, sin que tenga la posibilidad legal de negar su sanción (art. 84).

6.º Tampoco el Rey juzga, puesto que la Justicia la administran magistrados

independientes e inamovibles (art. 103) y a ninguno de los miembros del Consejo General

del Poder Judicial los designa libremente el monarca. Está pendiente de concreción el

derecho de gracia, que probablemente también estará condicionado.

En suma, el Rey ni gobierna, ni legisla, ni juzga, ni disuelve las Cámaras, ni convoca

el referéndum. Sus potestades son más bien administrativas: nombra el personal de su

Casa y asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas, si bien sólo podrá declarar la

guerra o concluir la paz por un mandato de las Cortes. Este es el contenido efectivo

de la función arbitral, moderadora y tutelar que el borrador constitucional atribuye

a la Corona.

La Monarquía queda así, como en algún país nórdico, reducida a ser el símbolo de la

unidad nacional y de la continuidad del Estado, y a la titularidad de una autoridad

moral. Este esquema se parece más a lo que Eugenio Vegas llamó la «república coronada»

que a lo que Mauricio Duverger denomina la «monarquía republicana», o sea, los

presidencialismos, como el norteamericano, el francés y tantos otros, en que al

supremo magistrado corresponde la función ejecutiva.

Es evidente que cuanto menos poder, menos uso, y que una monarquía simbólica implica

el mínimo riesgo de desgaste. Este es el aspecto positivo de la conversión de la

Corona en lo que Vázquez de Mella denominaba «el augusto cero». Entiendo que, incluso

así, la monarquía no es una institución inútil, y que puede mantenerse si hay un

consenso general de los partidos.

Pero cuando el Rey carece de poderes se impone asegurar de algún modo la estabilidad

y la fortaleza del Gobierno. Por eso resulta extraordinariamente inadecuado que el

borrador constitucional estructure una monarquía simbólica y, al mismo tiempo, un

parlamentarismo casi puro para el Estado y para las regiones autónomas,

parlamentarismo en el cual unas Cortes pluripartidistas y de minorías como las

españolas, disponen del cauce legal para reemplazar, casi constantemente, al

presidente del Gobierno. La conjunción de ambas fórmulas —simbolismo regio y

parlamentarismo— me parece una invitación al déficit de autoridad, es decir, un

error grave y una imperdonable amnesia histórica, porque la inestabilidad gubernamental

fue el peor enemigo de nuestro pueblo durante los liquidadores años de la II República.

Es cierto que la tendencia constitucional de las monarquías occidentales se dirige

hacia el mero simbolismo político; pero no es menos exacto que allí donde haya

movimientos autonómicos, ideologías contrapuestas y pluralidad de partidos minoritarios,

procederá un ejecutivo presidencialista para no caer en el desgobierno, ese lujo que

sólo pueden permitirse las naciones opulentas. Supuesta la vigente democracia inorgánica,

una monarquía simbólica con parlamentarismo puro me parece escasamente viable en las

actuales circunstancias españolas; pero esa monarquía con un Gobierno presidencialista

tendría más posibilidades de evitar el vacío de poder y la crisis de la unidad nacional.

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA 

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