Enorme retraso en los trabajos debido a la conflictividad esistente. 
 Un 30% del congreso no votará a favor de Carrillo si éste mantiene su modelo de partido     
 
 El País.    30/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

X Congreso del Partido Comunista de España

RAÚL CANDO

A la izquierda, Roberto Lertxundi plantea al congreso sus quejas por el trato que están recibiendo los

renovadores —al que no le guste el partido, puede marcharse—. A la derecha. Santiago Carrillo medita en

la mesa presidencial.

Enorme retraso en los trabajos debido a la conflictividad existente

Un 30% del congreso no votará a favor de Carrillo si éste mantiene su modelo de partido

Alrededor de un 30% de los delegados al X Congreso del PCE podría abstenerse o votar en contra del

informe de gestión de Santiago Carrillo, caso de que éste no asuma hoy algunas de las críticas planteadas

por el sector renovador, que ha anunciado la abstención. El informe se debatió ayer, pero la votación se

efectuará hoy, y su resultado es decisivo para conocer la relación de fuerzas y las posibilidades —

aparentemente muy escasas— de llegar a un pacto entre las tendencias de cara al Comité Central.

Los delegados que intervinieron ayer en el debate sobre el informe de Carrillo reflejaron públicamente,

con absoluta transparencia, el grado de tensión a que se ha llegado. Los oficialistas mantienen dos tipos

de posiciones: una cerrada defensa de la unidad del partido, que consideran amenazada por las tendencias

o fracciones y una convergencia táctica con Carrillo como mal menor, respecto a otros problemas, que es

el caso concreto del PSUC. Este sector, representado por su secretario general, Francesc Frutos, prefiere

apoyarse en Carrillo para defenderse mejor del ala dura de su organización, y no tiene entusiasmo alguno

por la posibilidad de que una legalización de tendencias permita instalarse a los prosoviéticos en bases

estables.

Por su parte, renovadores y federalistas critican con dureza no sólo al secretario general, sino a los

sectores que le siguen y que parecen dispuestos a «luchar más contra el interior» que contra los

adversarios políticos del partido, como pusieron ayer de manifiesto algunos de sus portavoces. El

mecanismo existente en el PCE para la expresión de las minorías les ha permitido plantear claramente sus

posiciones, pero el sector mayoritario desea cortar toda posibilidad de progreso de su tendencia política, y

ello va a reflejarse especialmente en la composición de los nuevos órganos de dirección, para los cuales

no se había abierto ayer negociación alguna, al menos hasta el cierre de esta edición.

El informe de gestión presentado por Santiago Carrillo al congreso podría recibir el voto favorable de un

70% de los delegados, el voto en contra de un 5% y alrededor de un 25% de abstenciones. Estas últimas

constituyen el dato más significativo, puesto que, además de corresponder al sector contestatario más

amplio —renovadores y federalistas—, suponen un incremento considerable de la disidencia respecto al

congreso anterior.

Esta situación se debe, fundamentalmente, a las divergencias entre los diversos sectores sobre la

organización y funcionamiento de su propio partido, puesto que en política exterior y en buena parte de

los temas de política nacional hay un acuerdo mucho más amplio. Bien es verdad que los problemas

internos absorben tanto a los delegados que apenas se ha profundizado en el debate de las posiciones del

PCE sobre la situación política.

Divergencia sobre el partido

Según uno de sus más cualificados portavoces, Jaime Ballesteros, el sector oficialista concibe un partido

en el que no pueden dedicarse todos los esfuerzos al trabajo institucional y a la política por arriba, sino

«recuperar el trabajo político directo sobre el tejido social» y hacer verdad que el PCE «es también un

partido de combate».

El partido que conciben los oficialistas es favorable a las autonomías a nivel del Estado, «pero eso no

implica la federalización del PCE» —porque la clase obrera es única, y por tanto no se puede debilitar al

partido con reflejos mecánicos de las autonomías a nivel estatal—. A su vez, la institucionalización de

corrientes o tendencias «sería un retroceso a las viejas fórmulas socialdemócratas», y supondría el

agrupamiento según unas u otras plataformas o líderes. Frente a esta concepción, renovadores y

federalistas comparten la idea de que el PCE no debe dedicarse sólo a trabajar en las instituciones, pero

precisamente acusan a la actual dirección de ser la culpable de la desmovilización, y consideran que llega

tarde la rectificación, cuando se han marchado 60.000 militantes. Asimismo defienden la federalización y

las corrientes de opinión para legalizar lo que de hecho existe, esto es, que no puede sostenerse un modelo

de partido en que el trabajo político ha de hacerse en forma absolutamente «vertical» —de comités y

asambleas inferiores a superiores, y viceversa.

No obstante, los renovadores niegan que su intento sea el de legalizar las fracciones o romper el partido

en tendencias organizadas; acusan a Carrillo de haber llevado el debate a ese terreno, sabedor de que así

pone de su lado a un sector de militantes que no ha participado en esta batalla y tiene miedo a la

confusión; y afirman que estarían dispuestos a retirar cualquier término equívoco, siempre que se

garanticen los derechos de expresión de los militantes y no puedan producirse sanciones por ello. Así, se

entró en el debate de comisiones.

Cinco horas de forcejeo

La primera de estas comisiones, la de candidaturas, tiene vital importancia para el futuro del partido, ya

que sus miembros proponen a los candidatos del nuevo Comité Central, órgano este que, a su vez,

determina quienes van a ser los centros de decisión del PCE, tales como el comité ejecutivo, el

secretariado, el director de Mundo Obrero, el de la revista Nuestra. Bandera, el secretario general y el

presidente del partido. Un dato revelador del poder de esta comisión lo constituye el hecho de que es la

única que tiene vetado el acceso de los medios informativos.

Por su parte, la comisión de estatutos tan solo había debatido en sus cinco primeras horas de trabajo

cuatro artículos de los 52 que tiene el proyecto. El retraso fue debido a que de los 24 miembros que

integran, en representación de Madrid, la comisión de Estatutos, tan sólo siete pertenecen al sector

renovador, lo que provocó la indignación de sus portavoces, ya que consideraban que el voto mayoritario

de la conferencia de Madrid no estaba representado, aun en contra de las propias normas del reglamento

interno. Los renovadores se acogieron precisamente a estas normas, una de las cuales dice que «la

distribución se hará reflejando las votaciones de las correspondientes conferencias o congresos sobre las

cuestiones esenciales de cada tesis y de los estatutos», para exigir una mayor representación.

Tras mucho forcejeo, se llegó finalmente a un pacto entre caballeros, según el cual se les aseguraba la

posibilidad de defender en el pleno previsto para hoy sus posiciones mayoritarias. Para poder lograrlo se

acordó el compromiso por parte de los oficialistas de votar las propuestas de los renovadores en número

suficiente para que éstos alcanzaran una representación de un cuarto del total de la comisión.

 

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