Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
 La reforma nacional (II). 
 Los caminos para la reforma     
 
 Blanco y Negro.    20/01/1973.  Página: 22-23. Páginas: 2. Párrafos: 18. 

TRIBUNA POLÍTICA

En el número anterior iniciamos esta nueva sección, "Tribuna política", en la que personalidades

especializadas expondrán el fruto de sus experiencias y reflexiones políticas. Don José María de Areilza,

primero en ocupar esta tribuna, analizó en el citado número la significación del Estado moderno, los

conceptos de monólogo y unidad y las diferencias entre crítica y hostilidad. Esta semana, en el segundo

de sus artículos, estudia los instrumentos con los que, a su juicio, pudiera hacerse la reforma del Estado y

en qué fundamentos legales cabe apoyarla. En nuestro próximo número, Areilza expondrá los temas

fundamentales de la reforma que propone extendida a los sectores más importantes de la comunidad

nacional en el orden interior.

LA REFORMA NACIONAL (II)

LOS CAMINOS PARA LA REFORMA

No soy jurisconsulto, ni mucho menos experto en derecho constitucional. Por otra parte, estas líneas no

están destinadas a una revista especializada sino a un semanario de lectura difundida. Los criterios que

expongo a continuación no pretenden el rango del especialismo institucional, sino llegar al ámbito

extenso del lector que se interesa por la política de su país. La política de cara al pueblo necesita,

obligadamente, vulgarizar, sino aligerar el grave rigor de los dictámenes académicos, oreando con el aire

libre de las opiniones fácilmente inteligibles la, muy frecuentemente, críptica explicación de los textos

supremos. ¡A puerta cerrada, palabra abierta! diríamos, inventando un proverbio. Veamos, pues, con qué

instrumentos hay que hacer la gran reforma del Estado y en qué fundamentos legales cabe apoyarla.

Nuestra ordenación institucional se halla refundida en el Decreto del 20 de abril de 1967. Consta, por

orden cronológico de promulgación, del Fuero del Trabajo (marzo del 38), modificado por la Ley

Orgánica; de la Ley constitutiva de las Cortes (julio del 42), modificada por la Ley Orgánica; del Fuero de

los Españoles (julio del 45), modificado por la Ley Orgánica; de la Ley de Referéndum nacional (octubre

del 45); de la Ley de Sucesión (julio del 47); de la Ley de Principios del Movimiento Nacional (mayo del

58); de la Ley Orgánica del Estado (enero del 67).

Lo que prevén las leyes fundamentales

El ordenamiento constitucional ha sido, en su elaboración, lento —veintinueve años— y aparentemente

discontinuo o inconexo como motivado por consideraciones pragmáticas. Sus fechas de promulgación:

1938, 1942, 1945, 1947, 1958 y 1967, indican una cierta correlación con acontecimientos exteriores que

afectaban a la política nacional. Mas quede ese interesante aspecto para la tarea de los historiadores.

Iremos al fondo de la cuestión. Las leyes fundamentales prevén y disponen el desarrollo de una serie de

temas que, por su rango, no admiten evasión ni indiferencia. Sin carácter exhaustivo y solamente a título

de indicación voy a señalar a continuación algunos de ellos.

En los artículos XII y XVI del Fuero de los Españoles se reconoce el derecho a la libertad de expresión,

asociación y reunión. La reglamentación actualizada que garantice esos derechos apenas ha sido objeto de

la atención del legislador. Es de común aplicación a ese menester la orden circular de la Subsecretaría del

Interior, de julio de 1939, y la orden ministerial de Gobernación de abril del año 40. ¿Se puede pensar

seriamente que dos órdenes gubernativas de los años 39 y 40, en plena e inmediata posguerra, sean de

adecuada aplicación a la España del 73, treinta años más tarde?

Abramos la Ley Orgánica y no más lejos que en el artículo 4.° se nos habla ya de la ordenada

concurrencia de criterios que promueve la vida política de la nación. Más lejos, en el artículo 21, apartado

e), vuelve a emplear la misma locución para referirse al encauzamiento del contraste de pareceres para la

acción política. Y yo pregunto ingenuamente ¿dónde pueden concurrir esos criterios y encauzarse esos

pareceres? ¿Entre los cien vocales del Consejo Nacional que se reúne casi siempre a puerta cerrada? ¿O

entre los 33 millones dé españoles? Y ¿cómo podrán ordenarse y encauzarse esos criterios y pareceres si

no se pueden manifestar antes? Criterio es, literalmente, una norma para conocer la verdad. Pero ¿qué

verdad se puede lograr si no funcionan las normas para buscarla?

En el principio VIII se alude específicamente a «las demás entidades con representación orgánica» que

sirven para que el pueblo sea representado a través de ellas. Este precepto se reitera en varias ocasiones a

lo largo de los textos constitucionales. Desde su promulgación —1958— hasta hoy, han transcurrido

catorce años. ¿No hubo tiempo de definir, reglamentar y poner en marcha esas entidades representativas a

que alude tan reiteradamente la Ley? ¿Por qué ése lapso tan significativo?

El Fuero de los Españoles habla en su artículo 17 de la «seguridad jurídica» a que tienen derecho los

españoles. ¿Qué se ha hecho para establecer y garantizar esa seguridad jurídica? Esta declaración data de

1945.

Claridad y precisión para, hacer funcionar el sistema

La Ley de Administración Local, que ahora se anuncia, ha sufrido un retraso de cuatro años desde que se

anunció su inmediata presentación en 1968. ¿Por_ qué este retardo? ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta

lentitud inexplicable? ¿Hasta, dónde se han colapsado, de hecho, la vida municipal y provincial faltas de

una ordenación que satisfaga las necesidades de los municipios, comarcas y regiones? ¿Qué impide

apoyar todo o parte de las representaciones municipales y provinciales futuras en el sufragio libre, directo

y secreto de los ciudadanos?

La Ley de Prensa, a pesar de la ambigüedad de su artículo 2.° —que debe ser aclarado y reglamentado—

es un instrumento que propendía a crear en España un clima de opinión y de opiniones diversas, dentro de

una libertad reglada. ¿Dónde dice la Ley que pueda emplearse como vehículo gubernativo para silenciar y

unanimizar? A mi juicio, en ninguna parte.

En el artículo II de la Ley Orgánica se dice que el sistema responde a «los principios dé unidad de poder y

coordinación de funciones». Esta formulación es sumamente delicada y corre el riesgo de interpretarse

contradictoriamente. Un ejemplo: Las Cortes con su composición y su reglamento. Cuanto más claridad y

precisión se utilice en despejar los equívocos que suscita, más equilibradamente funcionará el sistema,

pues su entero mecanismo se basa en esos principios y en su correlación autonómica.

Otro aspecto, no menos importante: Cualquier lector medianamente avisado —de izquierda o de

derecha— que lea ciertos artículos —25 al 30 por ejemplo— del Fuero del Trabajo o Principios X y XI,

quedará sorprendido por el lenguaje que allí se aplica a la problemática económico - social, inspirado en

consideraciones del más puro paternalismo. Este arcaísmo semántico ¿debe subsistir en un Estado con

tanto acento social y sindical como el nuestro? ¿No es esa filosofía algo enteramente superado por el

propio lenguaje del Estado actual consciente de la evolución de la sociedad?

Ancho campo de retoques en el armazón institucional

Y ¿qué decir de Principios enteros como el II, o el artículo 6.° del Fuero de los Españoles relativos a la

confesionalidad del Estado, a los que la evolución histórica y sociológica del mundo y el Concilio

Vaticano II han anulado quitándoles contenido y realidad? ¿No sería preciso actualizar esos anacronismos

si se quiere tener una Constitución viva al servicio del país real? Nuestra Constitución es abierta y flexible

ha dicho en más de una ocasión el Jefe del Estado. Y en efecto existe el cauce para modificar o derogar

aquello que en el ordenamiento fundamental pudiera ser lesivo o contrario al interés nacional. Así lo dice

claramente el artículo 10 de la Ley dé Sucesión, cuando requiere para ello además del acuerdo de las

Cortes —a quienes corresponde conocer de la ordenación político-jurídica del Estado— el referéndum de

la nación.

Este manojo de pequeños ejemplos ilustrativos no trata sino de mostrar el ancho campo de retoques que

en el armazón institucional vigente, cabe intentar, para hacer viable la gran reforma nacional que

propugnamos. Desarrollar; aclarar; interpretar; en una primera fase. Remodelar y adecuar todo aquello

susceptible de -ser mejorado por la vía legal que sea necesario para el logro de un Estado nacional que

cobije holgadamente a todos, en una segunda fase. Dentro de él cabrá el dinamismo entero de la sociedad

con sus aspiraciones, sus deseos, sus exigencias, sus corrientes de opinión, sus «criterios» y sus

«pareceres», expuestos con libertad.

En el próximo artículo trataré de exponer los temas fundamentales de la reforma nacional extendida a los

sectores más importantes dé la comunidad nacional en el orden interior.

José María DE AREILZA

 

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