Autor: Arauz de Robles, Santiago. 
   Estabilidad del Gobierno y estabilidad de la Administración     
 
 Informaciones.    07/02/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Estabilidad del Gobierno y estabilidad de la Administración

Por Santiago ARAUZ DE ROBLES

Durante siete lustros, los Gobiernos han tenido en España una rítmica estabilidad.

Han dependido, exclusivamente, de una instancia nacional indiscutible, la Jefatura del Estado, que ha procurado reflejar en ellos, y obtener a través de ellos, un compromiso nacional de los distintos sectores de opinión, formalmente inexistentes. La estabilidad de tales Gobiernos ha sido antepuesta incluso, en una opción tan válida como otras posibles, al acierto concreto en su gestión.

El caudillaje es una forma de Estado excepcional en una sociedad culturalmente desarrollada. De ahí que el país se vea constreñido a ir ideando su futuro en ciertos aspectos hasta ahora apoyados únicamente en esa situación excepcional: así ocurre con la estabilidad de los Gobiernos. La ley Orgánica del Estado institucionaliza la permanencia del presidente del Gobierno: su mandato, según el artículo 14, epígrafe II, será de cinco años. Ocurre, sin embargo, que las instituciones para tener una virtualidad positiva, para ser auténticamente creativas, necesitan un amplio respaldo popular. De ahí que, a mi juicio con gran acierto, el presidente Arias haya calificado la etapa histórica que ahora se abre, necesariamente institucionalista, como el tránsito de la «adhesión» a la «participación».

Para que los Gobiernos sean real, y no sólo formalmente estables, van a necesitar en el futuro un permanente aliento del pueblo; lo que exige, como presupuesto, una urgente y radical depuración y autenticación de las vías participativas de todo orden, directas.fi indirectas, sin mimesis forzadas, pero también sin resabios epidérmicos. En este campo, como en todos, lo difícil es hallcr el punto de equilibrio: entre la propia idiosincrasia y las corrientes históricas, con las experiencias ajenas. En política, ciertamente, no existen fórmulas universales e imperecederas: la prudencia política, diariamente ejercida y puesta a prueba, con capacidad de invención, es condición «sine qua nom» de la eficacia.

De hecho, la situación actual tiene a´rjo de paradójica. La falta de transparencia —el esfuerzo del presidente Arias no hace sino desbrozar el porvenir en esta materia— sobre las corrientes de opinión del país y la inexistencia de una proporcionalidad real entre su importancia y su peso en la vida pública, privan de la posibilidad de apoyo popular directo al Gobierno. Existen, por el contrario, .distorsiones en

el sistema que hacen aparecer como portavoces de la opinión pública a grupúsculos minoritarios, en ocasiones carentes de mensaje y soluciones para el porvenir. De otra parte, la desvinculación de la Presidencia del Gobierno respecto de la Jefatura del Estado somete a aquélla al contraste diario del acierto en su gestión. No sólo por simpatía hacia el empeño abierto del actual presidente, que tampoco oculto, afirmo que difícilmente un equipo puede desenvolverse más a cuerpo descubierto, con más carga de responsabilidad no compartida. Esta situación, de alguna forma sacrificial, no puede prolongarse.

Evidentemente, no se trata de caer en el juego parlamentario, pero existen otras fórmulas, una baraja de posibilidades de participación a las que necesariamente debe estarse atento al ritmo que marque la evolución de las circunstancias.

En cualquier caso, existe un tema en cierto modo conexo con el anterior, pero que merece ser objeto de trato diferenciado. Me refiero a la necesaria estabilidad de los órganos administrativos de gestión, para evitar los riesgos en cadena de una excesiva movilidad política que, sin ser deseable, se anuncia como posible. En los últimos meses, los Gobiernos han perdido el carisma de la inamovilidad. Tal vez, aun contando con aliento colectivo, por la falta de vertebración de ese asenso general, como antes se indica (así como el parlamentarismo no es bueno, la falta de «puntos de referencia» no es mejor, como vemos, y puede desembocar en los mismos efectos). Incluso recientemente han circulado esas «listas» que mantienen en juego permanente la esperanza de los candidatos políticos. El hocho ha tenido una secuela que puede ocasionar insólitas derivaciones si se eleva a la categoría de precedente de comportamientos futuros: hablo de la casi masiva remoción de órganos administrativos. Durante casi seis meses de 1974, y en unas circunstancias materiales difíciles que exigen concentración y continuidad de esfuerzos, la Administración ha gravitado, en medida importante, en torno a las tomas de posesión y posición de nuevos cargos a todos los niveles prácticamente.

Cabe entender que el caos que se posesionó de la vida pública española en los últimos tiempos de la Monarquía y durante la República se habría paliado en gran medida si lo que vulgarmente se entiende por Administración —es decir, desde directores generales incluso, en sentido descendente— no hubiera seguido los avatares de la política en forma inmediata. Y si ya entonces era imprescindible la «continuidad administrativa», con doble motivo en una situación en que la Administración ha multiplicado su intervencionismo, no sólo normativo, sino directo a través de las empresas públicas, sociedades nacionales, etc.

Es cierto que, según nuestra ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, las direcciones yenerales son cargos públicos. Pero en varios países han tenido el acierto de despolitizar de hecho incluso —caso de Francia— tales cargos, y, por supuesto, los niveles inferiores en la jerarquía administrativa. De esa forma se explica esa solidez roqueña de la «cosa pública», inconcebible de alguna manera desde nuestra mentalidad, en épocas de sucesivas crisis políticas. La Administración, al menos en una base amplia y hasta niveles elevados, es un mecanismo técnico que constituye el soporte necesario de las decisiones políticas, y las ejecuta. Sin tal soporte, la decisión corre graves riesgos de error o de ineficacia.

Y como todo aparato técnico, es decir, profesional, precisa una estabilidad que le permita contrastar con la experiencia sus conocimientos, crear y compenetrarse en un equipo, innovar sobre la tradición y, en definitiva, por su propia despolitización, constituir un instrumento dúctil al servicio de la visión política.

Parece errónea la politización, en profundidad, de las escalas administrativas. Afortunadamente, la ínamovilidad de los funcionarios públicos evitó el desolador panorama de las «cesantías» que, como lacra social, novelaba Caldos en «Miau». Ello constituyó una conquista de los derechos individuales. La asepsia de la Administración, al servicio de las opciones políticas, debe constituir un logro de los derechos de la colectividad, la sociedad en su conjunto, en honda interdependencia con la Administración, en un proceso irreversible en lo que alcanza el horizonte.

 

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