Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Crisis económica y pacto social     
 
 El País.    04/03/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

EL PAIS, sábado 4 de marzo de 1978

OPINION

TRIBUNA LIBRE

Crisis económica y pacto social

MANUEL FRAGA IRIBARNE Secretario general de Alianza Popular

Uno de los conceptos más importantes y también más equívocos del momento presente (lleno de

confusión, a todos los niveles) es el del pacto social. Se trata de un concepto clave, en el

momento actual de Europa, y en particular el de nuestra España. Si en un momento de recesión

económica y de inflación se mantiene una lucha abierta e ilimitada por el aumento nominal de

los salarios, la catástrofe es segura. Para evitarla no hay más que dos caminos: o la imposición

por el Estado de una política de rentas y precios, con medidas legislativas y administrativas

obligatorias y coactivas, o un pacto social voluntario entre las fuerzas básicas del sistema

económico-social, en el cual la intervención del Estado sea más bien coadyuvante o arbitral.

En todos los países europeos, industriahnente desarrollados, el problema comenzó a plantearse

en los años treinta. La primera gran crisis económica mundial hizo comprender a la mayoría que

no había más que dos caminos para evitar el desastre total: o echarse en manos de un poder

totalitario, marxista o nazi, o bien entenderse. En los países escandinavos y en Suiza

comenzaron los primeros intentos de eso que hoy llamaríamos un pacto social.

El caso de Suiza es particularmente interesante. En 1937 se firmó el primer acuerdo entre los

grupos siderometalúrgicos y los sindicatos correspondientes de la Confederación Helvética. De

aquel pacto, que sirvió de modelo a otros sectores, han surgido más de cuarenta años de paz

laboral. Firmado por dos años, para el período 1937 a 1939, ha sido después renovado cada cinco,

la última vez en 1974. Ha permitido crecer los salarios, entre 1939 y 1964, en un 85%; pero

(y esto es lo importante) con una moneda estable, es decir, que han sido aumentos reales.

Porque la consecuencia principal del pacto social es la estabilidad económica, que da garantías

al trabajador, cuyos aumentos salariales no son absorbidos por la inflación; al ahorrador y al

inversor.

El pacto social suizo centra la negociación en la empresa, en la que se crea un comité de

trabajadores, estableciéndose a otros niveles comisiones de conciliación y de arbitraje.

Pero el punto clave es el espíritu. El pacto social supone el mutuo reconocimiento de las

partes, como interlocutores válidos, y del sistema económico-social, basado en la empresa, como

válido. Eso ocurre en Suiza, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. Supone, por lo mismo, la

idea de que la productividad y el beneficio son buenos para todos; que el progreso social es

tema de evolución y no de revolución; que la economía social de mercado produce, a la corta y a

la larga, más riqueza, más beneficios sociales y mayor libertad. Supone, también, por otra parte,

que se acepta la función social de la propiedad y de la empresa; que ésta debe ser llevada con

una cierta publicidad, y que todos debemos pagar impuestos justos y no confiscatorios.

Supone también que los grupos políticos, y en particular los mayoritarios, y más que nadie el

Gobierno, renuncien a la demagogia como arma política. En ella es fácil llegar al ridículo, como

en una reciente sesión del Congreso, alguien aludió a los capitalistas fumadores de habanos,

cuando en la primera fila de un partido obrero se exhibían unos vegueros imponentes. Pero la

demagogia tiene un efecto seguro: retraer la inversión y reducir la asunción de nuevos riesgos

empresariales.

El pacto social presupone también un liderazgo sindical que asume los principios anteriores y que

renuncia al sentimiento como actitud social. Es de esperar que, tras las próximas elecciones

sindicales (que ya están apuntando tendencias interesantes), se produzca una mejoría, estrictamente

indispensable para la recuperación económica.

Hace falta, en fin, una sensación general de orden, de seguridad, de cumplimiento de la ley, de

confianza. No puede haber pacto social en medio del desorden, de la inseguridad, de la sensación de

impunidad, de no saber hacia dónde se va. Con empresarios asesinados en Vizcaya y en Barcelona; con

criminales profesionales y sádicos en la calle; con una ley de amnistía laboral de alcances

desconocidos; con leyes que no se cumplen y con proyectos de alcance desconocido, el panorama

económico y social no presenta perspectivas optimistas.

El ejemplo británico es muy interesante por la gravedad de la situación de partido, por lo reciente

de la experiencia y por la eficacia de sus resultados. En los años siguientes a la pérdida del

Imperio, la economía británica empezó a desplomarse. Stafford Cripps, el gran hombre de la

economía en el Gobierno Attlee, comprendió que había que imponer a todos una política de austeridad,

lo mismo a los asalariados que a los perceptores de dividendos; pero comprendió también que una

política de rentas no podía hacerse realidad sin suprimir la inseguridad social, y supo encontrar

dinero para un gran plan de servicios sociales, entre ellos el ejemplar servicio nacional sanitario.

Bevan llevó más lejos que el plan Beveridge las ideas del Welfare State, y es evidente que ello ha

contribuido a la solidez social de la Inglaterra actual.

En los años sesenta se agravó la situación de la economía británica, y el primer Gobierno Wilson

ya intentó plantear una política de negociación controlada de los salarios, en base al informe

Donovan y al libro blanco de la ministra laborista Bárbara Castle, En lugar de la pelea. No fue

fácil convencer a los sindicatos británicos, muy fragmentados y nacidos de la época del capitalismo

puro decimonónico.

El Gobierno conservador de Heath (1970-1974) intentó lo mismo, con un plan en tres fases, más

controlado por el Estado, pera terminó enfrentándose con los mineros y perdiendo las dos elecciones

generales de 1974. Wilson logró lo mismo por convencimiento, haciendo aceptar un crecimiento salarial

anual del 10% (inferior a la inflación reconocida) y logrando en base a ello una sustancial mejoría

de la economía británica.

Wilson ha recordado estos días en Madrid que en una democracia el contrato social sólo puede sobrevivir

con una cooperación básica de las tres partes interesadas: los empresarios, los trabajadores y el

público en general. Puede y debe haber un apoyo legislativo al pacto, contra unos pocos qué se desvíen,

pero lo que es eficaz contra un número limitado de indisciplinados sólo lo es desde un consenso básico,

y no podría mantenerse contra todos.

También ha recordado que el Estado ha de dar ejemplo, en el sector público, en dos direcciones: en

primer lugar, no haciendo él mismo excepciones, y segundo, no dejando que se queden atrás los que

tienen menos defensa (policía, médicos, profesores, etcétera).

Pero lo esencial es que nadie pacta sólo sobre porcentajes o remuneraciones. Hay que sentirse miembro

de una sociedad válida, segura, con vocación de mejora y de justicia, miembro de pleno derecho de una

comunidad creadora y en la que uno participe.

Y, a este respecto, hay que recordar, una vez más, que la crisis es grave. Son muchas las piedras del

edificio que se mueven a la vez.

Se mueve la familia, que si ya no era unidad de producción, sí lo era de consumo y de ahorro. Se mueve

el sistema educativo, que produce cada vez más titulados, pero no aumenta de por sí sus posibilidades

de empleo, con lo cual se convierten en focos de reivindicación más que de enseñanza. Se mueven los

sistemas de sanción colectiva, habiéndose llegado a una situación límite, en la que no soló las

cárceles no aseguran la libertad de los no delincuentes, sino que ya se está inseguro hasta dentro

de las mismas cárceles.

No habrá contrato social sin unas instituciones políticas consolidadas; sin seguridad en la calle;

sin unas orientaciones claras de política exterior; sin un plan serio de lo que va a permanecer

y lo que va a reformarse.

Cuando no se ve claro lo que se consolida y lo que se reforma, se producen a la vez la inseguridad

global y la contestación generalizada. El dilema ruptura-reforma no es accidental; es la clave de

todo. Si nada está seguro, cada uno se defiende como puede; es la lucha de todos contra todos.

Por tanto, recordemos una vez más que la economía es economía política y que lo social no es sólo

lo que viene en los libros de Derecho del Trabajo. Hay que relanzar la idea y la ilusión de una

España clara, grande, viva, con ilusiones para todos. Sólo en ella podremos superar la crisis

actual. No hay más pacto social que un gran contrato social, que vaya desde la Constitución al

restablecimiento de la cortesía, que es «el perfume de la amistad». 

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