Autor: Calvo Hernando, Pedro. 
   Opinión personal     
 
 Gaceta Ilustrada.    26/01/1975.  Página: 10,11. Páginas: 2. Párrafos: 18. 

PEDRO CALVO HERNANDO

Una sociedad en cambio

EL proyecto de Ley de Relaciones Laborales reviste una importancia indiscutible tanto por su contenido en sí mismo como por llegar en un momento de especial sensibilización de la opinión pública ante la problemática laboral. Los conflictos alcanzan ahora cotas sin precedentes próximos y se extienden, además, a sectores profesionales sin una especial tradición conflictiva, como es el caso de los actores de teatro, de los funcionarios públicos o de los minoristas de los mercados de alimentación.

Es preciso hacer un esfuerzo de abstracción y situar los hechos dentro de un contexto sin el cual serían inexplicables. El contexto no es otro que el de una sociedad en cambio, que revisa aceleradamente sus esquemas y que busca una nueva conformación de los mismos, más acorde con las exigencias, las conquistas y las pautas de comportamiento que caracterizan a la sociedad occidental y europea de nuestros días.

Esa nueva conformación es omnicomprensiva, pues pretende alcanzar a los diversos mundos político, social, económico, cultural y religioso. De aquí derivan —es inevitable— desajustes y conflictos, pero también, y sobre todo, el hallazgo de unas conductas colectivas más sinceras y de una intensa responsabilización de cada uno de los sectores sociales con su propio papel específico y con su vocación de solidaridad hacia el total conjunto social del que forman parte.

El clima de una ley

Lo que ocurre es que no es esta la hora de los timoratos, de los nostálgicos ni de los inmovilistas, que serían extrañamente felices no ya con una imposible paralización del proceso social e histórico sino incluso con un demencial retroceso a los esquemas de hace treinta años. Son los partidarios de cortar el brazo, cuando el brazo duele, en lugar de aplicar la terapéutica adecuada para el buen funcionamiento de cada miembro y del conjunto del cuerpo social. Son los/que nada apuestan a la imaginación y al riesgo y mucho a la parálisis y al quietismo fundamental. Echar un vistazo a cualquier periódico de estos días es lo mismo que ponerse a contemplar una larga sucesión de noticias que demuestran la verdad de esa extensión de lo conflictivo a multitud de terrenos. Nos encontramos ante un innegable deterioro de relaciones que debe preocupar —naturalmente—, pero no inducir a los timbres de alarma sino al planteamiento serio de los problemas.

Este es el clima que acompaña al proyecto de Ley de Relaciones Laborales, que no incluye el problema de la huelga (que será regulada con urgencia por decreto) ni el de la participación de los trabajadores en la gestión y beneficios de ta empresa. Numerosos comentarios ha suscitado la propuesta supresión del «despido comprado» contenida en el vigente artículo 103 de la Ley de Procedimiento Laboral y que permite a la empresa optar entre la readmisión o ia indemnización cuando el despido de un trabajador ha sido declarado improcedente por una sentencia de la Magistratura del Trabajo.

El fin del «despido comprado»

No cabe duda de que es un paso adelante en e! terreno social el hecho de terminar con ese privilegio que viene poniendo en manos de las empresas un fácil expediente para quitarse de encima a los trabajadores que le resulten molestos por las razones que sean, principalmente por la resistencia a doblegarse ante cualquier presión o ante cualquier capricho del empresario. Es inconcebible que un despido declarado improcedente por la jurisdicción laboral, pueda, sin embargo, ser aplicado por la empresa mediante el pago de una indemnización, la cual, en muchas ocasiones o es prácticamente inexistente o no compensa de ninguna manera al trabajador de la pérdida de lo que casi siempre constituye su único patrimonio: el puesto de trabajo.

Y como aquí no trato de hacer demagogia barata, en seguida añado que es justo que (as empresas cuenten con los recursos suficientes para exigir del trabajador el cumplimiento de su deber, de la misma forma que el trabajador tiene que estar protegido frente a cualquier arbitrariedad. En un sistema capitalista, me parece que esto es lo mínimo que se puede pedir.

Movilidad para el salario mínimo

Me parecen positivos también aquellos aspectos del proyecto de ley que trata de mejorar las condiciones laborales, como son el retraso de la edad mínima para trabajar, la igualación laboral de la mujer al hombre, la ampliación de los períodos mínimos dé descanso diario, semanal y anual. Hay dos aspectos que, a mi juicio, requieren una especial atención por venir muy influidos por las presentes circunstancias socioeconómicas: el salario mínimo y el fondo de garantía salarial.

Como hasta ahora se venía haciendo, el Gobierno —a tenor del proyecto— fijará cada año, con efectos de 1.° de abril, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices oficiales del coste de vida, la productividad alcanzada y la evolución general de la economía. Pero la novedad proyectada es que el salario mínimo será revisado, además, una vez que hayan transcurrido seis meses, cuando el índice general del coste de vida aumente al menos un 5 por ciento desde la fecha de su fijación anterior.

Esto quiere decir que el salario mínimo, en épocas de inflación, puede ser revisado dos veces a lo largo de un año. El aumento del 5 por ciento del coste de la vida en seis meses es algo que hemos experimentado repetidamente en los últimos dos o tres años, con el consiguiente y gravísimo deterioro de la capacidad adquisitiva de las capas sociales precisamente más vulnerables, que son las de más bajos ingresos. Entonces, esa segunda revisión del salario

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mínimo en un mismo período de doce meses puede ser un factor que contribuya a paliar la precaria situación en que las espirales inflacionistas colocan a los españoles menos favorecidos por la fortuna. Algo es algo.

La garantía salarial

En cuanto al fondo de garantía salarial que el proyecto configura, se trata también de una idea muy en consonancia con esas situaciones que cada vez se producen con mayor frecuencia: la quiebra o la insolvencia de determinadas empresas, que llevan aparejadas la imposibilidad de hacer efectivo el pago de sus salarios a los trabajadores que en ellas hayan venido prestando sus servicios.

Según el proyecto, el fondo de garantía se constituirá con carácter interempresarial para garantizar y anticipar a los trabajadores contratados el percibo de sus remuneraciones correspondientes a tres meses como máximo y que estén pendientes de pago, así como para hacer efectivas las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. En los casos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de las empresas, los trabajadores afectados podrán solicitar del Fondo el pago de sus salarios. Este mecanismo supondrá, indudablemente, un cierto respiro para aquellos trabajadores que tengan la mala suerte de prestar servicios en empresas en las que tales situaciones se produzcan. En el ánimo de todos están numerosos casos y bien recientes de derrumbamientos de empresas que empleaban a varios miles de trabajadores, los cuales quedaban en una situación verdaderamente incierta.

Urgente: regular la huelga

Como las Cortes sufren en estos momentos una sobrecarga legislativa extraordinaria, es casi seguro que pasará más de un año antes de que puedan acometer el estudio de este proyecto de la ley que el Gobierno acaba de elaborar. Demasiado tiempo para demorar el afrontamiento del problema de la huelga, por lo que el Gobierno ha decidido segregarlo de aquel proyecto con el fin de otorgarle un tratamiento de urgencia en forma de decreto, que se encuentra en fase de preparación y que muy posiblemente estará listo en las próximas semanas. Paralelamente tendrá que acelerarse la puesta en marcha del derecho de reunión sindical, ya que es quimérico pensar en regular la huelga sin contar con la posibilidad de libre reunión. Otro tanto habría que decir respectó de la urgencia de constituir en las empresas órganos colegiados que representen directa y exclusivamente a los trabajadores, para que sea a través de esos órganos como se canalicen no sólo las huelgas sino todas las negociaciones en caso de conflicto.

La regulación de la huelga es una exigencia más de la sociedad en cambio. Porque las exigencias son numerosas y no pocas se están planteando en estos agitados días de conflictos, sanciones, multas, detenciones, etcétera, panorama al que sólo faltaba la reclamación marroquí de nuestras plazas de Ceuta, Melilla, islas y peñones adyacentes.

El escrito de los 500

Días atrás, la Comisión Permanente del Congreso Sindical dio un espectáculo de miedo al cambio. Y de ahora mismo es la presentación al presidente del Gobierno de un escrito, firmado por quinientos funcionarios, en el que se pretenden objetivos opuestos a los de aquella Comisión. El escrito de los funcionarios, muchos de ellos personas conocidísimas y oertenecientes a muy brillantes carreras administrativas, es precisamente una valiente apuesta por el cambio y la democratización. El valor del documento es doble, tanto por «lo que» se dice como por «quienes lo dicen».

En el escrito se pide «un Estado democrático en el que la autoridad política emane del pueblo, mediante la concurrencia de todos los ciudadanos, libremente agrupados según sus opiniones sobre la cosa pública, sin exclusiones de ningún tipo». Solicitan también una amplia reforma administrativa, que debiera atenerse a principios como la inexcusable necesidad de instrumentar un control democrático dé la Administración Pública, la revisión jurisdiccional de todos los actos emanados del poder ejecutivo, el ejercicio del derecho de libre sindicación de los funcionarios, garantizar la independencia y neutralidad política de la función pública y el establecimiento de un orden retributivo justo.

Indirecto apoyo a Carlos Arias

La reforma política y la reforma administrativa solicitadas por tan numerosos y prestigiosos funcionarios son dos columnas básicas para la adecuación de la España legal a lo que inevitablemente es (o quiere ser) la sociedad española de hoy mismo. Las demandas de cambio ya no parten sólo de la prensa, de los intelectuales, de la pura oposición democrática o de los sectores obreros concienzados. Las demandas parten también de las más preclaras cabezas que están al servicio del Estado en puestos de alta relevancia.

El documento de los altos funcionarios —contra lo que pudiera pensarse— es una baza que se pone en las manos del presidente del Gobierno, es un indirecto apoyo a la bandera reformadora que Arias Navarro había levantado a las pocas semanas de su nombramiento. Hace justo un año de aquel 12 de febrero, sobre el que tanto ha llovido (y no precisamente lluvia meteorológica) y ha querido el azar que un selecto núcleo de compatriotas le inste al Presidente a la realización de algo en lo que forzosamente tiene que estar de acuerdo. Otro problema es el de los obstáculos que se oponen a la empresa. •

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