Autor: Calvo Hernando, Pedro. 
   Opinión personal     
 
 Gaceta Ilustrada.     Página: 46,47. Páginas: 2. Párrafos: 22. 

PEDRO CALVO HERNANDO

¿Que consumamos menos?

EL país se ha negado a moderar el alza del nivel de vida. Esa es una de las lamentaciones del ministro de Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno al comparecer en TVE, junto al ministro de Trabajo, para explicar las medidas de política económica y social que días antes había adoptado el Consejo de Ministros.

¿Se da cuenta Rafael Cabello de Alba de lo que está pidiendo al pueblo español? Consumir menos, cuando llevamos quince años escuchando todo ¡o contrario por todas partes y contemplando ese montaje industrial-publicitario que no nos hablaba sino de un consumo desenfrenado y sin límites. Y, sin embargo, el Gobierno, por muchos decretos-leyes que nos lance, nada podrá hacer sin la colaboración de todos.

Difícil, dificilísima papeleta la que ahora hay que resolver, una vez que todos conocemos el contenido de aquellas decisiones y la opinión del Gobierno, personificada en Rafael Cabello y en Fernando Suárez. Las gentes se muestran no poco escépticas, pues tienen una larga experiencia de espectaculares fracasos gubernamentales en este campo de las medidas económicas ante coyunturas difíciles. Sin embargo, también es cierto que en esta ocasión parece que la mayor coherencia del plan económico induce a concederle un más amplio margen de credibilidad.

Los precios van a ser tratados con un planteamiento de generalidad, coherencia y rigurosidad, dice Cabello de Alba. Es absolutamente necesario tomar medidas enérgicas para controlar el aumento del paro, dice Fernando Suárez. La Organización Sindical se ha manifestado disconforme con la nueva política económica, del Gobierno. Lo bueno que tiene esto es que en seguida podremos comprobar quién tiene la razón y en qué medida las decisiones van a ser operativas sobre nuestra maltrecha realidad económico-social.

Suárez, la norma y la vida real

El tema de la huelga no se ha resuelto y el famoso decreto sigue sin aparecer... y estamos a mediados de abril. Pero el joven ministro de Trabajo y vicepresidente tercero, Fernando Suárez, no eludió el asunto en la rueda de prensa televisiva. «Yo comprendo —son sus palabras— la carga emocional y política que el término huelga suscita como herencia de otros contextos ya superados, pero se trata de admitir una realidad y de canalizar algo que debe ser canalizado, porque lo verdaderamente importante es que los hechos no contrasten con el Derecho, es evitar la ruptura entre el mundo social y el mundo de las normas.»

Me llevaría muy lejos eso de !a ruptura entre la norma y la vida real. Para evitar tal ruptura en todos los frentes habría que cambiar de arriba abajo la normativa reguladora de esenciales aspectos de la vida nacional. Ese cambio tendrá que producirse seguramente en mayor medida da la que estuviera en la mente de Fernando Suárez. Pero quiero registrar la claridad y la rotundidad del ministro ante un problema que constituye una importante parcela de su competencia.

Ahora es ministro

Hay también una seria advertencia de Fernando Suárez que no debe ser echada en saco roto: «Cuando los trabajadores —afirma— están conscientes de lo que en la empresa se hace, su apasionamiento por plantear conflictos es prácticamente nulo. Ahora bien, cuando hay empresas que intentan elevar sus precios o aligerar su plantilla, incluso propiciando huelgas, o que intentan eliminar dirigentes sindicales para evitar reivindicaciones, o que quieren aligerar sus costos acudiendo al prestamismo que les evite cargas sociales, naturalmente no se pueden quejar de que tengan problemas mayores».

En esta advertencia reconoce uno muy bien a aquel Fernando Suárez de los años 1967 a 1973, el de los rotundos planteamientos políticos y sociales, los que le llevaron a no presentarse en 1971 a la reelección como procurador familiar por León. Lo que sucede es que ahora es ministro y ya no basta con el testimonio de la palabra, sino que tiene que confirmarlo con el testimonio de las obras. Le van a sobrar ocasiones en estos próximos meses.

Matesa, seis años después

La atención nacional se dirige también al desarrollo del «proceso Matesa» que se celebra seis años después del estallido del famoso escándalo que conmovió al país. A un país que en ese momento estaba poco acostumbrado a recibir y a digerir impactos de esa naturaleza. Lo que sucede es que el paso de seis años y el indulto de 1971 han restado al asunto una buena parte del mordiente político que tenía cuando se originó. De todos modos, bueno es que el país conozca con todos sus detalles uno de los lances más sobrecogedores en que se ha visto envuelto el sistema durante todos los años de su historia.

Y el asunto tiene no poco de historia, pues nos traslada al verano de 1969, muy pocas semanas después de la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey y muy pocos meses antes de la gran crisis de Gobierno del 29 de octubre de 1969. Una crisis ganada espectacularmente por los tecnócratas, el grupo político más «tocado» por el escándalo Matesa. Y es que así se escribe la historia, entre contradicción y contradicción. Los tecnócratas ya no están en el poder, de manera que el «proceso Matesa» no es de ninguna forma un proceso al poder. Por eso interesa menos, todo hay que decirlo.

Ricardo de la Cierva: «Democracia homologable»

Y enfrentados ya con la historia, ahí tenemos la resonante conferencia de Ricardo de la Cierva en el Club Siglo XXI.

El ilustre historiador y querido compañero de páginas vecinas vapulea enérgicamente a los extremismos y se pronuncia en favor de una democracia homologable con las europeas, aunque aceptando la infraestructura histórica lograda por el Régimen y sobre todo la sucesión en la Corona de don Juan Carlos. Particularmente apreciada por mí es la tesis de que no ha existido nunca la democracia orgánica ni la democracia social sin democracia política, siendo, en cambio, muy cierto que «la democracia política deberá hacer posible la democracia social, que se concentra en dos objetivos sistemáticamente abandonados por la derecha tradicional española: la cultura popular como tarea nacional y la reforma fiscal».

Ricardo de la Cierva está muy preocupado por la democratización real y deja claro que los esfuerzos del presidente Arias no han sido apoyados desde otras instancias del Régimen. La semana pasada ya dijo algo en «G.i.» sobre la línea rígida seguida por García Hernández en relación con el Doce de Febrero. En su conferencia, llega a la conclusión de que hay que mirar con cierto escepticismo las posibilidades reales de una democratización profunda en plazo inmediato, «aunque el Doce de Febrero sirve como útilísimo antecedente y ha propiciado, con su propio sacrificio parcial, el descrédito de las fuerzas inmovilistas que se le oponen».

Antecedente del cambio

Yo diría que el Doce de Febrero sirve como útil antecedente democratizador porque vino a demostrar, con los entusiasmos que despertó por todas partes, que las ansias de democracia real y urgente son incontenibles en nuestro país. Particularmente pienso que esas ansias se han de materializar en el cambio político y que ese cambio irá mucho más lejos que los propios contenidos iniciales del programa del 12 de febrero. La reacción ciudadana ante el bienintencionado programa de Arias Navarro es, pues, un serio anuncio.

¿Y no será precisamente lo que tiene de «anuncio» ese programa el fundamental motivo de los ataques y de los recelos que provocó en la banda inmovilista? De ello no me cabe la menor duda. Los del «bun-

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ker» temían ai programa de Arias, pero temían —y temen— mucho más a lo que él mismo tiene de «antecedente» de lo que ineluctablemente ha de venir: el cambio. Esa evidencia es la que pone de manifiesto de manera más espectacular el descrédito de las fuerzas inmovilistas ante el país y ante la opinión pública. El resquemor de la ultraderecha ante aquel programa gubernamental ha entrado en escena muy recientemente a través de los discursos de Blas Pinar en Galicia.

Se amplían las incompatibilidades

Precisamente en estos días está de plena actualidad uno de los aspectos de aquel programa: el proyecto de lev de Incompatibilidades Parlamentarias, cuyo informe ha concluido ya la correspondiente ponencia de las Cortes que había sido designada para estudiar el proyecto. Según el informe de la ponencia, en el artículo 1° del proyecto se establece que «la condición de procurador en Cortes será incompatible con la de subsecretario, director general, secretario general técnico, gobernador civil, vicesecretario general y delegados nacionales del Movimiento y demás cargos políticos de libre designación y remoción gubernativa».

La fórmula elegida es mucho más amplia que la que figuraba en el texto del proyecto elaborado por el Gobierno. Como ha recordado ahora «Europa Press», en el texto del Gobierno se reducían los supuestos de incompatibilidad a los de «subsecretario, director general, gobernador civil, vicesecretario general, delegados nacionales del Movimiento y cargos expresamente asimilados a los anteriores». Ahora la ponencia ha optado por una fórmula genérica de incompatibilidades que afectará no sólo a los nombramientos por decreto, sino a todos aquellos cuya designación o remoción se acuerden libremente por el Gobierno.

¿Unas Cortes democráticas?

Sin duda la ponencia ha mejorado ostensiblemente el texto del Gobierno y nos encontramos con un sistema de incompatibilidades parlamentarias capaz de introducir una sensible nota de mayor independencia de las Cortes respecto del poder ejecutivo, e incluso del poder económico, si se tiene en cuenta que en otro artículo del proyecto se establece la incompatibilidad de los procuradores con una zona del sector empresarial privado, mixto y de empresas públicas. También la ponencia —contra el criterio del Gobierno— modifica el texto en el sentido de no considerar procuradores natos a los consejeros nacionales, que resultan, por tanto, incursos en el régimen general (se refiere sólo a los electivos).

Reconociendo lo anterior, pienso, sin embargo, que no hay motivos para echar las campanas al vuelo, En primer lugar, porque el texto de la ponencia tiene que ser ahora discutido (y tal vez modificado) por la Comisión, la cual podría empeorarlo. Pero, aun en el caso de que tal cosa no ocurra, e incluso en la dificilísima hipótesis de que la Comisión mejorase aún más el texto, ¿podría luego hablarse de unas Cortes democráticas? No. Las incompatibilidades están muy bien, pero mucho más importante aún es el sistema de acceso a las Cortes, y ya sabemos que la inmensa mayoría de los procuradores no llegan por elección directa.

El sufragio universal

Por sufragio universal no llega ningún procurador a las Cortes. Un centenar largo (la quinta parte de la Cámara) es elegido por sufragio restringido (cabezas de familia y mujeres casadas). Los demás son elegidos por procedimientos muy indirectos e incluso una buena porción es de libre nombramiento político. Mientras que esta situación no cambie sustancialmente, mientras no existan unas Cortes elegidas por sufragio universal y con representación ideológica, no podrá hablarse de unas Cortes genuinamente democráticas. Ello exige una reforma constitucional, como se pone de relieve en diversos proyectos programáticos de asociaciones políticas en ciernes. El proyecto que más rotundamente aludió al problema es el de Fraga Iribarne, y ya se sabe que ocurrió lo que ocurrió.

Cantarero: «Luchar contra el privilegio»

Para terminar, y sin entrar en la «coyuntura asociacionista» de los últimos días, sí desearía subrayar un aspecto del «decálogo de la conducta ética de la asociación», leído por Manuel Cantarero del Castillo en la clausura de la primera Asamblea General de Promotores de la Asociación Reforma Social Española. En el último punto del «decálogo» se dice: «No aceptar el disfrute de ningún privilegio político si no es precisamente para luchar a través de él, para que deje de ser privilegio y se constituya en derecho por igual de todos».

Late en este punto una vieja y noble preocupación de Cantarero del Castillo. Durante todos sus años de Presidente nacional de la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes ha preconizado el derecho de asociación, reunión y expresión políticas para todos. Antes era consciente y ahora lo es también de que esos derechos alcanzan sólo a una parte de los españoles, es decir, que puede hablarse de la existencia de privilegios. Creo que ese punto del decálogo encierra una clara intención y Cantarero y su Reforma Social Española nunca podrán ser acusados de haberse aprovechado de una situación privilegiada, cosa que no puedo decir de otros grupos políticos. Luchar contra ¡os privilegios aunque sea desde una situación transitoriamente privilegiada: el empeño es meritorio.

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