Autor: Esperabé de Arteaga González, Jesús. 
 En torno a un dictamen de la permanente de las Cortes. 
 Respuesta a unas razones     
 
 Madrid.    18/08/1970.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 23. 

EN TORNO A UN DICTAMEN DE LA PERMANENTE DE LAS CORTES

Respuesta a unas razones

MI padre me acostumbró de niño a no creer en brujas. Sin embargo, me está pasando lo que al jugador de poker a quien secaba un mirón: que me sueño con ellos.

Digo esto porque mi horóscopo como colegislador no puede ser peor. No doy una en el clavo. Todas en la herradura. Se me ocurrió hacer una proposición de ley de reforma del Reglamento de las Cortes, y según la Permanente de éstas, incurrí en contrafuero. Me aventuré a modificar la ley de Representación Familiar y se me acusa por aquélla de anticonstitucional, de bordear el mandato imperativo y de antidemocrático.

Antidemocrático yo. ¿Qué se dejará para otros?

Pero estos anatemas, como la ropa de almacén, me vienen grandes. Pues no es que, como el herrero de Machacón, de puro machacar, se me haya olvidado el oficio. Es que los que están próximos al Poder son partidarios del "statu quo". Y claro está, a los que aceptamos el sistema y nos movemos dentro de él, pero queremos que se avance un poco para que haya apertura y participación, es lógico que se nos contradiga.

Un dictamen que dice no

El dictamen de la Permanente de las Cortes rechazando la proposición de ley por la que intentábamos modificar la de Representación Familiar, contiene estos puntos básicos:

1.° En orden a incompatibilidades no se ven las razones para que haya que distinguir, entre unos procuradores y otros.

2.° Se va contra la unidad de poder y la coordinación de funciones que inspira nuestra Constitución.

3.° Las condiciones que se establecen para ser candidato se acercan peligrosamente a la tesis del mandato imperativo, que no se admite en nuestro país.

4. -Al restingirse el campo de candidatos, resulta que se actúa antidemocráticamente.

5° El Movimiento, comunión ~>te los españoles con los Principie:, debe estar legitimado para adoptar posiciones frente a futuras elecciones.

Vamos a examinar una por una estas objeciones y hacer públicos nuestros reparos.

La cuestión de las incompatibilidades

Si nuestras partes fueran como !a mayor jarte de las de los países ´europeos y extraeuropeos, unas Cortes inorgánicas, es claro que a la hora de establecer un cuadro de incompatibilidades no habría., razón para discernir entre sus miembros. Pero el caso español no es ése.

Nuestras Cortes son unas Cortes orgánicas. Y entre los distintos cauces de representación por los que se accede a ellas los hay tan diferentes como los procuradores de designación por el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno y los de elección por los cabezas de familia y las mujeres casadas, que casi, casi, son elegidos por sufragio universal. Entonces dei´ene lógico que para el procurador designado no haya incompatibilidades. Si el radar que detecta su designación es la relevancia de la personalidad escogida o los servicios prestados por ésta al país, ponerle borlas a la designación no sería correcto. Sería incluso anticonstitucional, Pero porque esto, sea así, no por eso hay que admitir que luche por le procuraduría familiar el alcalde de la capital, el juez de Instrucción o el delegado d trabajo, p un alto cargo de la Administración Central, pongo por caso. Dígase lo que se quiera, ésta sería una lucha desigual para los que no son ni alcaldes, ni jueces, ni jefes de Servicio, ni altos cargos de la Administración. Desde estos puestos se ejerce cuando menos una presión indirecta sobre el electorado, y est¿ presión era la que, por asepsia representativa, quería evitar nuestra proposición, con su tabla de incompatibilidades. La cosa estaba clara. Como claro esta que para luchar por la representación social o económica de un Sindicato o de una academia o de un colegio profesional, poco monta ser alcalde de una ciudad o presidente de la Diputación de una provincia.

Véase, pues, cómo si queremos ser orgánicos y desarrollar precisament esa representación orgánica no hay más remedio que distinguir a la hora de establecer incompatibilidades entre estamentos o Tupos de procuradores. El artículo segundo, párrafo II. de la ley de Cortes, que habla de igualdad de derechos y que se cita de contrario, se refiere a los procuradores elegidos, jurados y posesionados, y no contempla a los procuradores "non natos" c, si se quiere, al "nasciturus" parlamentario; esto es, a los candidatos, antes de acceder a sus respectivos escaños.

Unicidad de poder y coordinación de funciones

Que algunas de las incompatibilidades de las que contiene nuestra proposición signifiquen desconocer el principio de unidad de poder y coordinación de funciones que inspira nuestro sistema, como se dice en el dictamen, es todavía más incomprensible. Observemos:

Nosotros proponíamos como incompatibilidades: a) Desempeñar en la provincia cargo público que lleve anejo el ejercicio de autoridad; b) Ostentar cualquier al´" cargo de la Administración de libre nombramiento; y c) Haber desempeñado en la provincia en los cuatro años anteriores a la elección cargos públicos a los que se refiere el apartado a).

Los motivos de estas incompatibilidades son razonables. El que ejerce autoridad en la provincia, o la ha ejercido recientemente, lucha con ventaja. Y no digamos el subsecretario, secretario técnico o director general, que se presenta por su provincia natal.

¿Que con esto «* atenta si la unicidad de poder, como se dice por la Permanente? Al menos habrá de explicársenos por qué. Porque a simple vista no se perciben los motivos.

En cambio, aquellas incompatibilidades contribuyen a clarificar la coordinación de funciones de que también habla la Permanente, pues no nos explicamos cómo si una de las funciones de las Cortes es la de controlar al Ejecutivo, al ministro de la Gobernación le pueden controlar los alcaldes y presidente? de Diputación que él nombra, y al de Educacion sus rectores, y al delegado de Sindicatos, los presidentes de éstos. Con Vxlo el respeto y sin el menor ánimo de molestar, esto se nos asemeja "volverse los

tiros contra las escopetas". Que en orden a Sa Representación ´Familiar quisiéramos alejar de la lucha electoral a los que desempeñan estos cargos por aquello de la sinceridad del sufragio y la autenticidad representativa no va contra la unicidad de poder y sólo había de contribuir, como queda demostrado, a la coordinación de funciones. Que también es principio institucional y fundamental de núestro sistema. Y hasta lógico. Pues a la hora de fiscalizar todavía no se ha definido la autofiscalización. Y creo yo que va tardar en explicarse.

El mandato imperativo

Que para poder luchar por una provincia se exija (como queríamos) haber nacido en ella o residido en la misma durante diez años, a partir de los catorce, o figurar en el censo electoral provincial como elector, y que no se admita a estos fines lo de tener arraigo por ser el portón por e¡ que all´á por los años 20 entraban en la política "los cuneros" signifique acercarse peligrosamente a la tesis del mandato imperativo, no parece argumento congruente, y si lo es no deja de ser una suspicacia. No se ve la relación de causa a efecto. Esta relación de causa a efecto se percibe más nítida frente a un procurador alcalde o presidente de Diputación que tiene su escaño colgado de un hilo que el ministro de la Gobernación puede cortar en cualquier momento, o frente a los rectores de Universidad, a quienes en relación con el ministro de Educación les pasa lo mismo, y rrente a los 28 presidentes de los Sindicatos que nombra y cesa el ministro delegado nacional. Aquí sí que, y por las causas expuestas, nos acercamos peligrosamente a, aquella teoría pero a nivel dé representación familiar y a la hora de luchar por libre por un escaño, ¿cómo?

Los candidatos y la democracia

Que los candidatos de Representación Familiar hayan de ser presentados por sus electores o por las Corporaciones locales o provinciales de sus distritos o en todo ^ aso por los procuradores del mismo estamento y que no se admit. a fines de presentación la firma "verbi gratia" del presidente del Instituto de España, que nada puede decir a los electores de la provincia de que se trate Respuesta a unas razones sobre el candidato en ciernes, a nadie puede extrañar, y aunque extrañe en modo alguno esto es antidemocrático. Se pretende que la presentación la hagan los propios electores y, en todo caso, las Corporaciones locales y provinciales de los distritos o los procuradores d ´ propio sector ( > se olvide que se trata de representar a la familia). Y tanto se abre la puerta en nuestra proposición, que hasta los Ayuntamientos de las cabeza de partido pueden presentar candidatos. Luego las posibilidades para que el abanico de éstos sea más grande son mucho mayores que las de hoy. En cuanto a que se excluyan a fines de presentación a los concejales corporativos que no son elegidos por sus Corporaciones, sino por otros, está en la línea de dirección democrática que precisamente se nos niega.

Las dos concepciones del Movimiento:

Comunión y organización

Por último, el dictamen de la Permanente plantea un problema a mi juicio grave. Me refiero al presunto derecho del Movimiento a adoptar posturas electorales, y que la Comisión Permanente, de la que forma parte el ministro secretario general, declara sin rodeos.

En este aspecto el dictamen que examinamos incurre en el equívoco corriente de que en unas situaciones fácticas el Movimiento es comunión de los españoles en los Principios y en otras el Movimiento es organización. Y organización no de la comunión, esto es, del Movimiento ancho y amplio que genera el artículo 4.° de la Ley Orgánica, sino del Movimiento más estrecho de antes de ésta. Si queda alguna duda, veamos lo que se dijo en Castellón: "¡Aquí estamos!" ¿Quiénes estaban? "Los que nacimos en octubre de 1933 como un manantial de agua limpia." Luego no todos.

Pues bien: si al Movimiento organización y organización-unificación 1937, que no es el Movimiento comunión de 1967-que ahora se invoca—, y que tiene en sus manos más medios electoreros que tuvo nadie nunca en España (piénsese que en cada pueblo además de un alcalde nombrado por el gobernador hay un jefe local, y un Consejo, y un lugarteniente de la Guardia de Franco, amén de un delegado sindical y una Hermandad), a caballo en el artículo 4.° de la Ley Orgánica, que está por desarrollar, se le permite, admite y hasta dogmatiza que pueda adoptar actitudes en futuras elecciones, ¿no será mejor luchar antes en la Secretaría General y reservar los comicios provinciales para la segunda vuelta? Con todo el respeto, me parece que a la Permanente se le ha ido la mano en esta materia. A no ser que alguien esté pensando en aquel cartelón de las elecciones del 36, en el que sisa estos medios se propugnaba que había que ir a por un quorum determinado. Pero esto ¿no sería la escalada? ¿Y para qué? Y después de la escalada, ;qué?

Jesús Esperabé de Arteaga

 

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