Autor: Ferrando, Juan. 
   Hacia una fórmula española de oposición     
 
 Madrid.    18/11/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Hacia una formula española de oposición

A realidades nuevas corresponden organizaciones nuevas y hombres nuevos, ¿No estará sucediendo también en España que es necesario igualmente un cierto tipo de cauces políticos por donde pueda correr la acción política de las tendencias, corrientes y grupos que reflejen el pluralismo social y el político?

Desde luego, mientras estos grupos políticos desarrollasen su actividad representativa aceptando las Leyes Fundamentales, podían ser reconocidos legalmente, El orden constitucional autoritario español, tras las experiencias propias y las ajenas, tiene que encontrar su fórmula democrática peculiar de participación política: cobrará entonces ia oposición carta de naturaleza.

Para que haya orden democrático se necesita una legislación adecuada al propósito de que los diversos criterios o pareceres puedan concurrir; es decir, para que las organizaciones políticas correspondientes puedan desenvolverse en plano de igualdad.

A una salida de tal estado de cosas podría parecer que se oponía un obstáculo legal: el punto VIH de la ley de Principios del Movimiento Nacional, que prohibe los partidos políticos.

Sin embargo, un atento análisis de esa misma ley de Principios, de 1958, demuestra que el obstáculo constitucional es más aparente que real.

En efecto, la ley de Principios Fundamentales, en su punto VII, define el Movimiento Nacional como "la comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada". Con ello se excluyen abiertamente aquellos grupos que, por no aceptar tales principios, se convertirían en "oposición al régimen". Queda abierto, sin embargo, el camino para una futura legalización do aquellos que acepten estos Principios.

EL RECONOCIMIENTO LEGAL ES POSIBLE

La Ley Orgánica del Estado completa en un sentido positivo la caracterización de los grupos políticos. La vida política se promueve "en un régimen de ordenada concurrencia de criterios", y uno de los fines del Consejo Nacional consiste en "estimular la participación auténtica y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tarea* políticas"; otro, "encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceré* sobre la acción política".

Recordemos estas palabras del mensaje con que el proyecto d« Ley Orgánica del Estado fue presentado a las Cortes:

"Hay en nuestro Movimiento Nacional, en cuanto restauración de una tradición secular y honrado intento de interpretar las ideas cristianas de nuestro pueblo, unos elementos fundamentales de valor permanente que han de ser la base de nuestra legislación, y otros históricos y coyunturales que deben adaptarse a las realidades y necesidades de cada momento, por lo que son necesarias instituciones flexibles que puedan acomodarse a los cambios inevitables, todo ello con el asentimiento mayoritario de! pueblo..." "La exclusión de los partidos políticos en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis crítico "de las soluciones de gobierno", de la "formulación pública de programas" y medidas que contribuyan a perfeccionar la marcha de la comunidad."

El programa así esbozado (leva a la lógica conclusión del posible reconocimiento legal de los grupos políticos, pues al no partirse de una concepción individualista o atomizada de la sociedad como aquella en la que florecieron tos viejos partidos decimonónicos, ni de una concepción totalitaria de partido único, se imponen las asociaciones o agrupaciones que hagan viable la "concurrencia de criterios", el "contraste de pareceres", la "participación auténtica y eficaz... de la opinión pública", el "análisis crítico de las soluciones de gobierno" y la "formulación pública de programas".

UNA GRAVE INVITACIÓN

Sólo creándose un "status" legal • igual para todos los grupos, que comparten el ordenamiento constitucional vigente, M como podrán encontrarse cauces o procedimientos adecuados para que las "diversas oorrientet de opinión suscitadas por la vid* real, por las Ideas política*, por los problemas sociales y económicos..." puedan ejercer una critica sustancial a la acción de gobierno. Haciéndolo así, el régimen español habrá encontrado su propio modelo institucionalizado de oposición. Y habrá salvado los escollos del totalitarismo que le amenazan con la existencia —de hecho—de una sola organización política, sin que por ello desemboque abiertamente en ningún tipo de régimen demoliberal. Sería una puerta abierta para la libertad política. Esta sólo podrá desarrollarse con el reconocimiento legal del asociacionismo político. Pues el exigir la uniformidad en lo político no sólo atenta a la libertad y dignidad del hombre, sino que, como se recordó en una publicación oficial—la revista del Instituto de la Opinión Pública—, con una cita de André Oide, "suprimir la oposición en un Estado, o aún impedir sencillamente que se exprese o se pronuncie, es cosa extremadamente grave: es la invitación al terrorismo...".

 

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