Texto del Decreto-Ley     
 
 Madrid.    25/01/1969.  Página: 1, 15. Páginas: 2. Párrafos: 56. 

TEXTO DEL DECRETO-LEY

Acciones minoritarias, pero sistemáticamente dirigidas «. turbar la paz de España y «u orden público, han venido produciéndose en los último» meses, claramente en relación con una estrategia Internacional que ha llegado a numeroso* países.

La defensa de la paz y el progreso de España 7 del ejercicio de los derechos de loa españoles, deseo unánime de todos los sectores sociales, obliga al Gobierno, en cumplimiento de su deber, a poner en practica medios eficaces y urgentes que corten esos brotes y anomalías de modo terminante.

Por tanto, se hace uso de los recursos que la Ley establece, y en particular de lo dispuesto por los artículos 35 del Fuero rldlco de la Administración del Estado, y 25 de la ley de Or-rldico de la Administración del Estado, y 25 de la ley De Orden Público.

En su virtud, y prerto acuerdo del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Articulo 1, Durante el plazo de tres meses, contados desde la publicación del present» decreto-ley, se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, quedando «n suspenso los artículos 12, 14, 15, 18 y 18 del Fuero de los Españoles.

Articulo 2. El Gobierno adoptari tas medidas en cada caso más «dccuadaa, conforme a la legislación Vigente.—

Articulo 3. Del present* decreto-ley s« dará cuenta Inmediata a las Cortes,

Asi lo dispongo por el present* decreto-ley, dado en El Pardo a 24 de enero de 1969.—Cifra.

N. de la R.

Los artículos dol Fuero de lot Españoles a que te re/iere el estado de excepción ion los siguientes:

ARTICULO 12.—Todo español podrá expresar libremente sns idcaí mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado,

ARTICULO 14.—Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional

ARTICULO IS.—Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registro en él tin tu consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad compélante y en ¡os catns y rn la forma que establecen las leves.

ARTICULO 36.—Lot españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines licitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes. El Estada podrí crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de lev, coordinaron el ejercicio de este derecho con el reconocido en el parrólo anterior.

ARTÍCULO IS.—Ningún español podrá ser detenido, tino en los casos y en la forma que prescriben las leyes.

En el plazo de setenta y dos horat, todo detenido será puesto en libertad o entregado a ¡a autoridad judicial

MM DE U AUTORIDAD GUBERNATIVA

Según determina e! artículo 10, número 9, de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, es de la competencia del Consejo de Ministros "acordar ¡a suspensión loto! o parda! de ¡a vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de Jos Españoles, declarando eí alcance y duración de la medida, y declarar y levantar, de acuerdo con la ley de Orden Público, los estados de prevención, alarma y guerra"

Facultades É lo autoridad gubernativa durante el estodo de excepción

Conforme establece la ley de Orden Público en su capítulo tercero, las prescripciones sobre el estado de excepción son las siguientes:

PODERES DEI, GOBIERNO

Artículo 25. 1 Cuando alterado el orden público resultaren insuficientes las facultades ordinarias para restaurarlo, podrá el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, asumiendo los poderes extraordinarios que en este capítulo se determinan. De igual modo podrá hacerlo si la magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare.

2. El decreto-ley que se dicte determinará qué garantías jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los Españoles quedan suspendidas con arreglo a su artículo 35, y si no lo fueran todas, podrá acordarlo en decretos-leyes sucesivos dictados en los casos y momentos que estime pertinentes.

N. de la R.: El artículo 35 del Fuero de los Españoles dice textualmente: "La vigencia de los artículos doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno, total o parcialmente, mediante decreto-ley que taxativamente determine el alcance y duración de la medida."

Art. 26. 1. El Gobierno deberá dar cuenta inmediata a las Cortes de los decretos-leyes men. clonados en el artículo anterior, así como de aquel por el que se restablezca la normalidad, sin que sea necesario el trámite previsto en el artículo 10, números, de la ley de 26 de julio de 1957.

2. Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro de los tres meses siguientes a la declaración del estado de excepción, el Gobierno pondrá en conocimiento de las Cortes las razones que aconsejen su prórroga.

Art. 27. Las medidas que se adopten para la restricción parcial o total de las garantías suspendidas por los decretos-leyes que declararon el estado de excepción se limitarán a los términos que en cada caso aconsejen las exigencias del orden público.

DETENCIÓN Y RESIDENCIA

Art. 28. Las autoridades gubernativas asumirán las siguien. tes facultades con arreglo al decreto o decreto-leyes que se dicten:

a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que en el bando se determinen; la formación de grupos o estacionamientos en la vía pública y los desplazamientos de localidad, o bien exigir a quienes los hagan que acrediten eu identidad personal y el itinerario a, seguir.

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en

las mismas, así como prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan difi. cuitar la acción de la fuerza pública.

c) Detener a cualquier persona si lo consideran necesario para la conservación del orden.

d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con dos días dé antelación.

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o lugar de su residencia de las personas que por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de actividades subversivas.

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la nación, a ser posible adecuado a las condiciones personales del individuo, de aquellos en quienes concurran las circunstancias del párrafo anterior.

Estas medidas cesarán con las circunstancias que las motivaron.

CENSURA

Art. 29. La autoridad gubernativa podrá ejercer la censura previa de la Prensa y publicaciones de todas clases, de las emisiones radiofónicas o televisadas y de los espectáculos públicos o suspenderlos en cuanto puedan contribuir a la alteración del orden público.

REGISTROS

Art. 30. 1. Las autoridades gubernativas podrán disponer inspecciones y registros domiciliarios en cualquier momento que se considere necesario.

2. En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá que ser siempre presenciado por el dueño o encargado de la misma o por uno o más individuos de su familia y por dos vecinos de la propia casa o de las inmediaciones si en ellas los hubiere, y, en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo.

3. No hallando en ella al dueño o encargado de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento a pre. sencia únicamente de los dos ve. cinos indicados, levantándose acta, que firmará con ellos la autoridad o su delegado.

4. La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria.

5. En caso de no ser hallados vecinos que puedan presenciar el registro, se llevará a efecto haciendo constar esta circunstancia en el acta.

EXTRANJEROS

Art. 31. 1. Los extranjeros transeúntes en España están obligados a realizar la presentación y a llenar las demás formalidades que con respecto a ellos acuerde la autoridad. Quienes las contravinieren u ofrecieren indicios de concomitancia con los revoltosos serán expulsados del país, salvo que los hechos constituyan delito, caso en el que se les someterá al procedimiento corr e s p o n-diente.

2. Los extranjeros con residencia en España debidamente autorizada y registrada quedarán sujetos a las mismas disposiciones que los nacionales y a las normas que se establezcan sobre renovación o control de su tarjeta de identidad o cédula de inscripción consular. Si en su conducta se apreciara connivencia con los perturbadores podrán ser expulsados del territorio nacional, previa justificación sumaria de las razones que lo motivan. Los interesados, sin perjuicio del cumplimiento de lo acordado, podrán recurrir en alzada.

3. Los apatridas o refugiados respecto de los cuales no sea procedente la expulsión seguirán el estatuto de los nacionales.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Art. 32. 1. Asimismo, y con carácter extraofcfinario, se podrán acordar las siguientes medidas de seguridad y prevención.

a) Revocar total o parcialmente los permisos de tenencia de armas.

b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios públicos de transportes, comunicaciones o cualquier otro, se coopere a provocar o mantener la alteración del orden.

c) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, servicios públicos e industriales o explotaciones de cualquier género.

d) Emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia.

Las medidas que se indican en los dos apartados anteriores llevarán consigo la obligación de los dueños, moradores o encargados de consentir las limitaciones que exija la utilización de las fincas o instalaciones afectadas.

e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, la libertad de comercio, el funcionamiento de los servicios públicos y de los centros de producción y trabajo, pudiendo exigir la prestación personal obligatoria de sus trabajadores y empleados y considerándoseles, en cuanto duren las circunstancias, como funcionarios públicos al servicio del Estado y sometidos al estatuto legal, jerárquico y disciplinario de éstos, bajo las órdenes directas de la autoridad o sus delegados.

f) Movilizar los recursos del territorio o de las localidades en que se declare el estado de excepción, pudiendo llegar, si fuera necesario para remediar la calamidad o dominar la perturbación, a disponer de las armas, municiones, vehículos, carburantes, víveres, animales o materiales de toda clase o a la intervención u ocupación de industrias, fábricas, talleres o explotaciones.

2. Cuando a consecuencia de la ejecución de estas medidas procediere alguna indemnización, ésta se regulará de conformidad con lo que previene la ley de Expropiación forzosa.

FUNCIONARIOS

Art. 33. 1. Si algún funcionario o persona al servicio del Estado, provincia, Municipio y entidad o Instituto de carácter su cOTaOTtaia ácraacíón de los elementos perturbadores del orden o se negare a cooperar con la autoridad constituida cuando le fuere expresamente reclamado, podrá ser suspendido provisionalmente por ésta de su empleo, cargo o función y sueldo anejos en tanto duren las circunstancias, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno.

2. Ademas, se pasará el tan-19 de culpa a la autoridad judicial correspondiente y se notificará al superior jerárquico a los efectos de oportuno expediente disciplinario.

MULTAS

Art. 34. Las autoridades podrán sancionar los actos contra el orden público con multas superiores en un 50 por 100 a lo autorizado en el capítulo segundo.

Lo dispuesto en el capítulo se-gund que se cita en el artículo anterior es esto:

Art. 19. 1. Los alcaldes podrán sancionar los actos contra el orden público con multas que no excedan de 250 pesetas en Municipios de hasta 10.000 habitantes, de 500 pesetas en los de 10.000 a 20.000, de 1.000 pesetas en los de más de 20.000, de 2.500 pesetas en los de más de 50.000 y de 5.000 pesetas en los de más de 100.000,

2. Los delegados del Gobierno en las islas Canarias y Baleares podrán sancionar las mismas faltas con multas de hasta 2.500 pesetas. Los gobernadores civiles podrán hacerlo en cuantía que no exceda de 25.000 pesetas; el director general de Seguridad, hasta 50.000 pesetas; el ministro de la Gobernación, hasta 100.000 pesetas, y el Consejo de Ministros, hasta 500.000 pesetas.

3. Seguirán encomendadas al director general de Seguridad las atribuciones que en este orden le corresponden en Madrid y su provincia, sin perjuicio de las peculiares del gobernador civil en materia de régimen local u otras cuestiones.

 

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