Autor: Herrero, Leandro Ángel (TULIO). 
   Fin del estado de excepción     
 
 Madrid.    24/03/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 26. 

España

«La Gaceta»

FIN DEL ESTADO DE EXCEPCION

Así queda restablecida la normalidad constitucional y las facultades extraordinarias de la autoridad gubernativa previstas en la ley de Orden Público

TERMINAN LA CENSURA DE PRENSA

Cuando, alterado el orden public», resulten insuficientes las facultades ordinarias para restaurarlo; o cuando la magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare, podrá el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional, dice la ley de Orden Público. Haciendo uso del poder que proporciona esta norma, el Gobierno, por el decreto-Ley 1-1969, de 24 de enero, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional durante un período de tres meses.

Como se sabe, los decretos-leyes son típicas normas de urgencia que se dan en los casos en que no es posible reunir a las Cortes por la premura de tiempo. Esta urgencia la determina una Comisión especial, a la que se refiere el artículo 12 de la ley de Cortes. Pero en el caso de la declaración del estado de excepción, como en el de su cese, la urgencia se sobreentiende y no es necesario este dictamen, aun cuando sí dar cuenta inmediata a las Cortes.

Este fue el caso del decreto-ley de 24 de enero y el del 8/1969, de 22 de marzo, publicado en el "Boletín Oficial" de hoy, por el que antes de transcurridos los tres meses previstos se levanta el estado de excepción en todo el territorio nacional, "desaparecidas las circunstancias que motivaron la declaración", según dice el breve preámbulo del texto legal. Que al decir "en todo el territorio nacional" se refiere también a Guipúzcoa, en cuyo territorio el estado de excepción existía ya antes del 24 de enero.

LAS GARANTÍAS RECOBRADAS

El decreto-ley que se dicte para declarar el estado de excepción ha de determinar, según la Jey de Orden público, qué garantías jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los Españoles quedan suspendidas con arreglo a su artículo 35. Si no lo fueran todas, podrá acordarse en decretos-leyes sucesivos. Hay aquí mía remisión de la ley de Orden público al Fuero de los Españoles, según el articulo 35 del cual puede suspenderse la vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18. El Gobierno dejó subsistente el 13, que garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia en todo el territorio nacional. Y suspendió de una sola vez, y no por decretos-leyes sucesivos, los restantes derechos a que está legal-mente autorizado. Son los siguientes, que mañana se recobran, todos ellos del Fuero de los Españoles:

Artículo 12. Todo español podrá expresar libremente sos ideas mientras no aten-ten a los principios fundamentales del Estado.

Articulo 14. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.

Articulo 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad • competente y en los casos y en la forma que establezcan las leyes.

Articulo 16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes.

£1 Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de ley, coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior.

Artículo 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes.

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial.

MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO QUE CESAN

Aparte de la suspensión de las garantías constitucionales, la ley de Orden Público prevé tinas medidas que pueden adoptarse en el estado de excepción, limitadas "a los términos que en cada caso aconsejen las exigencias del orden público". Con arreglo a esté principio las a u t o r i d ádes gubernativas asumen unas facultades que no poseen en el estado de normalidad que mañana se recobra y que son las siguientes, todas ellas de la ley de Orden público:

a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lagares qtse en el bando se determinen; la formoción de grupos o estacionamientos en la vía pública y los desplazamientos de localidad, o bien exigir a quienes los hagan que acrediten su identidad personal y el itinerario a seguir.

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas, así como prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública.

c) Detener a cualq u i e r persona si lo consideran necesario para la conservación del orden.

d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con dos días de antelación.

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o lugar de su residencia de las personas que por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de actividades subversivas.

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la nación, a ser posible adecuado a las condiciones personales del individuo, de aquellos en quienes concurran las circunstancias del párrafo anterior.

Asimismo las autoridades gubernativas podrán disponer inspecciones y registros domiciliarios en cualquier momento que se considere necesario y con arreglo a unas normas de seguridad que la misma ley establece. La ley prevé un conjunto de medidas de carácter extraordinario que deben acordarse expresamente, a las que no ha sido necesario llegar, y unas normas especiales para extranjeros y funcionarios.

LA CENSURA DE PRENSA

El Gobierno, al suspender el artículo 12 del Fuero de los Españoles, relativo a la libertad de expresión, ponía en vigor el artículo 29 de la ley de Orden público, que tiene el siguiente texto:

La autoridad gubernativa podrá ejercer te censor» previa de la Prensa y publicaciones dé todas clases, de ias emteignes tóte>fo^scas o televisüti y d* los espectáculos públicos o suspenderlos en cuanto puedan contribuir a la alteración del orden público.

Y el tercero dé la ley de Prensa e Imprenta, que dice asi: "La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria salvo en los "estados de excepción" y de guerra expresamente previstos e n las leyes." En aplicación de este régimen restrictivo, el ministerio d e Información publicó una orden ministerial del siguiente tenor:

Primero. A partir de la publicación del decretó-ley de 24 de enero de 1969 y en tanto subsista el estado de excepción declarado en el mismo, todos los impresos o publicaciones que se editen en el territorio nacional, tanto periódicos como unitarios, así como los servicios informativos de las Agencias informativas, quedan sometidos a previa censura de la totalidad de su contenido.

Segundo. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, todas las Empresas periodísticas, Empresas editoriales y Agencias informativas deberán presentar con anterioridad a su edición, impresión o distribución los textos o galeradas comprensivos de la totalidad del contenido de sus informaciones, en ejemplar triplicado, cuando se trate de publicaciones periódicas, y en ejemplar duplicado, cuando se trate de publicaciones unitarias, en los servicios correspondientes de las Direcciones Generales de Prensa y de Cultura Popular y Espectáculos del ministerio de Información y Turismo en Madrid o en los Servicios de las Delegaciones Provinciales del departamento en el resto del territorio nacional

Tercero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado

segundo, antes de iniciar su difusión todas las publicaciones habrán de realizar en los servicios ministeriales indicados el depósito de ejemplares a que se refiere el artículo 12 de la ley de Prensa e Imprenta, en el tiempo y forma que en dicho articulo se determina.

Cuarto. El ministerio y sus órganos citados podrán ordenar la recogida inmediata de aquellas publicaciones que no hayan cumplido los trámites a que se refieren los apartados anteriores o cuyo contenido no se atenga a lo determinado por la censura previa en cuanto a la autorización del misino.

Quinto. En lo relativo » la difusión de las publicaciones unitarias ya editadas, la Dirección Genéral #e Cultura Popular y Espectaculos propondrá a este ministerio la suspensión de la diinslBn de las que estime pertinentes, mientras esté en vigor lo preceptuado en el decreto-ley de 24 de enero de 1969.

Sexto. Con independencia de lo previsto en 1» ley de Orden público de 80 de julio de 1959, y sin perjBicio de las responsabilidades pfenal j de cualquier otro orden en que pueda taictirrirse, el incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores será sancionado conforme a lo dispuesto en la vigente ley de Prensa e Imprenta. A efectos de lo dispuesto en esta última ley, él incumplimiento de alguno* de los requisitos contenidos en los apartados anteriores tendrá en todo caso la consideración de infracción muy grave.

En virtud de estos preceptos la Prensa española ha estado sometida a censura desde el 25 de enero hasta hoy. El régimen dé censura previa desaparecerá mañana, en él momento en que entre en vigor el decreto-ley por el que se levanta el estado de excepción, que "entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

La vuelta a la normalidad en cualquier proceso es algo deseable. Pero cuando se trata de un proceso politico jurídico lo es más. Un antiguo adagio romano dice que "Todo el derecho se constituye en favor del hombre". No es excepción el Derecho constitucional español. Suspenderlo es privar al hombre de algo que es suyo y está hecho para él, aun cuando sea en aras del orden, que es lo que justifica esa suspensión. El restablecimiento del derecho con todas sus garantías, desaparecidas las circunstancias que motivaron la suspensión, es un acto de justicia legal. Los españoles estamos de enhorabuena.

TULIO

 

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