Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Consenso entre los partidos y participación popular     
 
 ABC.    20/06/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

CONSENSO ENTRE LOS PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN POPULAR

EN las pasadas semanas han ocurrido algunos hechos de gran trascendencia política, sobre los cuales la

atención informativa ha recaído de modo parcial y desigual, y que es interesante aclarar, poniéndolos en

relación los unos con los otros, y subrayando su importancia para la opinión pública.

Los dos hechos claves son éstos: primero, el que los representantes de algunos partidos políticos se han

estado reuniendo en locales privados para tomar acuerdos sobre cuestiones fundamentales del debate

constitucional (familia, educación, empresa privada, modelo económico y social, autonomías, etcétera),

fuera de los lugares en los cuales, con luz, taquígrafos y Prensa, debían tomarse dichas decisiones. Otros

grupos, como Alianza Popular, hemos manifestado que sólo participaríamos en los foros previstos por la

ley: la Ponencia, si había que revisar o aclarar algún concepto del anteproyecto; la Junta de portavoces,

para la ordenación de los trabajos de la Comisión, o la propia Comisión de Constitución y Iibertades

públicas, para el debate propiamente dicho, y, en su día, el Pleno del Congreso de los Diputados.

La cuestión implicada era, y es, nada menos que ésta: si el pueblo español, y en su nombre los ciudadanos

que componen el cuerpo electoral, pueden conocer una discusión pública y con los argumentos y

facultades dialécticas de cada uno; o bien si una partitocracia, actuando en las tinieblas de las logias

masónicas del siglo pasado, va a llevar prefabricados los acuerdos con la grave sospecha de que en ellos

se contempla, sobre todo el interés de los propios partidos antes que el interés general.

Si alguna duda pudiera quedarnos de la gravedad de este riesgo se ha disipado ante uno de los resultados

más importantes de estos llamados consensos ya detrás de la mesa. Se trata de las instituciones de

democracia semidirecta (iniciativa popular y referéndum) que, con gran esfuerzo (pues ya entonces se

resistió la partitocracia a aceptarlos), había logrado yo meter en la Ponencia, y que ahora han sido

prácticamente reducidos a la nada por la Comisión Constitucional.

La Ponencia proponía que el referéndum, es decir, la aprobación de un texto por la mayoría del cuerpo

electoral, fuera posible en tres casos. El primero, para ratificar un proyecto de ley, aprobado por ambas

Cámaras, y antes de recibir la sanción real. Supongamos una ley haciendo lícito el aborto, o incluso

incluirlo dentro de los servicios de la Seguridad Social. Supongamos que la ley se aprobara por diez votos

de mayoría en el Congreso y cinco en el Senado. Entonces se podría pedir al Rey por el Gobierno, por un

cierto número de firmas, o por determinadas entidades autónomas que, antes de sancionar, sometiera el

texto a referéndum. Esta posibilidad ha sido borrada por la partitocracia, que desea que estos asuntos se

arreglen en una habitación llena de humo, entre media docena de personas, sin que el pueblo pueda decir

esta boca es mía.

El segundo supuesto era aún más interesante, la posibilidad de un referéndum derogatorio, como el que

estos días pasados se ha celebrado en Italia. Veamos otro ejemplo. Supongamos que se apruebe la

proposición comunista de I e y estableciendo el divorcio, incluso por mutuo disenso, o por el mero hecho

de probar que los cónyuges lleven dos años sin vivir juntos. Supongamos también que dentro de dos años

se pueden reunir un millón de firmas para pedir un referéndum, derogando por mayoría dicha ley. Dicha

posibilidad ha sido borrada también por la partitocracia.

La tercera, la posibilidad de un referéndum sobre grandes decisiones políticas (como, por ejemplo, el que

los británicos tuvieron sobre la integración de! Reino Unido en las Comunidades Europeas) ha quedado,

pero meramente consultivo; lo que es absurdo, porque, o se sigue el dictamen de la mayoría, o se tomará

una decisión importante a sabiendas de que es contraria a ella la mayoría de (os ciudadanos.

Así estamos. El sistema democrático necesita de los partidos políticos; pero si éstos intentan convertirse

en el motor de todo el proceso político, entonces la democracia desaparece y se convierte en una mera

ficción. El Parlamento deja de ser una asamblea deliberante, para convertirse en un mero registro de las

decisiones tomadas fuera de él por unos pocos funcionarios del partido.

Con esto, y un poco (más bien un mucho) de manipulación televisiva, la democracia podía (como tantas

otras veces) terminar en España antes de haber comenzado.

El sistema de partidos, n é c e s ario como es para el proceso democrático, ha de ser defendido

eficazmente de sus dos enfermedades crónicas: la partiditis y la partitocracia. La partiditis consiste en un

exceso de partidos; en que no tengan un contenido programática real, sino de meros personalismos

oportunistas; en que no presentan, por lo mismo, alternativas ciaras, significativas, valiosas y permanentes

del pueblo. La partitocracia, como ya hemos indicado, consiste en la detención del poder real por los

partidos, y por los estados mayores que (os dominan, suplantando la opinión pública y la voluntad

popular, de la que deberían ser meros canales de transmisión.

El debate constitucional debe tener muy en cuenta estos puntos. La opinión española debe saber que se

intenta borrarla de la escena. Si es malo un sistema que suprime las elecciones, es aún peor otro que las

reduzca a meras ficciones, a espectáculos de funambulismo, sin opciones claras, sobre las cuales

pronunciarse, y sin responsabilidad de los representantes respecto de lo prometido en las elecciones.

En la Constitución vamos a decidir si queremos para España una familia estable; un sistema de propiedad

privada y de herencia legítima garantizadas; una ompresa libre y fuerte, capaz de crear puestos de trabajo

y más riqueza para todos; un modelo económico y social que produzca una economía dinámica y justa, y

no una burocratización que lo agoste todo; una España unida como nación, o una suma o mosaico de

nacionalidades insolidarias. Estos asuntos deben ser presentados claramente a la opinión, y no detrás de la

cortina de un falso y ambiguo consenso. ¿Cómo pueden estar de acuerdo sobre ellos un comunista y un

liberal?

Y ahora, lo último, pero no lo menos importante. Se ha dicho que luchar en solitario, en estas

condiciones, podrá ser bello, pero inútil, como el último gol de la selección española en Buenos Aires.

Por supuesto que es bello luchar por España, aunque sea en solitario; pero, además, es muy útil. La

Historia no termina mañana, ni pasado mañana. Además del «Diario de Sesiones», otras cosas quedarán

siempre de una buena pelea por el pueblo y por la patria. Las banderas están alzadas; la última palabra no

se dirá, ciertamente, en este o aquel despacho o comedor. La dará España.

Manuel FRAGA IRIBARNE

 

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