El nuevo pacto entre España y Portugal     
 
 Arriba.    23/11/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL NUEVO PACTO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

LA firma por el primer ministro de Portugal, Mario Soares, y el Presidente del Gobierno español, Adolfo

Suárez, del tratado de buena vecindad y múltiple cooperación, acto que tuvo lugar ayer en Madrid y que

se completará en Lisboa con el oportuno canje de los instrumentos de ratificación, inaugura una nueva

etapa de las relaciones entre los dos países que compartimos la Península Ibérica.

De forma expresa, se deroga el llamado «Pacto ibérico» de 1939, que apenas si sussistía de jure, aunque

no ciertamente de hecho. La primera nota esperanzadora del nuevo pacto es, precisamente, el cambio de

lenguaje que se hace ostensible en su misma cabeza: la «no agresión» de 1939 deja paso a la «múltiple

cooperación» con que, o la altura del 22 de noviembre de 1977, ambas altas partes contratantes esperan

servir los comunes ideales de «libertad, bienestar social y progreso de sus pueblos», según reza el primer

párrafo del articulado, animados por «el espíritu de fraternidad universal», a que explícitamente se refiere

el preámbulo.

Motor básico y nudo vinculante del tratado es, por supuesto, la creación de una zona geográfica de

estabilidad y progreso en una península que resulta encrucijada, incluso geográfica, de tres sectores

geopolíticos de primera magnitud: la identidad europea, el patrimonio histórico y cultural iberoamericano,

la confluencia del Atlántico y el Mediterráneo. Parece obvio que la estabilidad peninsular es, en

consecuencia, un importante servicio a los propósitos de distensión y armonía internacional propiciados

por la ONU y el acta de Helsinki.

El tratado se contiene en un texto no muy extenso compuesto por un breve preámbulo y doce artículos:

los tres primeros de cuestiones generales, el cuarto dedicado o las relaciones económicas, el quinto a las

culturales, el sexto a las científicas y tecnológicas, el séptimo a la cooperación fronteriza, el octavo a la

militar, el noveno a la creación del Consejo para la Cooperación Hispano-Portuguesa y los tres últimos q

cuestiones de trámite, todo ello previsto pura una duración de diez años a partir de la fecha de canje de los

instrumentos de ratificación. Parece superfluo poner de relieve la importancia qué va a tener el Consejo

bilateral que se crea, que no sólo supervisará y coordinará los trabajos de las comisiones mixtas» sino que

será el centro de examen de las cuestiones de interés común, incluso relativas al contexto internacional.

Por la amplitud de su contenido, que contempla de hecho todas las vertientes de las relaciones entre

España y Portugal, el nuevo tratado merece la consideración de un positivo acuerdo-marco, susceptible de

generar un amplio número de protocolos adicionales. Por su factura, motivaciones y declaración de

propósitos es un tratado democrático, convenido por dos Gobiernos representativos, que habrá de ser

sometido a los respectivos Parlamentos y que contribuirá, sin duda, a la estabilidad del sistema libre en la

Península Ibérica.

Importa ahora que sus amplias posibilidades reciban rápido desarrollo, que se formen las comisiones

mixtas necesarias y se elaboren y lleven a buen término planes concretos de cooperación. Está claro que a

los dos países interesa «el desarrollo equilibrado y mutuamente ventajoso de sus relaciones económicas»,

a que se refiere el artículo IV, así como la amplia gama de actividades militares conjuntas que prevé el

artículo VIII, o cualquiera de las restantes vertientes del tratado.

Más que dos pueblos «condenados a entenderse», en la vieja y escéptica acepción, España y Portugal son,

para los redactores y signatarios del nuevo tratado, dos países que comparten ahora ilusionadas

perspectivas de libertad, desarrollo y progreso.

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