El Estatuto de Gibraltar     
 
 ABC.    13/09/1963.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

A B C. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1963. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 24

ABC

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TELEFONO 235 17 10 EL ESTATUTO DE GIBRALTAR

La declaración de don Jaime de Piniés ante el "Comité de los 24" de las Naciones Unidas sobre la

situación de Gibraltar expresa con toda nitidez la opinión española frente a un problema que representa a

lo largo de nuestra Historia una constante y hasta aquí insatisfecha reclamación. Pero el hecho,

fundamental es que don Jaime de Piniés haya querido establecer una precisa distinción entre la función de

Gibraltar como base militar en el dispositivo defensivo de Inglaterra y el estatuto jurídico de colonia que

la propia Inglaterra estableció en 1830, y donde Gibraltar recibía un sistema de administración en virtud

del cual Inglaterra debe dar cuenta ante el "Comité de los 24", encargado de revisar periódicamente la

situación de los territorios sometidos al estatuto colonial.

La tesis española arranca, por lo tanto, de la esencial diferencia que existe entre las funciones militares de

Gibraltar y su estatuto jurídico de colonia, entendiendo ambas situaciones como necesariamente

disociables. Y para clarificar una situación equívoca se justifica la intervención de nuestro delegado en las

Naciones Unidas. España no presenta una reclamación en nombre de sus legítimos derechos, porque

nuestro buen derecho es notorio, sino más simplemente porque el estatuto colonial de Gibraltar obliga a

las Naciones Unidas a estudiar su situación política. Conviene repetir las palabras del señor Piniés: "El

Comité de los 24 no ha incluido a Gibraltar en su agenda de trabajo porque España lo reivindicara. Lo ha

incluido por tratarse de un territorio colonial." Es, por lo tanto, el estatuto de Gibraltar cómo colonia

británica lo que a estas horas debate el gran conclave internacional.

Parece evidente admitir que planteada la discusión en su contexto colonial nadie puede pretender

seriamente la prolongación del actual estatuto gibraltareño. Dejando para más adelanta la formulación

positiva del futuro político de Gibraltar, lo que está claro es la imposibilidad de justificar por más tiempo

la presencia de una colonia inglesa en territorio español, porque ninguna situación colonial resulta

compatible con el actual momento de la Historia. No se trata de recordar cómo a título de aliada de un

pretendiente sin título bastante que oponer al del heredero de la Corona de España retuvo Gibraltar

Inglaterra, ni de empeñar una controversia jurídica sobre las condiciones en que tuvo lugar el desembarco

del príncipe Hesse Darmstadt, el Landgrave Jorge, el día 4 de agosto de 1704, ni de exhumar la

impresionante cantidad de documentos que acreditarían las tesis españolas en una querella oratoria, sino

de discutir el estatuto actual de Gibraltar. No es de ayer, sino de hoy, de lo que hace falta hablar.

Las reivindicaciones basadas exclusivamente en pretextos históricos carecen de vigencia en la actual

situación política del mundo, y pertenecen ya a la pura arqueología dialéctica. La modificación inapelable

del estatuto actual de Gibraltar viene dada, por el texto de la resolución 1.514, aprobada por la Asamblea

General de la Ó. N. U. en su sesión de 14 de diciembre de 1960: "Todo intento conducente a una

desintegración total o parcial de la unidad nacional y de la integridad territorial de un país es incompatible

con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas." La amputación que sufre la geografía

española en la bahía de Algeciras es tan escandalosa que no necesita mayores demostraciones. Basta

situarse en La Línea de la Concepción unos instantes para darle cumplida respuesta visual a la resolución

1.514 de la Asamblea General de la O. N. U.

El aspecto demográfico de la cuestión es igualmente artificial, porque la población de Gibraltar es en

realidad la población del Campo de Gibraltar, que lo rodea y le permite subsistir. Sobre una población de

18.000 habitantes con título de residentes sólo existen en Gibraltar algo menos de 5.000 subditos

británicos. El resto lo constituyen españoles o gentes de diversas nacionalidades. Es difícil admitir que

esta extraña composición demográfica puede interpretarse de otra manera que como imposición colonial

sobre una población que humanamente hablando se extiende más allá de las verjas que separan el

territorio bajo bandera inglesa de su "hinterland" natural que es el Campo de Gibraltar, y que abarca los

términos municipales de Tarifa, Los Barrios, Algeciras, San Roque y La Línea.

Jurídicamente, la "monstruosidad"—el término es el único justo y pertenece al discurso del señor

Piniés—del estatuto de Gibraltar es la confusión que ha transformado una base militar cedida por España

a Inglaterra en virtud de un Tra-tado en una colonia cuya soberanía pretende detentar Inglaterra. Es la

transmutación de una base en una colonia, lo que representa no sólo históricamente una vulneración del

Tratado de Utrecht, sino una situación incompatible con las realidades internacionales de la segunda

mitad del siglo XX.

El código eterno de relación entre países soberanos establece el derecho de negociar la concesión de bases

a determinados países en condiciones precisadas por los Tratados, y en el Mediterráneo tenemos

abundantes ejemplos de todas clases. Mazalquivir, en Argelia, o Bizerta, en Túnez, pueden considerarse

como ejemplos del moderno entendimiento del alquiler de bases a una potencia extranjera sin poner en

entredicho la soberanía del territorio concedido. Se autoriza el empleo de unas instalaciones, pero no se

enajena una soberanía.

España no sólo ha tenido una prudentísima paciencia en el asunto de Gibraltar, sino que por boca de su

propio Jefe del Estado ha expuesto varias veces las fórmulas de conciliación que podrían resolver

razonablemente el problema sin lesionar los intereses de ninguna de las partes comprometidas en el

asunto. Bastaría que a la buena voluntad española respondiese de parte británica otra idéntica voluntad de

diálogo.

 

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