El caso de monseñor Añoveros     
 
 Informaciones.    07/03/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

El "caso de monseñor Añoveros"

MONSEÑOR Añoveros ha salido por propia voluntad de su domicilio en Bilbao esta

mañana temprano, y ha llegado a Madrid, donde tendrá conversaciones con el

nuncio. Quisiéramos que esta noticia fuera un síntoma de. distensión y

desescalada, que la mayoría del país desea y espera. Y que sea seguido de otros

que pongan fin a una desgraciada crisis que ha dado lugar a un triste

espectáculo de discordia que nada beneficia a los intereses reales y profundos,

que son, por otra parte, coincidentes, del pueblo español, de sus gobernantes

legítimos y de la Iglesia española.

No vamos aquí y ahora a recordar errores ni a recoger imputaciones dé quienes,

afortunadamente minoritarios, mas bien parecen interesados en radicalizar un

coaflicto entre la Iglesia y el Estado. Colegas ponderados y prudentes como

«ABC» y «Ya» han coincidido en apreciar que la homilía de monseñor Añoveros fue

«inoportuna» y, como tal, «imprudente». Lo que a partir de ahí podía haber sido

motivo de una negociación y acuerdo sin salir de la discreción, se ha convertido

en una situación extremadamente delicada. Esta pudo evitarse si hubieran operado

con plenitud los cauces de diálogo a muy alto y directo nivel. Por falta de

esto, el problema se encastilló en cuestiones de principio ajenas a la verdadera

naturaleza del mismo.

Con independencia del juicio que nos merezca el texto de la controvertida

homilía, lo que no se puede es considerar, como ha hecho algún colega, sin

sentencia judicial por medio, que aquel contenido lesiona la constitucionalidad

vigente. Por otra parte, tampoco puede aceptarse que las actuaciones

gubernativas obedezcan a otro móvil qué no sea la preocupación por proteger a la

comunidad en un problema tan delicado como es el del pueblo vasco. Pero ¿es que

acaso Iglesia y Estado en España tienen intereses y persiguen fines

contradictorios? Si no es así, como es obvio, ambos poderes pueden y deben

encontrar los medios para que no se magnifique un punto de tensión entre una

autoridad! eclesiástica y una civil. Así lo exige el bien común de los

españoles; que es lo que nos preocupa en este asunto, y que obliga por igual al

Estado y a la Iglesia. Y asi lo deseamos, en bien, especialmente, del pueblo

vasco, de cuyo españolismo tanto como de su peculiaridad no pueden existir

sospechas.

Quizá la secular tradición católica española, el que la historia de este país y

la de su Iglesia se crucen y entrecrucen a veces hasta confundirse, la misma

confesionalidad del Estado, no permiten ahora, en los tiempos de cambio,

objetivizar las relacionas Iglesia-Estado y resolver los conflictos entre ambos

poderes en su marco justo, sin hacer de ellos problema y debate nacional. Todos

los españoles debiéramos empezar pop asumir nuestra parte alícuota de

responsabilidad en el peculiar y nada beneficioso estado de las relaciones entre

la Iglesia católica y el poder temporal. Nada beneficioso, por cuanto pendientes

como están importantes problemas de convivencia nacional, resulta lamentable un

atizamiento de fuegos medievales —forcejeo Iglesia-Estado— que debieran estar

ampliamente superados en el aniomo de todos.

Retrocedamos un poco en el tiempo. Los distintos puntos de vista entre la

Iglesia española, y el Estado a cuenta de la revisión del Concordato de 1956

desembocaron en un punto muerto en él que llegó inexplicablemente a especularse

sobre algo obvio y perfectamente claro: ¿quién tenía el Estado delante como

interlocutor válido, la Iglesia española o la Santa Sede? Aquel nivel de tensión

culminó con el rumor oficioso de que el Estado podría abocar a conceder a la

Iglesia española un "estatuto" unilateral.

Monseñor Cassaroli, secretario vaticano para Asuntos Públicos, hizo una escala

en Madrid, y en conversaciones con el entonces ministro del Exterior, señor

López Rodó, alivió aquella tensión artificial. Poco duró aquel clima de

"distensión. Estalló entonces el problema de la prisión de sacerdotes de Zamora,

precisamente cuando estaba a punto de ser resuelto a satisfacción de todos.

Autoridades eclesiásticas y civiles habían llegado a un acuerdo de principio

sobre la supresión del "ala de sacerdotes" de dicha cárcel.

Antes de que tal acuerdo pudiera ponerse en práctica, los sacerdotes presos

protagonizaron los incidentes de todos conocidos, al tiempo que un grupo de

personas ocupaban la Nunciatura. Protesta diplomática española ante la Santa

Sede. Nuevos rumores relativos a un posible relevo del nuncio Dadaglio. Presunta

querella previa a procesamiento contra monseñor Añoveros y querella firme contra

monseñor Palenzuela.

Después, otro paso adelante: la clarificación papal con motivo de la

canonización en Boma de Santa Teresa Jornet y los nobles sentimientos de

apaciguamiento y conciliación suscitados por el acontecimiento doloroso del

asesinato del presidente Carrero Blanco. Hechos positivos que ahora quedan

subsumidos en los tristes sucesos derivados de la lectura de una homilía de

monseñor Añoveros.

Quisiéramos que este exordio esquemático reflejara la ausencia de

desapasionamiento, el exceso de personalización, la falta de serenidad que a

cuenta de las relaciones Iglesia-Estado han podido dar unos y otros, gobernantes

y gobernados, autoridades eclesiásticas y sacerdotes o fieles de fíla. Esa parte

alícuota de respon. sábilidad a que aludíamos en un principio, responsabilidad

que a todos afecta, no es una postura cómoda de reparto proporcional de culpas.

Es que es así. Ignoramos si algunos padres de la Iglesia pretenden "hacer

política", pero sobran pruebas públicas de que muchos ciudadanos "hacen

política", de uno u otro signo, a cuenta de los padres de la Iglesia.

Y en un "climax" apasionado y tenso olvidamos la norma y la regla con que se

miden, sopesan y resuelven problemas sustancialmente sencillos, como lo es "el

caso de monseñor Añoveros". ¡Estos días no han faltado comentarios editoriales,

más o menos acertados, pero que no consideran un punto: la legalidad o

ilegalidad de la carta pastoral de Añoveros. Dado que albergamos la firme

creencia de que la Justicia es sobradamente quien para dirimir la legalidad o

ilegalidad de un acto o una conducta, tenemos que lamentar la .precipitación en

extraer Juicios particulares, ´´favorables o no, de un documento y una actitud.

Monseñor Añoveros, a más de jerarquía de la Iglesia, es ciudadano, español. M

Estado, teniendo conocimientó previo de la existencia, de la pastoral que nos

ocupa, estaba en su derecho de recomendar que no fuera leída. Monseñor Añoveros,

como obispo de su diócesis, estaba en su derecho de acceder o no a la petición

gubernamental con arreglo a los dictados de su conciencia. Y una vez hecha

pública la pastoral en cuestión, no ya el Gobierno, no ya un jefe superior de

Policía, no ya un ministro, sino el Ministerio Fiscal, de oficio, es quien tiene

facultad para después de apreciar delito en el susodicho documento, abrir un

expediente sobre un acto de un ciudadano español.

Si el procedimiento previo encuentra en su camino indicios racionales de

culpabilidad, el Ministerio Fiscal habrá de plantear la comparecencia ante un

Tribunal de un ciudadano llamado don Antonio Añoveros. Al estar éste amparado

por un Fuero —el eclesiástico— habrá de solicitarse a Roma, con la discreción

debida, la preceptiva autorización de la Santa Sede. Y de la buena voluntad y

recto entendimiento de la Santa Sede no vamos a dudar. Ella estimara a la luz de

razones jurídicas y diplomáticas, siempre en contacto con la diplomacia del

Estado español, si procede o no la comparecencia ante los Tribunales de un

obispo residente. Comparecencia que no es deseable en un país como España, y que

debe evitarse mediante negociación, pero que siempre sería preferible —la

presencia de una decisión judicial— a la simple situación de conflicto que

crece.

Los anteriores se nos antojan los caminos lógicos, desapasionados y, sobre todo,

propios de una relación de Derecho entre dos poderes que ya han establecido

tales modos de común acuerdo en un texto concordatario en vigor. Lo que, con

todos los respectos, no nos parece acertado —y coincidimos aquí con el

comentario que ayer publicaba nuestro colega «A B C»— es la detención

domiciliaria de un obispo o la invitación perentoria a que tome un avión y

abandone el territorio nacional. Ambas cosas no añaden un adarme al imperio de

la. justicia y de la prudencia que quisiéramos regulara y decidiera problemas

como él que nos ocupa.

No nos inquieta, cómprobada sobradamente la madurez política del pueblo español,

que un pastor de la Iglesia se ocupe públicamente , de analizar los problemas

sociopolíticos de su diócesis, si al hacerlo no vulnera las leyes que a todos

obligan. No nos asusta, dado que habitamos un Estado de Derecho, la posible

comparecencia de un obispo ante los Tribunales de justicia! previos los trámites

obligados en tal caso. Nos preocupa y nos altera, en cambio, este entramado

artificioso e, innecesario de actitudes políticas, polémicas callejeras, dimes y

diretes, viajes diplomáticos y polinizaciones espúreas.

 

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