Iglesia. 
 Cruzada y reconciliación     
 
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IGLESIA

cruzada y reconciliación.

El objetivo del viaje se había cumplido: Su Santidad Pío XI enviaba ]a bendición

especial al general Franco. El cardenal Goma, primado de España, llevaba la

"buena nueva" al Gobierno de Burgos en la fría mañana del 21 de diciembre de

1936. La estancia en Roma del cardenal fue "muy oportuna para disipar

informaciones tendenciosas que se hacían llegar al Vaticano".

El purpurado entregó al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pacelli —

posteriormente ocupó la silla de Pedro con el nombre de Pío XII— un informe en

el que, entre otras cosas, decía: "El Gobierno de Burgos ofrece, en su conjunto,

un bloque de hombres cristianos, la mayor parte católicos prácticos, varios de

ellos hasta piadosos, que están dispuestos a orientar al Estado español en el

sentido de su tradición católica".

Movimiento salvador.

El primado de Toledo era explícito en la unanimidad del Episcopado: "Por lo que

he tratado con mis hermanos en el Episcopado, no he visto más que la concordia

más absoluta en estimar el Movimiento militar como el único recurso de salvación

de que disponíamos."

Frente a la voz del cardenal Goma se alzó otra figura eclesiástica, el cardenal

Vidal y Barraquer, cuya VOZ no fue finalmente la que se impuso. A la actitud del

purpurado catalán habría que añadir la de monseñor Múgica, obispo de Vitoria,

quien dirigió a José Aguirre. presidente del Gobierno de Euzkadí, un escrito en

torno a la ejecución de cierto número de sacerdotes vascos por las tropas

nacionales.

El respaldo que el Episcopado, salvo el doctor Vidal Barraquer, dio al Gobierno

de Burgos se plasmó en la carta colectiva (8 junio de 1937), en la que

calificaba de Santa Cruzada a la guerra civil. En nombre de Dios los obispos se

pronunciaron a favor de las tropas de Franco, "que luchaban para que se

restablezca el Reino de Dios" Por eso los prelados españoles "apoyamos este

Movimiento armado justo que se ha levantado en defensa del orden y la

civilización tradicional de la patria y que debe reducir a la impotencia a los

enemigos de Dios. "

El documento habría sido impulsado por el cardenal Goma tras una conversación

mantenida con el general Franco en mayo de 1937. Al parecer, Franco se lamentó

de la campaña injusta que se hacía en el extranjero contra España, aun en los

medios ca-

tólicos, y rogó al cardenal que la jerarquía española hiciera algo por disipar

dudas y aclarar el horizonte. El cardenal Barraquer no se sumó al documento

porque —señala— "lo considero propio para propaganda, pero lo estimo poco

adecuado a la condición y carácter de quienes han de suscribirlo".

Lecciones de censura

Tras la guerra civil, el 8 de septiembre de 1939, vendrían las "Lecciones de la

guerra y deberes de la paz" —pastoral escrita por el cardenal Goma en el

convento de las Josefinas de Pamplona— que no vieron la luz porque las tachó la

censura. El lápiz rojo fue del entonces ministro de la Gobernación Ramón Serrano

Súñer, a quien el cardenal envió una carta en los siguientes términos: "No es

éste el medio más adecuado para fomentar las mutuas relaciones entre las altas

autoridades de la nación ni de corresponder a mis constantes esfuerzos en pro de

la patria."

Durante los años cuarenta, la Iglesia experimentó una exaltación de su función

institucional como poder sin réplica. Su "status" jurídico, propio de un estado

confesional, la situó en un plano dominante: Se restableció la dotación

económica del culto y clero, la enseñanza religiosa se hizo obligatoria, se

derogaron las leyes del divorcio y del matrimonio civil, los cementerios pasaron

a la jurisdicción eclesiástica, se establecieron beneficios fiscales y el

control de la Iglesia se extendió a los textos escolares y a la participación en

todos los organismos de censura.

En 1941 se firmó una convención por la que el Vaticano designaría los obispos

elegidos de una lista de tres nombres que le sería propuesta por el Gobierno

español.

Meses después del fin de la Segunda -Guerra Mundial, el Primado de España,

monseñor Pía y Deniel, hizo pública una pastoral, en la que hablaba de "la paz

externa, para que nadie se entrometa en los asuntos internos, que sólo a España

afectan. Paz interna que consolide nuestra unidad y perfecione y corone !a obra

de nuestra Cruzada."

Concordato.

El nacionalcatolicismo proclama de nuevo sus objetivos con la firma del

Concordato con la Santa Sede el 27 de agosto de 1953, "que ya nació inadaptado a

su época", en opinión del profesor Carvajal. En apariencia ha sido el más

ventajoso que la Iglesia haya obtenido jamás en España. En el mismo se

establecía la total vinculación económica de la Iglesia al Estado y el derecho

de presentación de obispos.

Hacia 1954 surge, a través de los movimientos apostólicos Acción Católica y la H

O A C—, la primera actitud crítica que no participa en el aparato de poder y

supone una toma de conciencia en otro sentido:

"la religión como protesta", según apuntó Tuñón de Lara en "El hecho religioso

en España". Esta postura se pone de manifiesto cuando las grandes huelgas de

1962, en las que participan obreros católicos, que son apoyados por la JOC, la

HOAC, así como por sacerdotes.

La, publicación de la encíclica "Pacem in Terris", de Juan XXIII, el 11 de abril

de 1963, así como la convocatoria del Concilio Vaticano II marcaron un cambio en

la evolución del pensamiento católico español orientándolo en un sentido

democrático que exigía la protección de los derechos fundamentales y las

correspondientes libertades públicas. A este cambio contribuyeron bastante los

semanarios católicos "Signo", "Aún", "Juventud Obrera", "Mundo .Social"...

En contraposición a la actitud progresista, tomaría cada vez más fuerza, incluso

en el aparato de poder, el "Opus Dei", que representaría la línea integrista del

catolicismo español.

Pablo VI y las condenas.

En el interregno conciliar, el cardenal Montini, futuro Pablo VI, envía un

telegrama al Jefe del Estado solicitando clemencia en favor de Julián Grimau,

dirigente del Partido Comunista de España, condenado a muerte y ejecutado

después.

La segunda fase del Concilio la inaugura Pablo VI en septiembre de 1963. Los dos

postulados que iban a tener más influencia en España en las relaciones Iglesia-

Estado serían la presentación de obispos y la libertad religiosa. "En cuanto a

las autoridades civiles —decía el Concilio—, cuya obediente voluntad para con la

Iglesia reconocemos, se les ruega que quieran renunciar a los derechos de

presentación de obispos". (A este respecto, Pablo VI escribiría en abril de 1968

una carta al general Franco.) La declaración conciliar sobre libertad religiosa

planteó el problema de regular la situación jurídica de los no católicos en

España. La garantía del derecho a la libertad religiosa fue establecida por la

ley del 28 de junio de 1969. El ejercicio de este derecho "debe ser compatible

con la confesionalidad del Estado".

Con el nombramiento de monseñor Tarancón para la archidiócesis de Toledo en 1969

entraría, a nivel de jerarquía, el centrismo en la Iglesia española. A la muerte

de monseñor Morcillo, le sucede en la diócesis de Madrid monseñor Tarancón. En

este nombramiento, "el Vaticano gana la partida frente a los círculos

gubernamentales, cuyo candidato ´in pectore´ era monseñor Morcillo", según

publicó en su día Henri Debelius en "The Times".

Un año antes de que Enrique y Tarancón se hiciera cargo de la diócesis de Madrid

se celebraría la asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Todo el clero nacional —

20.114 sacerdotes— tomó parte en la gran encuesta previa, respondiendo por

diócesis a un cuestionario de 268 preguntas. Sobre esta encuesta se elaboraron

las siete ponencias que constituyen aún hoy el análisis más exhaustivo que se

haya hecho de la realidad religiosa en España.

"Si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está

en nosotros. Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque

nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ´ministros de reconciliación´ en

el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos."

(Conclusión 34 de la I Ponencia de la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes

celebrada en Madrid, en el otoño de 1971.)

A raíz de la Asamblea Conjunta quedó claro que existen dos corrientes en la

jerarquía española: la renovadora, capitaneada por monseñor Palenzuela,

Jubany..., y la integrista, al frente de la cual se encontraba monseñor Guerra

Campos, actual obispo de Cuenca, que había entrado ya en conflicto abierto con

la Conferencia Episcopal en 1972. Ante las pantallas de TV. E. criticó la línea

renovadora del Episcopado. Es más, otorgó, en solitario, su apoyo a las

"Jornadas Internacionales de Zaragoza", organizadas por la integrista "Hermandad

Sacerdotal". Tres años después, Guerra Campos albergaría en Cuenca a la

"Hermandad Sacerdotal", versión eclesiástica de "Fuerza Nueva", que no encontró

lugar en España para exponer sus postulados anti Conferencia Episcopal.

En aquel mismo año de gracia de 1972, el presidente del Gobierno, Luis Carrero

Blanco, lamentó, ante un consejo de ministros, según cree saberse ahora, la

ingratitud de la Iglesia española. Las ingratas cifras eran trescientos mil

millones de pesetas que había dado a la Iglesia el Régimen desde su fundación.

Cárcel concordataria.

Las palabras del que fuera primer ministro hacían referencia a la actitud

contestataria del clero, que ha llegado a Henar la cárcel concordataria de

Zamora, donde se encuentran sacerdotes cumpliendo condena por delitos políticos.

En los últimos años no es raro ver, en distintas diócesis españolas, la entrada

en la cárcel de clérigos, bien por arresto sustitutorio, por impago de multas

debido a homilías o bien cumpliendo condena tras su procesamiento en el Tribunal

de Orden Público. (En muchos casos no se abre el proceso porque no lo autoriza

el prelado respectivo.)

Los encarcelamientos por homilías han sido los más frecuentes. Y también las

multas. De 1972 a 1975, las multas por homilías "ascendieron a más de once

millones de pesetas", según publicó la revista "Vida Nueva". En ningún caso,

según la publicación, hubo dictamen pastoral previo a la multa por parte de la

autoridad eclesiástica.

Navarra figura a la cabeza como provincia que recoge el mayor contingente de

sacerdotes con sanciones deeste tipo.

Entre las homilías que llegaron a suscitar un momento tenso en las relaciones

Iglesia-Estado, figura la que hizo pública monseñor Añoveros, obispo de Bilbao,

en febrero de 1974, en torno al País Vasco. Tras la carta pastoral, monseñor

Añoveros, que estuvo retenido varios días en su casa, viajó a Roma y después

tomó un mes de "descanso" en Andalucía.

Con menos tensión, aunque con igual resonancia, fue acogida la homilía del

obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta, que leyeran unos cincuenta

sacerdotes de su zona, Vallecas, el segundo domingo de octubre de 1975. La

homilía hacía referencia al terrorismo, a las cinco ejecuciones llevadas a cabo

en los días precedentes, a la pena de muerte y a la reconciliación.

En torno a la reconciliación, los obispos españoles se habían pronunciado con

anterioridad, en abril de 1975. Coincidiendo con el Año Santo de la

Reconciliación, la jerarquía española hizo pública una carta colectiva en la que

hablaba de la reconcilición entre los españoles, "superando la división

producida por la guerra entre hermanos, llevada a cabo en 1936".

El texto de la carta y el espíritu de la misma —reconocía la pluralidad de

opciones del pueblo español, abogaba por el pleno reconocimiento de los derechos

de reunión, asociación y expresión— distaba mucho de aquella otra carta

colectiva del Episcopado español que, treinta y ocho años antes, hablaba de la

Santa Cruzada, de buenos y malos y de exterminios.

74 / CAMBIO16

 

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