Iglesia y Estado: Autonomía de mutuo acuerdo     
 
   17/08/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

IGLESIA Y ESTADO: AUTONOMÍA DE MUTUO ACUERDO

Rumores fundados hablan de una reanudación de las conversaciones España-Santa

Sede para la renovación del Concordato. La confirmación sería positiva, por

cuanto la revisión de las relaciones Iglesia-Estado se hace cada vez más

insoslayable, como voces autorizadas de ambos poderes no han cesado de reconocer

y proponer. El nuevo Gobierno se ocupó del tema en su primera declaración

programática, y el Episcopado español lo trató ampliamente en el documento sobre

«La Iglesia y la comunidad política».

Parece que el sentir más común en el país es que el planteamiento clave de las

relaciones Iglesia-Estado debe basarse en la libertad e independencia, autonomía

y sana cooperación entre ambas esferas. Se precisa una fiara delimitación entre

la religiosa y la política. «No se trata de romper una colaboración legítima y

necesaria», declaraba hace poco el cardenal Tarancón, sino de poner fin a una

unión que comporta «casi una enfeudación». Y el anterior subsecretario de

Justicia decía por su parte: «La separación de la Iglesia y el Estado no debe

producir escalofríos a nadie; lo malo es que ambos se ignoren o se hostiguen.»

En virtud de todo esto, parece necesario que aquellas relaciones se precisen de

común acuerdo, y no mediante la mutua ignorancia o las medidas unilaterales,

bien sea a través de un Concordato, bien por medio de acuerdos concretos sobre

aspectos de interés común.

Seria ingenuo ignorar que a raíz del Vaticano II, en este país, la temática

eclesial ha sido extraída de su ámbito especifico para pasar a ser pasto de

comentarios, mentideros de corte y motivo del que hacen particular uso numerosos

grupos de opinión. Un tema clarisimo, desprovisto de doblez, como es la

acomodación de la Iglesia a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias

sociales, pudo convertirse así, por traslación, en terreno de polémicas, que a

la postre no afectan sustancialmente al Estado o la Iglesia si tenemos la

voluntad de contemplarlas con alguna ecuanimidad.

Tampoco seria realista desvestir de trascendencia social — «social» mejor que

«política»— a todo el movimiento renovador desprendido del Concilio. Esa

renovación ha motivado acoplamientos, reajustes de mentalidad, que

inevitablemente tenían que producir dentro de la Iglesia alguna tensión y

expectativas no menos lógicas en los estamentos políticos del Estado. Pero todo

ello sin que la expresión «crisis dentro de la Iglesia» o «crisis entre las

relaciones Iglesia - Estado» pueda utilizarse en rigor y con todo su alcance.

Lo que si ha ocurrido es que el período de asentamiento de la Iglesia española,

obligado tras el Concilio, ha servido, muy a pesar de la Iglesia y del Estado,

como pretexto para que algunos diriman en ese «campo del honor» sus diferencias

sobre teología y política y las posibles conexiones entre ambas disciplinas.

Dentro del específico terreno de Ja Iglesia española no es difícil escuchar más

ruido que «divisiones» importantes. La Jerarquía está haciendo gala de una

prudencia y mesura encomiables. Los cambios de enfoque «conciliar» se llevan a

cabo sin asperezas para aquellos sectores que menos preparados estuvieran para

asimilarlas. Las reuniones de la Conferencia Episcopal, píese al chirriante

tratamiento informativo que suelen recibir, emiten documentos-colchón contra los

que nadie puede romperse la cabeza o las convicciones, ni quienes quisieran una

Iglesia constantiniana ni quienes quieren marchar más de prisa que sus pies. Las

contestaciones de sectores minoritarios de confesión católica quedan en

anécdotas sin trascendencia subsumidas en la dirección, la paciencia y la

comprensión de una Iglesia española que, como un todo, se revitaliza firmemente,

tranquilamente, en la fidelidad al Concilio y a las directrices del Papa.

El tema de las relaciones Iglesia-Estado es igualmente, a veces, campo de

enfrentamiento de concepciones político-religiosas fuera de lugar y de tono. La

Iglesia y el Estado buscan una nueva esfera de relación en la mutua convicción

de que el Concordato de 1953 está superado y es mas un obstáculo entre las

partes que un canal de sana cooperación. La tesis, a este respecto, de presuntas

reticencias o recelos de parte del Estado español hacia la sustitución del

actual Concordato queda descalificada, por ejemplo, con las palabras del Jefe

del Estado en su mensaje del último fin de año.

«Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo —dijo Franco— en servicio de la

Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos

dicta, sin buscar el aplauso, ni siquiera el agradecimiento. Creemos que las

relaciones entre la Iglesia y el Estado han de basarse en la independencia de

ambas supremas potestades y en el reconocimiento de la esfera de autonomía

propia del orden político...» Esto y no otra cosa es lo que persigue la Iglesia

y lo que pretende el Estado.

Coincidencia básica que no impide el toma y daca a la hora de negociar la

renovación de las relaciones concordatarias del pasado; pero nunca tales

problemas, por complejos que resulten, pueden objetivamente desorbitarse o

interpretarse como enfrentamiento entre los dos poderes.

 

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