Iglesia y Estado, sin malentendidos     
 
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LA canonización de la santa española Teresa de Jesús Jornet ha dado pie para

clarificar el «ambiente» de la Iglesia española y las relaciones entre la Santa

Sede y la Conferencia Episcopal, de una parte, y el Estado español, por otra. En

palabras del cardenal Tarancón al Papa —y esto es importante subrayarlo—,

«sabemos cómo Su Santidad valora la fe de nuestro pueblo y cuánto amáis a

España, aunque no siempre se reconozca este vuestro amor que orienta toda

vuestra actuación para con nuestra patria».

El discurso de Pablo VI ante más de cuarenta obispos españoles y un

representante del Estado español (el ministro de Agricultura) encierra algunas

claves; entre ellas, su apoyo sin reservas al Episcopado español y su tarea de

renovación de la Iglesia española, su respaldo a la figura del cardenal Tarancón

como presidente de la Conferencia Episcopal, y a la persona del nuncio, monseñor

Dadaglio, a quien se refirió con las siguientes palabras: «Este nuestro servicio

apostólico para con vosotros, servicio de compenetración y de aliento, tratamos

de realizarlo, de todo corazón, de diversas maneras, y normalmente a través del

nuncio apostólico, quien tiene (y mucho nos agrada el saberlo) vuestra total

confianza, lo mismo que de modo especial goza de la nuestra.»

Se ha dicho que la canonización de Santa Teresa de Jesús Jornet ha servido para

disolver ciertos congela-

mientos en las últimamente enrarecidas relaciones Iglesia-Estado. En realidad,

el acto de Roma lo que ha puesto en evidencia es que entre ambos poderes hubo

más malentendidos que desacuerdos profundos. El cardenal Tarancón. hablando en

Roma con los periodistas, expresó su preocupación por fenómenos como el

anticlericalismo de derechas o la contestación politizada en el mismo seno de la

Iglesia. Mezclar un poco de religión con un poco de política —dijo— encaja

históricamente con el modo de ser español.

Esa mezcla, siempre mal dosificada, es la que ha enrarecido una relación

Iglesia-Estado llamada a ser cordial y en la que ambas .partes nada objetan

(sino que lo desean) a la mutua, independencia. A título de ejemplo, sirva lo

que ya ahora se puede contar: que el problema del ala «concordataria» para

sacerdotes de la prisión de Zamora estaba resuelto «in voce» antes de los

sucesos allí acaecidos, que dieron momentáneamente al traste con la doble

intención —del Estado y de la Iglesia— de suprimir tal prisión especial.

Quedan olvidados ya, con las palabras dichas en Boma, desagradables incidentes,

como el encierro de más de un centenar de personas en la Nunciatura de Madrid,

que motivó una protesta formal ante la Santa Sede del Gobierno español y el

rumor de que monseñor Dadaglio podría ser considerado persona «non grata».

Sabido es el abuso que aquellas personas hicieron de la condición diplomática

del nuncio y su residencia, de cómo intentaron enfrentar las condiciones de

sacerdote y de «embajador» reunidas en la persona de monseñor Dadaglio, y de

cómo entonces —también hay que decirlo— el Gobierno español no supo o no pudo

advertir la indefensión del nuncio ante aquellos «hechos dolorosos», como él

mismo los calificó en la última Plenaria de nuestro Episcopado.

Rumores y especulaciones dejan ahora paso a un entendimiento diáfano de los

problemas pendientes. El nuncio goza de la confianza del Papa y de nuestros

obispos, y entre el palacete de la calle Pío XII y el de Castellana, 3, no hay

ya malentendidos que subsanar. La Santa Sede apoya sin reservas la tarea

renovadora de la Iglesia española que llevan a cabo nuestros obispos y que, a

raíz del Vaticano II, era obligada. Y esa confianza papal se extiende finalmente

a la indiscutible cabeza de fila de la Iglesia española: monseñor Tarancón,

presidente de la Conferencia Episcopal.

El tema de la revisión o supresión del Concordato de 1953 (aún es pronto para

saber si se tomará el camino de un nuevo texto concordatario o el de acuerdos

parciales) sigue en pie, pero nada se opone ya a que las negociaciones queden

exentas de tensiones. No caben dudas sobre quién debe ser el interlocutor del

Estado a la hora de esas negociaciones: la Santa Sede. Como no caben dudas de

que la Santa Sede no llegará a ningún acuerdo que no esté refrendado . por la

Conferencia Episcopal Española.

 

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