Boletín Oficial de las Cortes. 
 El gobierno considera oportuna la revisión del Concordato     
 
 Informaciones.    11/05/1974.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

«BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES»

EL GOBERNÓ CONSIDERA OPORTUNA LA REVISIÓN DEL CONCORDATO

MADRID, 11. (Resumen de agencias.)—A través del «Boletín Oficial de las Cortes»,

el Gobierno ha respondido a los ruegos formulados por distintos procuradores.

A las preguntas dirigidas al Gobierno por el procurador don Fernando Fugardo

Sanz. en relación con la aplicación del concordato de España con la Santa Sede.

La primera dice:

Que se nombre un juez especial para iniciar los autos correspondientes contra

los responsables de los hechos acaecidos en la prisión de Zamora.

Contesta el Gobierno que el nombramiento de juez especial no corresponde al

Gobierno ni al Ministerio de Justicia, sino a las Salas de Gobierno del Tribunal

Supremo y de las audiencias territoriales, no siendo, por tanto, procedente la

tramitación del ruego en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 del-

Reglamento de las Cortes españolas.

En lo que se refiere a los obispos auxiliares, la Santa Sede, basándose en la

interpretación literal del texto concordado, ha considerado siempre que no

tienen que ser objeto de presentación al Jefe del Estado. El Gobierno español

estima que de hecho ha habido un cambio en la figura del obispo auxiliar: tiene

«de facto» una jurisdicción y una presencia en ciertos órganos de la Iglesia que

le confieren una influencia real que justificarla su inclusión en el derecho de

presentación.

Hay en este momento veintiún obispos auxiliares, todos ellos sin carácter

residencial, nombrados directamente por la Santa Sede. El Gobierno español, en

los diversos contactos mantenidos con la Santa Sede, ha suscitado reiteradamente

este tema- y se propone continuar planteándolo hasta llegar a una solución

satisfactoria.

El Gobierno español considera oportuna la revisión de la actual situación

concordada. Sin embargo, no parece procedente tratar en esta contestación lo que

constituye el contenido reservado de una negociación en curso con la Santa Sede.

Al ruego dirigido al Gobierno por el mismo procurador, don Fernando Fugardo

Sanz, en relación con la alteración de alimentos, y especialmente con lo

sucedido en Vizcaya, contesta el Gobierno que no le corresponde el nombramiento

de jueces especiales, por ser atribución de las Salas de Gobierno del Tribunal

Supremo y de las audiencias territoriales que manifestar que y los servicios

correspondientes del Ministerio de la Gobernación se elaboró un proyecto de

decreto sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo del Código alimentario,

´ en cuya versión definitiva se recogieron las sugerencias que sobre el texto

Inicial formularon los Ministerios de Industria, de Agricultura y de Comercio:

habiendo dado al mismo la tramitación adecuada para que fuera sometido al

Consejo de ministros, una vez obtenida la conformidad de los Ministerios

mencionados.

En cuanto a, la confiscación de industrias alimentarias por vía de Sanción, es

de advertir que el artículo 32 del Fuero de los españoles prohibe la imposición

de la pena de confiscación de bienes y sólo autoriza la expropiación por causa

de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización,

de forma que si se procediera conforme solicita el señor procurador, habría que

modificar esta ley fundamental.

A don Fernando Acedo Rico y Semprún, en el sentido de que se adopten las medidas

adecuadas para conseguir el rápido incremento de las producciones agrarias, en

evitación del aumento incontrolado de los precios que podría producir su

carestía, o en evitación de tener, que efectuar importaciones, y que se arbitren

los medios necesarios para conseguir que las empresas agrícolas obtengan un

beneficio empresarial que compense la actividad de quienes se dedican a la

agricultura.

Contesta el Gobierno: El propio Ministerio de Agricultura es consciente de lo

expuesto por el señor procurador.

Conviene no menospreciar el notable incremento de la plusvalía de las tierras,

aspecto que si bien plantea problemas desde un punto de vista productivo, no es

desdeñable para el agricultor-empresario-propietario.

El Gobierno no ha menospreciado la situación peculiar del sector, como lo

prueban las medidas adoptadas últimamente referentes al incremento de las ayudas

a la inmovilización y a la compra de dos millones, de hectolitros de vino, a un

precio de 55 pesetas hectolitro.

 

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