Hablemos claro. 
 Se impone la necesaria revisión del concordato     
 
 ABC.    15/03/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

A B C. V IERNES 15 DE MARZO DE 1974.

HABLEMOS CLARO SE IMPONE LA NECESARIA REVISIÓN DE CONCORDATO

La reciente presencia en España de monseñor Acerbi, adjunto de monseñor

Cassaroli en el Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia, y la extensa

entrevista que sostuvo, según noticia de agencia no confirmada ni desmentida

oficialmente, con el ministro de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina, coloca

de nuevo sobre el tapete el tema de la revisión del Concordato. Como se

recordará, monseñor Acerbi estuvo anteriormente en España los días 1, 2 y 3 de

noviembre último, acompañando a monseñor Cassaroli en el importante viaje que

éste realizó para entrevistarse con el entonces presidente del Gobierno,

almirante Carrero Blanco, y sostener amplias conversaciones con su ministro de

Asuntos Exteriores señor López Rodó. Aquel viaje se tradujo dos semanas después

en un canje de cartas entre el ministro de Asuntos Exteriores y el cardenal

secretario de Estado.

De otra parte, el actual presidente del Gobierno, en su discurso ante las Cortes

del pasado mes de febrero, aludió al Concordato, cuando, tras señalar la

importancia de las relaciones con la Iglesia y recordar con sereno realismo «la

fisonomía innegablemente conflictiva que han venido presentando en los últimos

años», pronunció esta frase, moderadamente optimista, que reflejaba, sin duda,

las previsiones de la política del Gobierno acerca de tan delicado tema:

«Estimamos que lo que realmente conviene y lo que, en definitiva, contribuye a

la salud moral y política del pueblo español es alcanzar un adecuado

entendimiento a todas luces factible, sin perdernos en lo accesorio y

encontrándonos en lo fundamental.»

Si consideramos atentamente estas medidas palabras, podemos concluir que lo que

en ellas se insinúa por encima de cualquier conflicto episódico es, en

definitiva, la conveniencia de revisar el anacrónico Concordato de 1953,

mediante un «adecuado entendimiento», y que ello es «a todas luces factible»,

sobre todo si tenemos en cuenta el ya citado canje de cartas del 17 de noviembre

último entre el ministro de Asuntos Exteriores y el cardenal secretario de

Estado.

Resolver el problema del Concordato «mediante un adecuado entendimiento» no

puede significar otra cosa que conseguir su puesta al día, mediante una

negociación con la Santa Sede. Sería inútil, en efecto, tratar de llegar a un

«entendimiento» en este asunto con jerarquías eclesiásticas a otros niveles,

puesto que la Santa Sede es la única instancia competente para negociar con el

Estado la modificación del vigente Concordato. He aquí un punto sobre el que no

cabe ninguna duda, y si pudiera haberla, la propia Santa Sede ha tenido buen

cuidado de disiparla.

Por otra parte, los frutos de este entendimiento sólo podrían considerarse

adecuados para las exigencias del bien de la comunidad política española, si se

concretan en poner, lo más rápidamente posible, punto final a la vigencia del

Concordato de 1953, que se considera hoy unánimemente inadecuado a las actuales

circunstancias y que constituye un grave obstáculo para que el Estado pueda

realizar una política religiosa moderna y de verdadera apertura. El nuevo

Concordato debería ser un texto breve, sin declaraciones de principio y con

soluciones jurídicas concretas para aquellas cuestiones que puedan ser

conflictivas. He aquí unos adjetivos para cuyo logro merece la pena tratar de

llegar a un entendimiento con la Santa Sede, «sin perdernos en lo accesorio y

encontrándonos en lo fundamental». ¡ Ojalá sea esto factible!

En materia de relaciones entre la Iglesia y el Estado no resulta, sin embargo,

fácil distinguir entre lo accesorio y lo fundamental, pero no nos cabe duda de

que, desde el punto de vista del Estado, resulta «fundamental» la modificación

de la mayor parte del contenido del Concordato de 1953 y que la revisión

concordataria se realice en forma global y no a través de simples «acuerdos

parciales», puesto que cada uno de los acuerdos en cuestión colocaría al Estado

en una posición negociadora cada vez más débil para abordar los acuerdos

subsiguientes. Sólo mediante una revisión global del Concordato podrá

establecerse un marco jurídico más actual y más equitativo de las relaciones

entre la Iglesia y el Estado español.

 

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