Iglesia-Estado     
 
 Ya.    04/04/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Ver, oír y... contarlo

Iglesia – Estado

Don Antonio Garrigues, que fue embajador en el Vaticano, dice en "ABC":

"La confesionalidad comprometo más al Estado que a la propia Iglesia, a la que,

en justicia, nunca pueden Imputarse los errores o pecados de sus fieles. Y aún

sería mejor decir que compromete exclusivamente al Estado, porque, como dice el

Documento, ese compromiso de la confesionalídad si no se cumpliera, "fueren

cuales fueren los motivos, el Estado podría ser acusado con mayor o menor razón

de deslealtad a los principios que dice profesar". Quedaría, pues, comprometido,

si se diera ese supuesto, el Estado, no la Iglesia ni su Jerarquía, ya que, como

en el mismo Documento se dice, el hecho de que "el Estado procure que sus leyes

se inspiren en la doctrina. de la Iglesia no significa en modo alguno qué por

ello la Iglesia o su Jerarquía queden implicadas en la valoración de los

mismos". Con todo, sería prudente que el Gobierno en su día reconsiderase este

problema; porque es un problema.

En cuanto al privilegio del Fuero, el Documento se pronuncia por la renuncia

completa de la Iglesia al mismo, con la reserva bien fundada de que es sólo a

ella a quien corresponde decidir con autoridad acerca de si un acto ministerial

se ajusta al Evangelio o lo contradice.

Tan cierta es en .línea de principio esa reserva como en esa misma línea, que

solamente es al Estado a quien corresponde determinar lo que son delitos o

faltas, y que en ¡a zona intermedia, muy extensa en estos momentos de confusión,

sólo un buen entendimiento y cooperación entre iglesia y Estado puede evitar los

conflictos. El Fuero sacerdotal nació y tenía su justificación en unas

circunstancias y situaciones sociológicas y sacerdotales enteramente distintas

de las presentes. Per» frente a un "guerrillerísmo" sedicente evangélico de

izquierdas o derechas, no tiene justificación ni sentido.

La renuncia del Fuero constituirá además un gran beneficio y un alivio para los

obispos, a los que no se les debe poner, sea cualquiera la naturaleza y aun la

evidencia del caso, en la violencia moral de autorizar el procesamiento de un

sacerdote propio. Será, cuando llegue, una renuncia recíprocamente conveniente.

Respecto al derecho dé presentación, el Documento recuerda la declaración

solemne del Concilio Vaticano II de "que el derecho de nombrar e instituir a los

obispos es .propio, peculiar y de suyo exclusivo, Se i» competente autoridad

eclesiastica".

Como materia de derecho esa declaración es hoy, es decir, en el actual momento

histórico—se trata de un derecho que ha pasado por muchas vicisitudes—,

irrefutable, y ningún privilegio debe prevalecer contra ella. Pero en materia de

la sana colaboración entre Iglesia y Estado, que tan destacadamente recomienda

el Concilio, cabe hacer alguna matización. Los chispos forman parte tanto de la

Iglesia como de la sociedad civil sobre la cual ejercen tina magistratura

espiritual que tiene veinte siglos de existencia, durante muchos de los cuales

ha estado confundida con las magistraturas temporales, y que aun separada de

ellas retiene una fuerte proyección sobre tí mundo secular. Parece, pues, que

siguiendo la actual praxis de la Iglesia, una previa información al Estado sobre

los nombramientos episcopales proyectados, que no pueda convertirse en manera

alguna en veto ni restrinja la libertad de la Iglesia, y que no pueda recaer

sobre los aspectos eclesiales sino los políticos de la designación, puede ser

tan conveniente para la. Iglesia como para el Estado. Esta posibilidad no queda,

desde luego, descartada en el Documento."

 

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