Autor: Martín, Isidoro. 
 Iglesia posconciliar. 
 Presencia de los obispos en organismos políticos  :   
 Opción política de los sacerdotes. 
 Ya.    28/01/1973.  Página: 21-22. Páginas: 2. Párrafos: 24. 

OPCION POLITICA DE LOS SACERDOTES

EN 1970, la revista de orientación católica "Vida Nueva" publicaba una

fotografía con este incisivo pie "Una figura extraña: • obispos en las Cortes."

¿Figura extraña la de unos obispos en las Cortes Españolas? No tan extraña, en.

verdad, a lo largo de nuestra historia, y muy concretamente en nuestros textos

constitucionales.

Recuerda con exactitud la declaración de la Conferencia Episcopal que "la

intervención de eclesiásticos en órganos de gobierno o «presentación política de

la comunidad civil cuenta en España... con una larga ejecutoria. Obedeció, sin

duda, a la búsqueda de cauces eficaces de colaboración armónica entre la Iglesia

y el Estado en bien de todo el pueblo".

Inspirándose indudablemente en tal criterio, nuestras vigentes Leyes

Fundamentales establecen tres casos de participación de los obispos en

organismos políticos: en el Consejo de Regencia, en el Consejo del Reino y en

las Cortes Españolas.

Todos ellos responden a disposiciones unilaterales del Estado sin que haya

constancia de acuerdo con la Santa Sede, ni siquiera con la Jerarquía de la

Iglesia en España. Se trata, a nuestro entender, de. la pervivencia de una larga

tradición, que ha considerado a la Jerarquía eclesiástica como un estamento de

singular importancia dentro de la vida nacional, que tanto el Estado como la

Iglesia y todos los españoles en general considerábamos hasta hace pocos años

como normal y de fácil explicación.

EXPLICACION DE LA SITUACIÓN PRESENTE} DE explicación fácil al consideramos que

la ley constitutiva de las Cortes, punto de partida de los tres casos de

participación eclesiástica en organismos políticos, es de 17 de julio de 1942,

es decir, apenas tres años después, de una guerra civil en la cual el ataque y

la defensa de los valores religiosos había tenido especial significación.

"Las Cortes .que ahora se crean—dice la ley en su preámbulo—, tanto por su

nombre cuanto por su composición y atribuciones, vendrán a reanudar gloriosas

tradiciones españolas", y es indudable que, dentro de esa tradición, la

presencia de la Jerarquía en las Cortes constituye una constante histórica.

La ley de Sucesión, que estructura los Consejos de Regencia y del Reino, se

promulga el 26 de julio de 1947. Han transcurrido ocho años desde que acabó

nuestra contienda, pero sólo dos desde la terminación, de la guerra mundial,

momento en que España, no obstante su escrupulosa neutralidad, fue condenada por

los vencedores a un ostracismo internacional tan injusto como inusitado. Contra

el acuerdo del Congreso norteamericano, Truman excluyó a España del Plan

Marshal, aduciendo que en nuestra Patria sólo se reconocía" la tolerancia de los

cultos no católicos, sin permitir sus manifestaciones externas. Mientras tanto,

en España se tenía conciencia, fortalecida por los testimonios de Pío XI y Pío

XII, de haber luchado en defensa de una concepción cristiana de la vida

"cualesquiera que fueran los humanos defectos" y de que la Iglesia había sufrido

una persecución sin igual en nuestra historia.

No resultaba demasiado extraño que al estructurar los más importantes órganos de

gobierno, en aquel ambiente, el Estado deseara seguir la tradición y dar asiento

en las Cortes a la jerarquía eclesiástica e institucionalizar su .audiencia, sin

que la Iglesia ni la opinión pública pusieran reparos a ello.

Más aún. Si "todos los españoles—como afirmaba la ley—tienen derecho a

participar en las funciones públicas de carácter representativo, 9, través de la

familia; el municipio y el sindicato, sin perjuicio de otras representaciones

que otras leyes establezcan", no resultaba tampoco extraño que la Iglesia fuese

considerada como una realidad social digna de estar representada por su

jerarquia.

PERO seria negar la evidencia desconocer que tanto en la Iglesia como en la

sociedad españo1a se han producido cambios notables, especialmente desde el

Concilio Vaticano II. Lo dicen los obispos en su declaración: "A la luz de la

profunda evolución operada en ambas, consideramos que la participación de

eclesiásticos en los mencionados órganos de decisión política no responden ya ni

a los criterios pastorales de la Iglesia ni a las exigencias de una sana

colaboración entre ella y el Estado."

Estiman, de acuerdo con el Vaticano II, que la inspiración cristiana de la

legislación y de toda la vida pública es misión específica de los seglares, que

viven más de cerca y con mayor competencia los problemas temporales. Por eso

invitan a participar en la vida política a quienes se sientan con vocación y a

qua lo hagan con preparación seria.

Por otra parte, afirman los obispos que la participación en la vida legislativa

y política exige pronunciarse mediante opciones concretas, lo cual supondría una

dificultad para la misión unificadora que les corresponde; del mismo modo que

una sana colaboración entre la Iglesia y el Estado encuentra una mejor

salvaguardia por parte de los responsables de la comunidad eclesial sí éstos

quedan libres de toda implicación política.

Como consecuencia de todo ello, la declaración pide que se "promuevan las

oportunas modificaciones legales, a fin de sustituto 3a actual presencia de

eclesiásticos en órganos políticos y de gobierno por otras fórmulas en las que

queden claramente a salvo los intereses pastorales de la Iglesia y fructífera

colaboración con el Estado.

RESULTA anacrónico imaginar a un prelado español como miembro del triunvirato

del Consejo de Regencia. Han pasado los tiempos, sin duda gloriosos, del

cardenal Cisneros y hoy parece inadecuado´ que un obispo, precisamente por

serlo, asuma una labor tan ajena a su misión pastoral como la regencia del

Reino.

No seria tan extraño que !a Iglesia hiciera oír su voz en un organismo

consultivo como el Consejo del Reino o en el órgano elaborador de las leyes, a

condición, evidentemente, de que sus representantes actuasen como "expertos en

humanidad", según la frase exactísima de Pablo VI ante la O. N. U. Un obispo,

aunque fuese doctor en Derecho o en Ciencias Económicas—que los hay en España—,

no estaria en el Consejo del Reino o en las Cortes para intervenir como perito

en tales saberes profanos, sino para orientar sobre el aspecto moral de los

problemas temporales y recordar la guarda de la ley evangé1ica en la resolución

de los mismos.

Si la Iglesia hubiese estimado oportuno estar presenta en tales organismos, para

cumplir esa misión espiritual y no profana, hubiera sido suficiente que el Jefe

del Estado nombrase procuradores en Cortes a los obispos propuestos por la

propia Iglesia como representantes queridos por ella misma, en e1 ejercicio de

un justo derecho d« presentación.

Pero no ha sido ése al criterio mantenido en la declaración. La Iglesia, para no

ver empañada su acción pastoral, estima que no debe estar presente en ¡os

organismos políticos y pide para ello que se promuevan las oportunas

modificaciones legales.

ACASO no sea. necesario llegar a tanto para salvar el escolto de la modificación

de las Le-

yes Fundamentales, que exige el procedimiento extraordinario y nada fácil del

referéndum nacional. Bastaría con que el Jefe del Estado no designara a ningún

obispo procurador en Cortes. El Jefe del Estado puede nombrar hasta veinticinco

procuradores entre aquellas personas destacadas por su jerarquía eclesiástica,

militar, administrativa o por sus relevantes servicios a la Patria, pero no está

obligado a nombrar los veinticinco y mucho menos a elegir a personas d® todas y

cada una de dichas categorías.

Al no designar procurador en Cortes a ningún prelado, es evidente que no podría

haber representantes eclesiásticos en el Consejo del Reino ni en. el de

Regencia, puesto que es condición "sine qua non" que éstos sean procuradores en

Cortes. Tendrías que actuar entonces sus suplentes, que serán siempre seglares.

De esta manera sería posible el normal funcionamiento de las Cortes y de los

Consejos del Reino y da Regencia, sin necesidad de modificar, al menos por

ahora, las Leyes Fundamentales.

SACERDOTES EN LA POLÍTICA.

OTRO tema distinto es el de la participacion o proyección, como dos hipótesis

distintas, de los eclesiásticos en la vida política.

La Declaración de la Conferencia Episcopal reproduce textualmente las normas del

Sínodo de los Obíspos celebrado en Roma en el año 1971. En cuanto a la

participación de los eclesiásticos en la política, la postura es clara, Igual

que cualquier otro ciudadano, los presbíteros tienen el derecho de asumir sus

propias opciones políticas, pero como ésta* son., por naturaleza, contingentes y

nunca traducen total, adecuada y perennemente el Evangelio, deben mantenerse

alejados de cualquier cargo o empeño político. Por la misión unificadora que les

corresponde y para poder anunciar plenamente el Evangelio, alguna vez deberán

abstenerse de la opción política y siempre han de procurar que ésta no parezca

la única legítima ni que sea motivo de división entre los fieles. Debe evitarse

que un sacerdote actúe como directivo o como militante activo de un partido

político. Sólo en circunstancias excepcionales y concretas, y con el

consentimiento del obispo, debidamente asesorado, cabria tal actúación. Algo de

esto es lo que, a nuestro juicio, sucedió en las Constituyentes de la República,

en 1931. Varios sacerdotes—-recordamos a los Menores Gómez Rojí, Gualiar, Molina

Nieto y Pildaín, canónigos de Burgos, Zaragoza, Toledo y Vitoria,

respectivamente, y Pérez Arroyo, párroco de Avila -fueron elegidos diputados. Se

trataba de una situación excepcional en la que faltaban seglares capaces de

haber asumido con éxito aquella difícil tarea.

PROYECCIÓN DE LA LABOR SACERDOTAL EN LA VIDA POLÍTICA

PUNTO más delicado es el de la proyección o repercusión de la labor pastoral de

los eclesiásticos sobre la política. Las situaciones políticas, como todas las

humanas, tienen su dimensión moral. La autonomía del orden temporal, proclamada

por la Iglesia, no significa una independencia de la ley de´ Dios. La Iglesia

tiene derecho a juzgar las actuaciones politicas o las estructuras sociales y

declarar si violan la ley moral, los derechos fundamentales de la persona humana

o de la propia Iglesia.

La declaracion contiene una ejemplar afirmación muy digna de ser meditada y de

que todos, aun los seglares, la practiquemos. "La denuncia evangélica—-dice— ha

de hacerse con mansedumbre, con sinceridad y verdad, con respeto a las personas

e instituciones y, sobre todo, con auténtica caridad fraterna. La caridad

exigirá que antes de la pública denuncia se practique en privado !a corrección

fraterna (Mt. 18,15)

Presencia de los que se aborden los problemas en diálogo con las partes

interesadas y que nunca se rompan Jos vínculos del amor sincero de hermanos, y

cuanto se refiere a las autoridades públicas deberá revestirse del respeto

debido a la alta función social que desempeñan y tener en cuenta las

dificultades objetivas que frecuentementé encuentran en el ejercicio de su

misión especial."

Puede suceder , que un sacerdote se extralimite en su misión. La declaración

pide qué, totalmente abolido lo poco que queda del privilegio del fuero, el

Estado pueda "juzgar a los clérigos, lo mismo que a los demás ciudadanos, ¿te

acuerdo con las leyes y a través de los tribunales competentes". Pero añade algo

muy importante: "Siempre sería verdad que es solo a la Iglesia a quien

corresponde pronunciarse con autoridad acerca ds si un acto ministerial se

ajusta al Evangelio o, por el contrario, lo contradice."

La afirmación nos parece incuestionable y, especialmente, de aceptacion obligada

en el ámbito de un Estado católico. (Logos.) Isidoro MARTIN

(Catedrático de la Universidad)

 

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