Puntualizaciones del Ministerio de Asuntos exteriores sobre las negociaciones para un nuevo concordato     
 
 ABC.    07/02/1971.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

ABC. DOMINGO 7 SE FEBRERO DE 1971. EDICION DE LA MAÑANA.

PAG. 29.

«El Gobierno no pondrá obstáculos para que desaparezcan privilegios del poder

civil en materia eclesiástica que puedan hoy resallar anacrónicos»

«NO ES DESEABLE RECIBIR NI OTORGAR NINGUN PRIVILEGIO, NI APARIENCIA ALGUNA DE

TAL QUE PUEDA EMPAÑAR LA SOBERANIA DEL ESTADO O EL TESTIMONIO DE LA IGLESIA.>>

Resulta obligado revisar el actual sistema de dotación económica de la Iglesia

por el Estado

La Oficina de Información diplomática ha facilitado la siguiente nota:

«Ante las informaciones y comentarios que recientemente han aparecido en la

Prensa sobre las negociaciones en curso entre la Santa Sede y el Gobierno

español para la revisión del Concordato de 1953, esta Oficina de Información

diplomática hace público lo siguiente:

En julio de 1S70 se concluyó la redacción de un anteproyecto de revisión del

Concordato, fruto de trabajos preliminares llevados a cabo en colaboración por

el Consejo para los asuntos públicos de la Iglesia y por la Embajada de España

cerca de la Santa Sede, documento que ha sido posteriormente transmitido por la

Santa Sede a la Conferencia Episcopal Española.

La naturaleza de este documento era evidentemente la de un anteproyecto «ad

referéndum», es decir, destinado a ser elevado al Gobierno español y a las

autoridades competentes de la Santa Sede. El Gobierno ha estudiado

cuidadosamente el citado anteproyecto, en ¡a reserva con que es obligado tratar

una negociación de esta índole. Sin pretender anticipar los resultados de la

etapa subsiguiente, y recogiendo, perfeccionando y actualizando el contenido de

aquel anteproyecto, desea afirmar desde ahora las siguientes bases:

EL CONCORDATO DE 1953, «UN DOCUMENTO ANACRÓNICO»

1. El Concordato de 1953 resulta en la actualidad un documento anacrónico, y

es lógico que así sea, dada la evolución que ha tenido lugar, tanto en la

doctrina de la Iglesia como en las leyes españolas sobre materia religiosa, en

los diecisiete años transcurridos desde que se estipuló. Es necesario, por ello,

proceder a una revisión del Concordato, que refleje el reconocimiento jurídico

especial que el ordenamiento del Estado otorga a la Iglesia católica, en

atención al hecho social de ser la religión de la inmensa mayoría de los

españoles.

2. Tal revisión debe basarse, sin embargo, en una precisa delimitación entre

el ámbito de lo espiritual y de lo temporal, en la garantía más eficaz de la

libertad de la Iglesia y de la soberanía del Estado, y en e), respeto al

legítimo pluralismo en las actitudes de los españoles con respecto a las

manifestaciones sociales de la vida religiosa.

3. Este ¿Ministerio de Asuntos, Exteriores da por descontado que no surgirán

especiales dificultades en la negociación, dado el paralelismo que

existe entre los propósitos del Gobierno español y la doctrina más reciente de

la Iglesia, contenida en los documentos del Concilio Vaticano II y en las

encíclicas de los Sumos Pontífices Juan XXIII y Pablo VI, que reclama libertad

para el cumplimiento de su altísima mision, pero no privilegio otorgados por el

poder civil ni discriminaciones entre los ciudadanos por razones de índole

religiosa.

POSTURA ABIERTA DEL MINISTERIO

4. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha adoptado y adoptará en la

negociación una postura abierta frente a la revisión del Concordato, que haga

de él un instrumento actual, sin afirmaciones doctrinales innecesarias, que

aporte claridad y realismo a la regulación jurídica de las manifestaciones

sociales de la vida religiosa. El Gobierno no pondrá obstáculos para que

desaparezcan de nuestro régimen concordado privilegios del poder civil en

materia eclesiástica que pueden hoy resultar anacrónicos. No es deseable

recibir ni otorgar ningún privilegio, ni apariencia alguna de tal que pueda

empañar la soberanía del Estado o el testimonio de la Iglesia.

5. A la luz de estas consideraciones, resulta obligado revisar el actual

sistema dotación económica de la Iglesia por el Estado. Asimismo, por lo que se

refiere ai nombramiento de todas las personas revestidas de dignidad episcopal,

miembros de la Conferencia Episcopal, son aceptables soluciones congruentes con

la doctrina actual de la Iglesia y con la práctica de las relaciones

establecidas recientemente entre la Santa Sede y otros países.

DEROGACIÓN DE MUTUOS PRIVILEGIOS

6. Al precederse a una derogación de mutuos privilegios, el Concordato podrá,

descargarse de buena parte de su actual contenido y, basándose en la legislación

vigente del Estado y en los deseos de la Santa Sede, constituir el instrumento

jurídico negociado que asegure: la libertad de la Iglesia y la soberanía del

Estado, te seguridad jurídica en cuanto al régimen de la personalidad civil de

los entes eclesiásticos, la sumisión de todas las personas pertenecientes a la

Iglesia católica, en cuanto ciudadanos, al ordenamiento jurídico del Estado; la

eficacia civil del matrimonio católico, sin perjuicio de la libertad de los

ciudadanos en materia religiosa; el libre ejercicio de la tarea educativa de la

Iglesia, sin necesidad de situación de privilegios, y el reconocimiento de que

la Iglesia, insigne servidora del bien común, ha de recibir las ayudas

económicas y de otro tipo con que las leyes deben estimular y equilibrar, en

proporción justa, su aportación al bien común, etc.

El Gobierno, que ha procurado cumplir con delicadeza extrema sus actuales

compromisos concordatarios, se da perfectamente cuenta de que la revisión del

Concordato debe llevarse a cabo en un clima de profundo respeto a la Santa Seda

y a la Iglesia española, y de una manera congruente con la discreción que debe

revestír toda negociación. En su momento, el pueblo español, a través de las

Cortes, tendía conocimiento de los resultados de esta actividad del Gobierno y

podrá ejercer las competencias que le atribuyen las Leyes Fundamentales de la

nación.»—Cifra,

 

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