Autor: Cabaleiro, Ezequiel. 
   Concordato: Sí y No     
 
 Madrid.    24/06/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Por EZEQUIEL CABALEIRO

Un no político CREO que la Santa Sede no está muy dispuesta a la firma de un

nuevo concordato con España y que apenas se interesa por la revisión del actual.

Razones de carácter político me llevan a esta conclusión. Un concordato es un

instrumento legal para ordenar las relaciones Iglesia-Estado, y por esta

naturaleza funcional las condiciones prácticas de su elaboración, manejo y

eficacia pueden ser decisivas en orden a su establecimiento, aun siendo justas y

claras las disposiciones acordadas para él. El Derecho tiene previstas otras

fórmulas más simples: convenios, acuerdos, "modus vívendi" etc. Y, como sucede

en la técnica, estructuras muy complicadas quedan reguladas por mecanismos

sencillos.

En general—y no solamente en el caso español—es dudoso también el porvenir de la

solución concordataria.

Derecho Internacional.

En primer lugar, no parece conveniente que la Iglesia recurra hoy ordinariamente

a esa categoría de tratados por las consecuencias que de la técnica legislativa

internacional más moderna podrían derivarse.

La Iglesia católica, definida ya en el Concilio Vaticano II como sociedad

universal y solícita, por temas de derechos humanos y de relaciones laborales,

culturales, etc., aparece ante los Estados, sobre todo a partir de 1945, con el

novisimo desarrollo de las organizaciones internacionales (ONU, UNESCO, FAO,

etcetera) más que como una comunidad paralela, a la estatal, como una entidad

vecina a esas organizaciones. Pues bien, tales organizaciones tienen un tratado

constitutivo, firmado por sus miembros que señala sos fines y órganos de

gobierno, coa sus funciones y competencías respectivas.

La constítucion de la Iglesia es autónoma, tiene origen divino y eclesiástico.

Los concordatos, por su propia, solemnidad, par la generalidad de sus reglas,

par las declaraciones y estudios, más o menos autorizados, que elevan uno de

ellos a modelo para, el futuro, podrían ocupar el lugar de aquellos tratados

constitutivas, de manera que el origen y extensión legales fie! poder

internacional de la Iglesia, resultasen prácticamente los reconocidos en

´aquéllos por los gobiernos. La Iglesia debe evitar esta lógica eventualidad,

que agravaría, internacionalizándolo, su eterno problema con los Estados: la

defensa de su autonomia.

Es más prudente firmar acuerdos, parciales en su contenido, que admitirán

implícitamente la personalidad internacional «le la Iglesia sin comprometerla en

un reconocimiento formal.

Traspaso de responsabilidades.

En segundo lugar, las expresivas y decisivas declaraciones de la "Gaudiam et

Spes" sobre el deber, religioso y humano, que tienen los católicos de participar

en las tareas políticas, descargan en !os fieles muchos derechos y obligaciones

ante el Estado (dotación del clero, por ejemplo) que hasta ahora, como titular,

sostenía la Santa Sede. La Iglesia multiplica sus fuerzas con este proceso

irreversible de responsabilización de sus miembros y, lógicamente, no le

interesará volver a fórmulas pasadas.

La mayor autonomía de los fíeles en estos asuntos, con respecto a cualquier

autoridad jurisdiccional eclesiástica, aunque no con respecto al magisterio fie

su conciencia, significa, per lo menos en los Estados democráticos, la supresión

de algunos de los puntos más controvertidos de

sus concordatos. Los ciudadanos como tales, y no la Iglesia como organización

universal, se responsabilizarán en adelante.

¿Concordatos solamente con Estados autoritarios? ¡Vieja opinión entre los

historiadores!

El Sínodo

Los convenios de inferior cuantía formal y material plantearían, además, menos

inconvenientes en orden a su elaboración. Un concordato, por su importancia,

podría reclamar la intervención del Sínodo, "Consejo estable de Obispos",

"institución eclesiástica central", prevista, "para participa? de la manera más

manifiesta, y eficaz, en estrecha unión y colaboración con el Sumo Pontífice",

en los problemas y circunstancias de la vida de la Iglesia. Adviértase que el

Concilio Ecuménico, institución que se reúne episódicamente y que promovió e!

Sínodo como órgano de colaboración más regular con el Papa, tiene facultad de

concluir concordatos.

Una intervención del Sínodo, que tendría que ser decidida por el Papa, que es

quien señala la agenda de sus sesiones, sería una novedad de aplicación nada

fácil, aunque razonable. Con ello se alargarían las gestiones y sur» gírian

dificultades con los Estaños, que no aceptarían esta universalización de sus

asuntos, y aún con la misma Curia Romana, cayo servicio diplomático sería por

ven primera sometido a un control extraño a ella.

La Conferencia Episcopal Española

¿Cuál sería su papel? ¿Cómo se establecerían sus relaciones con Roma en este

punto? ¿Indirectamente, a través de la Nunciatura? Nótese que hasta ahora se ha

evitado la presencia del representante diplomático de la Santa Sede en las

sesiones de la Conferencia, cuestión que tal vez se plantease ahora al estimar

insuficiente el intercambio de informes escritos sobre el curso de las

gestiones; novedad de importantes consecuencias en el futuro del Estatuto de la

Conferencia.

¿Se daría paso a la participación directa del Episcopado nacional, por medio de

un representante suyo en las deliberaciones internacionales? ¿Cómo se aprobaría

la gestión de este representante? ¿Qué valor tendría la opinión contraria de un

pleno de la Conferencia?

Aún más, ¿podría solicitar el Gobierno español la información, asesoramiento y

participación de algún obispo en su delegación oficial? Así Tiene ocurriendo en

anteriores convenios. ¥ hay una curiosa anécdota: a los cardenales Belluga y

Aquaviva, que negociaron por España el concordato de 1753, hubo de recordarles

el Papa Benedicto XIV el juramento prestado al recibir el capelo, para que se

fijasen con "corazón sacerdotal" en la razón que asistía a la Santa Sede.

El Código de Derecho Canónico, a estudio.

Está pendiente la revisión fiel Derecho de la Iglesia para acomodarlo a las

necesidades de ios tiempos y a los textos del Vaticano II. Los trabajos de la

Comisión de Reforma durarán tal ves varios años. El momento de conclusión de ira

convenio internacional puede ser bueno para comprobar la calidad de algunas de

las nuevas disposiciones ya reformadas, que posteriormente, en la redacción

definitiva del Código, podrían ajustarse más.

No obstante, el concordato, por se solemnidad, por su envergadura propia, por

los trámites usuales de elaboración y ratificación, por so consecuencias en las

legislaciones nacionales, no parece la fórmula acomodada a la flexibilidad que

ahora requiere la Iglesia..

Caso especial.

Finalmente, dos tazones más, peculiares de !a situación española, pueden

inclinar a Roma a una dilación en las gestiones concordatarias y a insistir en

la solución plural y menor fie convenios y acuerdos de alcance limitado.

La. primera es que el hecho de sus propias renuncias & privilegios y protección

especial,

obligadas por declaración conciliar reciente, si se hace en el texto maximalista

de un concordato, aparece como un gesto de descargo pretencioso y, por otra

parte, humillante para los actores de su historia.

A la vez, la renuncia del Gobierno español a ciertos privilegios seculares, como

el de presentación de cargos eclesiásticos, solicitada ya por el Papa, si se

consigna en un acuerdo Se categoría inferior al concordato, podría ser menos

incómoda para Madrid; y para la Iglesia, menos gravosa la contrapartida, a esa

cesión.

En principio, Roma suele prescindir de los problemas internos. El concordato

tiene una fuerza lega! internacional que depende fie la legalidad de las partes

y del articulado y Se la posibilidad de aplicar lo convenido. La Santa Sede

tiene relaciones normales y acuerdos con gobiernos cuya política, en algunos

puntos, no es por ese mero hecho aprobada por la Iglesia.

A pesar de todo, la estimación vaticana de la actual sociedad española

condiciona indirectamente el problema técnico legal sobre la categoría del

convenio A concluir. En efecto, Boma debe estudiar el valor que se ha de

conceder a las ideas y actividades de católicos que hoy figuran en la oposición

aS Gobierno y que protagonizan en el país una de las líneas de fuerza pos-

conciliares, ¿Hasta qué punto coinciden con las directrices de gobierno romanas?

La negociación de un concordato obligaría a una toma de posición formal de la

Santa Sede sobre este asunto, y no creo que se produzca.

 

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