Autor: Cabaleiro, Ezequiel. 
   Concordato: Sí y No  :   
 y 2 El Estado. 
 Madrid.    26/06/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

Por EZEQUIEL CABALEIRO

Nuestro país, que va siguiendo, con una puntualidad más o menos española, las

vicisitudes actuales de la Iglesia, no debiera, en principio, poner reparo

alguno a la no conveniencia romana de un concordato como ley de las relaciones

Iglesia-Estado. Fórmulas plurales de grado menor, como convenios, acuerdos,

"modus vivendi", y aun notas diplomáticas, podrían estimarse suficientes.

Sin embargo, creo que el Gobierno de Madrid insistirá, por razones políticas

coyunturales, en la fórmula concordatoria.

ESTABILIDAD

Una primera razón es el interés por la coherencia y fijeza del ordenamiento

jurídico español, elaborado a partir de la guerra civil; de él forman parte el

Concordato de 1953 y las consiguientes leyes nacionales que lo aplican. En una

época difícil como la actual, cuando algunos hablan de período crítico de

transición, el Gobierno mantendrá, también en este punto, su tesis usual en

favor de la continuidad del Estado de Derecho que ha creado.

DIPLOMACIA

Paralelamente el Gobierno debe interesarse por evitar el desmantelamiento formal

de su sistema exterior, en el que el Concordato figura como pieza destacada. La

coincidencia de una crisis en las relaciones con los Estados Unidos y aun con

Portugal (donde el postsalazarismo es ya un hecho), otros dos grandes tensores

de nuestra diplomacia dejan al descubierto la angostura de un sistema exterior

de emergencia.

Por ello conviene salvar algunas piezas—el Concordato— para hacer menos difícil

el replanteamiento futuro y no herir la estabilidad tópica en uno de sus centros

vitales.

CONSERVADORES Y CATÓLICOS

Los sectores políticamente más conservadores del país serán, sin duda,

partidarios acérrimos de que se mantengan los términos actualmente vigentes de

unión con Roma y tratarán de lograr que así ocurra.

Durante muchos años fue corriente afirmar "historia concordatorum, historia

malorum Ecclesiae", lo cual reflejaba la realidad de que -en otros tiempos la

conclusión de un Concordato ponía fin a un período, más o menos largo, de no

inteligencia entre las dos potestades. Sin embargo, en estos últimos años, sobre

todo en los pontificados de Benedicto XV y Pío XI, se han multiplicado los

concordatos como forma normal, y algunos dicen ideal de regular aquellas

relaciones. Aquí se situó el último firmado por España. La resistencia al cambio

tiene, pues, una justificación doctrinal, aunque Roma piense ahora ea otros

expedientes legales distintos.

RENUNCIA

Si el Estado se dispusiese a renunciar al secular derecho de patronato que los

Reyes de España tienen en orden a la presentación de candidatos para cargos

eclesiásticos, derecho concedido por Bulas pontificias, reconocidas desde el

siglo XV, y por el Concordato de 1753, le interesa hacerlo en un texto

internacional de la superior categoría legal para acreditar una vez más, aunque

sea ¡a última, la correcta y pacífica posesión de ese derecho. Y para justificar

un recambio adecuado a la importancia de la renuncia.

REVISIÓN

Si la Santa Sede no tuviese interés por la vía concordataria —aunque ciertamente

no es un camino absolutamente bloqueado, sino políticamente difícil—, y si el

Gobierno español insistiese en esa solución, se llegaría tal vez a la

coincidencia en una línea media que sea la revisión del actual, manteniendo así

la fórmula y su origen.

Adviértase, sin embargo, que una personalidad tan notable como el profesor

Fuenmayor no encuentra satisfactorio un mero retoque de algunos puntos; "esa

actitud minimalista no sólo causaría decepción muy explicable, sino que

inevitablemente provocaría a la larga, y tal vez a la corta, serias tensiones

entre el Estado y la Iglesia" .

Con lo cual, si se negocia la revisión, «s posible que nos encontremos

próximamente con un concordato que sólo conserve del anterior poco más que la

referencia a la fecha de su firma.

RESUMEN Y PROPUESTA

Una solución aceptable, tal vez, para ambas partes sería una revisión parcial

que fuese sacando sucesivamente del Concordato—que no perdería su valor, como

estructura vertebral—diferentes materias, para irlas desarrollando, en nuevos

términos, y más completamente, en convenios y acuerdos particulares.

Ea el progresivo desarrollo de esta fórmula el Gobierno tendría ocasión de ir

integrando si esquema de una política exterior nueva.

Por otro lado, en cuanto a la situación interior, estimo que ésta sería una

solución jurídicamente acertada y políticamente conveniente para la Iglesia y el

Estado, en orden al señalamiento del estatuto específico de la comunidad

católica dentro del régimen eomúa establecido por la ley de libertad civil en

materia religiosa.

E! concordato tiene una solemnidad y una exigencia extrañas a los principios

sobre libertad religiosa que tan paladinamente ha proclamado el Concilio

Vaticano II, como correspondientes naturalmente al hombre. En una sociedad

democrática, con mayoría católica, la responsabilidad de hacer eficaces esos

principios está, en gran parte, depositada en los ciudadanos.

Un convenio internaciona1 con la Iglesia debe limitarse a señalar la justicia de

la desigualdad de tratamiento, en aspectos concretos, por parte del Estado,

donde así corresponda por razones de diferente contribución social. La amplitud

de una declaración formal de confesionalidad en el texto de un concordato o la

sustanciada en varios artículos da paso a una indeterminación legal, al

privilegio generalizado, a! abuso del privilegio.

Habla Fuenmayor de una "amistosa separación" entre Iglesia y Estado. El Derecho

Internacional moderno conoce la especie legal de los "gentlemen´s agreements",

acuerdos de honor, que no contienen ninguna obligación jurídica directa para las

partes, pero que las vinculan moralmente a lo convenido. Alguno de los acuerdos

podría adoptar incluso esta forma.

 

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