Monseñor Cantero expone las razones que le han movido a aceptar el puesto de procurador en Cortes tras la votación, en sentido contrario, de la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes     
 
 ABC.    20/11/1971.  Página: 39-40. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

ABC. SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 1971, EDICION DE LA MAÑANA.

PAG. 39.

LA IGLESIA EN EL MUNDO DE HOY MONSEÑOR CANTERO EXPONE LAS RAZONES QUE

LE HAN MOTIVADO A ACEPTAR EL PUESTO DE PROCURADOR EN CORTES TRAS LA VOTACION, EN

SENTIDO CONTRARIO, DE LA ASAMBLEA CONJUNTA DE OBISPOS

Y SACERDOTES

«Esas decisiones—dijo e! prelado a la agencia Cifra—no tienen valor normativo

vinculante. Me ha movido, en cambio, mi deber de acatamiento y lealtad al Jefe

del Estado y a la constitución política de la nacíón española»

Madrid 13. «La Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes, tanto en su nivel

diocesano como en el interdiocesano y nacional, no ha tenido ni tiene carácter

magisterial ni alcance normativo vinculante. Asi lo determina expresamente el

texto de su mismo reglamento, y asi lo ratificó el cardenal primado en sn

discurso inaugural de la Asamblea, En estas condiciones, el pluralismo eclesial

permite a todos los asambleístas, y a todo fiel cristiano, actuar según el

dictamen de su propia conciencia, en relación con las conclusiones de libre

opción aprobadas por la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes en todos los

nivélese, manifestó monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragosa, a un

redactor de la agencia Cifra.

En esta décima Legislatura asisten como procuradores en Cortes tres prelados,

nombrados por designación directa del Jefe del Estado. Ante el hecho de esta

designación, y teniendo en cuenta la postura adoptada por la Asamblea Conjunta

de obispos y sacerdotes, en su nivel nacional, sobre el particular, Cifra ha.

entrevistado a monseñor Cantero Cuadrado, por ser uno de los prelados designados

para ocupar un escaño en las Cortes Españolas y, al mismo tiempo, por ser

miembro del Consejo del Reino, dada su jerarquía eclesiástica.

—¿Puede usted manifestarme las razones que han influido en su conciencia para,

adoptar su opción libre ante la conclusión número 45 de 3a primera ponencia de

la Asamblea, en cuyo texto se afirma que «los representantes de la Iglesia deben

mantenerse al margen de los órganos de Gobierno o de representación política

(Cortes, Consejo del Reino,..) otorgada desde el Poder»?

—Pues si, no tengo inconveniente. Opino, además, que estas razones conviene que

las conozca la opinión nacional e internacional. Han sido varías. Estimo que

cada una de ellas seria suficiente para justificar mi actitud concreta, pero lo

es mucho más, como usted verá, todo el conjunto.

Primera. El cumplimiento de mi deber de acatamiento y lealtad al Jeje del Estado

español y a la misma Constitución política de la nación española, en virtud de

la cual el Jefe del Estado español tiene, atribuciones constitucionales para

designar directamente procuradores en Cortes a «aquellas personas que por su

jerarquía eclesiástica, militar o administrativa o por sus relevantes servicios

a la Patria, designe el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un

número no superior a veinticinco» (artículo segundo de la ley constitutiva, de

las Cortes).

Segunda. La gratitud es un deber y una virtud humana, ciudadana y cristiana, que

obliga a todas las personas, tanto individuales como colegiales, y yo entendía,

y sigo entendiendo, que en el case de Que yo no aceptase esta designación del

Jefe del Estado y actuase en contra del modo de proceder de los obispos que me

han precedido en las Cortes Españolas y en el Consejo del Reino faltaría a un

deber de elemental gratitud a un Jefe del Estado que tantos servicios ha

prestado a la Santa Madre Iglesia en España a lo largo de los treinta y cinco

años de su mandato. No es este el momento de enumerar esta ayuda prestada a -la

Iglesia en el plano legal, social y económico.

Tercera. Pero la razon de mayor peso es, en mi opinión, la siguiente: en la

hipótesis de que yo u otras personas, miembros de la jerarquía eclesiástica

española, no aceptásemos esta designación directa del Jefe del Estado español,

se pleantearía en España un problema—de consecuencias imprevisibles—en la

estructuración y funcionamiento de todo el sistema constitucional actual, ya que

la no aceptación afectaría a estas cuatro leyes fundamentales, a saber: la Ley

Orgánica del Estado, la ley constitutiva de las Cortes, la ley de Sucesión a la

Jefatura del Estado y la ley Orgánica, del Consejo del Reino. Estas cuatro leyes

han sido aprobadas por un referéndum nacional, sin que la jerarquía eclesiástica

española en sus notas orientadoras de la conciencia del pueblo ni en sus

conversaciones con las altas autoridades del Estado español haya hecho ninguna

observación sobre este punto que estamos tratando.

Leyes fundamentales que, por una parte, no se pueden modificar si no es mediante

otro referéndum nacional, y, por otra parte, son leyes de rango constitucional

que por afectar a la misma, constitución política de España y aun a la misma

soberanía del Estado su modificación cae fuera de la

competencia cae fuera de la Asamblea conjunta en todos sus niveles y aun de Id

Conferencia Episcopal Española, ya que en estos problemas jurídicos-

consiitucionales, en el caso de que fuese preciso el planteamiento de su

modificación en materias relacionadas con la Iglesia, únicamente habían de

tratarse y resolverse mediante negociaciones entre la Santa Sede y el Estado

español, que son los únicos poderes para «decidir actitudes que deben tomar y

posturas que se deben adoptar» en relación con los problemas juridico-

constitucionales que afecten a ambas potestades, ¡Cuánta carga y alcance

político encierra esta conclusión número 45, cuyas consecuencias en el orden

constitucional español, en mi opinión, ni siquiera fueron previstas ni

deliberadas por la Asamblea!

Cuarta, Como arzobispo de Zaragoza, puedo añadir otra razón, y es la siguiente:

en la Asamblea conjunta celebrada en Zaragoza, a escala diocesana, se presentó a

la deliberación y a la votación del clero diocesano esta misma cuestión acerca

de la aceptación o la renuncia a mis cargos de procurador en Cortes y miembro

del Consejo del Reino. Tengo que advertir qne el clero zaragozano es, en mi

opinión, muy equilibrado y de los más desarrollados, tanto desde el punto de

viste cultural como pastoral, por el gran número de sus miembros que poseen

títulos universitarios, eclesiásticos y civiles. Pues bien, al presentarse la

citada cuestión en la Asamblea diocesana, a las votaciones previas y

provisionales que habían de pasar a las votaciones definitivas en el caso de que

obtuviesen dos tercios y los votos favorables a la renuncia, de mis cargos. No

sólo no se llegaron a los dos tercios, ni siguiera llegaron a la mayoría. El

resultado de cifras fue exactamente: 43 en favor de la renuncia 83 en favor de

la aceptación, 19 «iuxta modum» y 12 en blanco.

Ante este resultado yo habria podido hacer uso cíe mi derecho para retirar esta

cuestión de las votaciones definitivas. Sin embargo, me parécio, desde el punto

de vista pastoral, más conveniente que la proposición pasara a las votaciones

definitivas. Así se hizo y se propuso en los siguientes términos:

«¿Desearía la Asamblea Que el señor arzobispo renuncie a sus cargos políticos?»

El resultado de esta votación fue también favorable a mi participación en las

Cortes.

Se le preguntó también a monseñor Canteo Cuadrado si la Conferencia Episcopal

podía dar fuerza vinculante a esta proposición, a lo Que respondió:

—Según los Estatutos de la Conferencia Episcopal Española, ésta no puede dar

normas jurídicamente vinculantes, a no ser, en casos expresamente

determinados, &e acuerdo con la Santa Sede.

Finalmente se le preguntó si su participación en las Cortes, en el Consejo del

Reino, implica una postura política. Su respuesta fue la siguiente:

—De ninguna manera. Porque, por una parte, todos los procuradores, por la misma

exigencia de la ley Orgánica de las Cortes, actúan al servicio del pueblo según

su propia conciencia y «sin mandato imperativo alguno». Por otra parte, los

prelados en estas Cortes, según costumbre va tradicional, solemos abstenernos de

intervenir en discusiones técnicas sobre 2qs cuales los seglares opinan en las

Comisiones parlamentarias con mayor competencia y con más completa información

que los prelados, quienes tan sólo, de hecho, intervenimos en aquellas

deliberaciones en las cuales se ventilan valores espirituales que la Iglesia

debe defender.— Cifra.

 

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