Autor: Fuente y de la Fuente, Licinio de la. 
   La nueva Constitución     
 
 El País.    01/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

EL PAIS, jueves 1 de septiembre de 1977

OPINIÓN TRIBUNA LIBRE

La nueva Constitución

LICINIO DE LA FUENTE

Diputado por Toledo

Del grupo parlamentario de Alianza Popular

Los periódicos se están haciendo eco estos días de la diversidad de opiniones en orden a la duración de

los trabajos preparatorios de la nueva Constitución y a la fecha en que ésta podrá ser una realidad. En

general, llama la atención de muchos comentaristas, y con razón, el largo período de tiempo que parece

preverse por los máximos responsables de la tarea constitucional.

Yo soy consciente de que una nueva Constitución debe ser elaborada reflexivamente y sin

precipitaciones. Pero, sinceramente, no acierto a comprender que se hable de «años» a la hora de precisar

en el período necesario para dotar a España de una nueva Constitución. Creo qu,e ésta debe ser una tarea

de «meses», no de «años», y que el referéndum constitucional no debe ir más allá de la próxima

primavera.

Un calendario razonable sería que la ponencia tuviera listo el texto a primeros dé octubre y que a

mediados de noviembre terminara la discusión en el Congreso y en diciembre se discutiera en el Senado.

Contando con las posibles discrepancias de ambas Cámaras y los trámites para resolverlas, a fines de

enero la nueva Constitución debería salir de las Cortes y en febrero podría tener lugar el referéndum.

Hemos de ser conscientes de que la ley de Reforma Política y la propia situación de hecho creada con ella

y con las elecciones generales han supuesto prácticamente la inaplicabilidad délas Leyes Fundamentales.

Las Leyes Fundamentales no han sido derogadas, pero nadie diría que están realmente «vigentes», con

plena eficacia jurídica y política. La resultante es que España tiene y no tiene Constitución, que las

decisiones políticas de cada día están con frecuencia en efectiva contradicción con la legalidad

fundamental, y que no se puede seguir estirando la cuerda para amparar en un sistema constitucional una

realidad política no sólo diferente, sino contradictoria. La anómala situación del Consejo del Reino, los

juegos en la cuerda floja para el «restablecimiento» de las autonomías, las tensiones en torno a la

posibilidad del voto de censura al Gobierno, la extraña situación sindical... Todo esto no son sino

expresiones de una anormalidad jurídico-política fundamental a la que hay que poner fin cuanto antes.

La inseguridad y la confusión jurídicas son uno de los más graves daños que puede padecer un Estado. Si

un Estado quiere ser «de derecho», lo primero que tiene que tener es un derecho fundamental que

constituya la infraestructura, el apoyo y el condicionamiento a la vez de la actividad política. Un sistema

constitucional puede ser bueno o malo, pero peor es no tenerlo, o tenerlo a medias, y andar sorteándolo

cada día.

¿A qué puede deberse la poca prisa que parecen tener los máximos responsables del tema en dar a España

la Constitución que ya inevitablemente necesita? ¿Se trata de mantener mientras tanto al Gobierno más

libre de ataduras y cortapisas, de facilitarle la maniobra, de continuar realmente con unos poderes

excepcionales? ¿Influye el temor de que la discusión a fondo de los grandes temas constitucionales ponga

de manifiesto la profundidad de algunas discrepancias de criterio, que ahora se van «capeando» entre

bastidores? ¿Pesa el deseo de prolongar la legislatura, ante la posibilidad de que una nueva Constitución

acelere unas nuevas elecciones generales? En definitiva, ¿por qué no tiene prisa el Centro y, lo que resulta

más extraño, por qué el PSOE parece entrar en el juego?

Realmente desconocemos las últimas razones, e incluso puede ocurrir que sencillamente unos y otros

piensen que el asunto no es tan urgente. Por mi parte, me siento obligado a hacer una llamada de atención

sobre esa urgencia. Porque no es posible, sin quebranto del Estado, del respeto a la ley, y de la necesaria

congruencia y claridad política, mantener mucho tiempo una discrepancia esencial entre la Constitución

del Estado y la actuación política de cada día; ni será posible resolver los grandes ternas constitucionales

si no es a través de la Constitución. Las facultades del Jefe del Estado, las relaciones entre el legislativo y

el ejecutivo, la regulación de las autonomías, el concepto y función de los sindicatos, el enfoque del

ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas... son temas constitucionales que sólo se resolverán

eficaz y congruentemente en la Constitución.

Pretender restaurar la Generalitat al amparo de la vigente ley de Bases de Régimen Local; intentar

abordar el problema de las relaciones entre el ejecutivo y el. legislativo a través del Reglamento de las

Cortes; establecer una nueva estructura sindical sin tocar el Fuero del Trabajo; mantener las funciones del

Consejo del Reino como antes de la reforma política... todo eso y mucho más que está sobre el tapete, es

«rizar el rizo» de las habilidades y las contradicciones, buscar soluciones a medias, y crear situaciones

que serán fuente permanente de conflicto entre las instituciones.

Apoyándome en los propósitos de «realismo» del Gobierno, no tengo más remedio que subrayar que para

ser congruente con ellos hay que procurar que España tenga cuanto antes una nueva Constitución. La

reforma política pudo hacerse de un modo u otro, pero tal como se ha hecho ha conducido a una realidad

que ahí está, a una situación que es la que es. Y esa situación está llena en este momento de normas,

actitudes y decisiones inconstitucionales. Porque nuestra realidad política no tiene nada que ver con

nuestra formalidad constitucional. Y tal como están las cosas, no tenemos más remedio que hacer una

nueva Constitución si queremos ser un Estado de derecho. Por duro que parezca, ahora no lo somos;

ahora lo somos menos que antes.

La rápida elaboración de la Constitución, ¿supone la necesidad de nuevas elecciones generales en plazo

breve? No puede soslayarse esta cuestión. Pero conviene analizarla con cuidado.

Yo siempre me he mostrado partidario de que la legislatura debe durar el mayor tiempo posible, dentro de

su período legal de vigencia, porque los problemas de España requieren un tiempo de estabilidad política

relativamente largo. Pero soy consciente de que es difícil, por muchas razones, que esta legislatura agote

su mandato. Y reconozco que, efectivamente, la nueva Constitución será un elemento importante para

definir la duración de las Cortes. Como también incidirán las elecciones municipales, o cualquiera de los

otros grandes temas pendientes, como el de las autonomías o el sindical, o la situación económica...

Pero en todo caso, y aun cuando la nueva Constitución sea un factor importante para la duración de la

legislatura, no creo que sea totalmente decisivo, ya que puede haber otros; y cabe, incluso, que la

situación pueda deteriorarse más rápidamente si la Constitución se dilata demasiado y, por consecuencia,

los grandes temas, o no se resuelven o se resuelven a medias, o se resuelven por vías colaterales y medio

de «tapadillo». Y, en consecuencia, puede acelerarse lo que se trataba de retrasar.

La nueva Constitución no debería provocar por sí misma nuevas elecciones generales, ya que a España le

conviene que se demoren el tiempo suficiente para encauzar el problema económico, normalizar la

situación laboral y restaurar el principio de autoridad y de respeto a la ley, ahora deteriorados por

transigencias, tolerancias y discreccionalidades, que tratan de explicarse por la falta de adecuación entre

realidad y legalidad.

Hagamos esa adecuación cuanto antes al máximo nivel, al nivel constitucional. De otra forma, podemos

caer en el error de empezar a hacer la casa por el tejado.

 

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