Autor: Sánchez-Gijón, Antonio. 
   La política exterior española o los caminos que no fueron hallados     
 
 Madrid.    27/12/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

La política exterior española o !os caminos que no fueron hallados

Por Antonio Sánchez-Gijón

Si los "slogans" pudiesen ser utilizados en política exterior con la misma facilidad con que se utilizan en política Interior, diríamos que los años 60 han constituido la década Castiella; y si tratáramos de definir la lo tendríamos que hacer a partir de los conceptos superiores de seguridad y posición en el mundo. En ese sentido, la definición de la década quedarla así: persistente esfuerzo por romper las limitaciones de una alianza de tercera categoría (los Acuerdos con Estados Unidos), terminado en una toma de posición de quasi-neutralismo, después de Infructuosos Intentos de mejorar la situación diplomática española, en el seno del mundo europeo-occidental. La tendencia hacia el neutralismo (nunca claramente formulado, es cierto) denotaba un fracaso respecto de los esfuerzos de Integración plena en el mundo occidental, con todas las ventajas y limitaciones que esto entrañaba, pero era una pirueta que podía terminar en feliz hallazgo de una larga tradición exterior española, la neutralidad.

Recuérdese a ese respecto la formulación, por parte del ministro Castiella, de una invitación a la neutralización del Mediterráneo, pocos meses antes del final de su mandato; e! carácter alienante del problema de Gibral-tar, respecto de los países occidentales, problema en que España sólo encontró el apoyo sistemático y sostenido de los países socialistas, árabes, africanos y latinoamericanos; la ortodoxa política de descolonización seguida en Guinea Ecuatorial e Ifni, que dio a España cierta respetabilidad a ojos del llamado tercer mundo; y por último la denuncia de los acuerdos militares con Estados Unidos, formulada en junio pasado.

Un esfuerzo paralelo ha sido el aprovechamiento al máximo de las posibilidades y confines diplomáticos con que España se encontraba; en este sentido, los resultados no han sido sorprendentes (como en el caso de los grandes problemas de seguridad y posición) ni considerables: sólo modestamente eficientes en algunos casos (acuerdos comerciales con diversos países, de cooperación .cultural y técnica con Francia; de cooperación pesquera con la Unión Soviética; de cooperación económica con varios países latinoamericanos; ampliación del horizonte diplomático mediante el establecimiento de relaciones con varios nuevos países y restablecimiento de relaciones consulares con Rumania, Polonia y Hungría; la entrada, por primera vez, en el Consejo de Seguridad como pais miembro; el establecimiento de intereses económicos y financieros en el terreno del petróleo y la energía, en algunos países árabes; la exportación de técnica (patentes, modelos y líneas de fabricación de aviones a Egipto, plantas completas de formación profesional a países latinoamericanos, extensión de las redes comerciales y de servicios, etc.); en resumen, la multitud de actos económico-diplomáticos de que están empedradas las relaciones entre los países y que constituyen la galería de trofeos de las direcciones generales y los funcionarios del servicio exterior.

Las dificultades internas

Naturalmente, la política exterior no puede tener largo vuelo si no se apoya coherentemente en una política interior. Las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales internas se han reflejado necesariamente en la conducción de la política exterior. Esta ha debido de, ser conducida dentro de un marco de severo anticomunismo, que a los ojos de los gobernantes era necesario invocar frecuentemente, a veces en tono sombrío. Proclamaciones tan rigurosas, al parecer absolutamente necesarias desde el punto de vista de los responsables del Poder, necesariamente habrían de privar a las relaciones exteriores del tanto de experimento y ensayo que toda actividad expansiva requiere. Se recordará también que ciertas dificultades encontradas por la dirección económica del país, para la obtención de créditos por parte de Francia, en 1963, y de Alemania en 1969, se han relacionado coa hechos concretos de la vida interna de España; sin mencionar la dilatación de las negociaciones con la Comunidad Económica, para unos Acuerdos que básicamente son de gran modestia a innocuidad.

En este sentido, no se puede olvidar la benéfica acción interior desplegada por el ministro señor Castiella, en orden a garantizar a los protestantes españoles derechos elementales, y su renuncia a ejercer desde Exteriores cualquier tipo de censura sobre la entrada de la Prensa extranjera en España.

El proceso descolonizador en África sólo pudo adquirir un ritmo rápido y presentarse en una secuencia lógica, en ios tres últimos años, afectando a Guinea Ecuatorial y a Ifni. Antes había sido imposible debido a una cierta dislocación entre las responsabilidades que España, como Estado colonial, tenía ante la Comunidad de naciones, de la que era plenamente consciente el ministerio de Asuntos Exteriores, y la gestión política realizada en las llamadas "provincias" africanas. Se produjo de ese modo, retraso en la preparación de los guiñéanos para, la función de autogobierno, y se crearon recelos que culminaron con los incidentes de marzo de 1969; y después de favorecer una determinada constitución para Guinea, ha señalado el Presidente Macías que tal constitución debía ser revisada, por contener serios defectos. En esta esfera, el decenio ha terminado con una resolución de las Naciones Unidas, que "deploran" que España no haya cumplido el proceso de autodeterminación del Sahara. Este proceso vendrá tarde o temprano, en consulta con Marruecos y Mauritania o no, pero es lógico esperar que el decenio de los sesenta acabe por disipar toda forma de paternalismo y con la adquisición de la conciencia de que sólo la plena responsabilización política de los saharauís permitirá una estrecha vinculación del Sahara (en cualquiera de las formas posibles) con España.

Otro tipo de dificultades internas, las que habían llevado hacía muchos años a, o las derivadas de, la censura de Prensa, había producido un notable embotamiento de la sensibilidad y la alerta pública sobre los problemas de seguridad. Ese ambiente había hecho posibles cosas tales como la instalación de una base de bombarderos nucleares (y por lo tanto un polo de atracción en caso de una represalia soviética), a veinte kilómetros de Madrid; y la subrepticia y sutil conversión de Rota, originalmente una terminal de las líneas de transporte de las fuerzas norteamericanas, en una base de submarinos nucleares y seguramente un depósito de bombas atómicas. El incidente de las bombas de Palomares, ocurrido durante las últimas boqueadas del régimen de censura previa, fue uno de los primeros caballos de batalla de la Prensa, en la nueva situación creada por la ley de Prensa; y fue la meditación sobre las cataclismales consecuencias que pudo tener, lo que puso el problema de los acuerdos militares con Estados Unidos bajo una luz más severa.

Gibrallar, caso-prueba

Algún chistoso malévolo tomó al ministerio de Asuntos Exteriores, durante los últimos cinco años el ministerio del Asunto Exterior, o Gibraltar. Hay que reconocer que el ministerio no equivocaba sus prioridades; desde una perspectiva histórica, Gibraltar ha sido el factor que ha alienado a España de Europa, y el problema que ha zapado con más intensidad las energías políticas de España en los exterior; sencillamente, porque quien hacía la política exterior que naturalmente correspondía a España no era España, sino Gran Bretaña. Sea dicho esto en homenaje al señor Castiella; y sea dicho también, en homenaje a la diplomacia española, que toda la operación Gibraltar fue convertida en un éxito diplomático brillante, culminando con la resolución de las Naciones Unidas para la descolonización obligatoria de Gibraltar por parte de Gran Bretaña. Ello, a pesar de que la puesta sobre el tapete del caso Gibraltar, en mayo de 1966, con las propuestas españolas a Gran Bretaña en Londres, eran, evidentemente, un mal caso político; porque se ofrecía a Gran Bretaña el disfrute a larguísimo plazo de lo mismo que había constituido materia de lesión para España, la base, su presencia militar en el estrecho, contentándose España con la recuperación de la soberanía sobre la plaza, lo cual podría tener un valor sentimental grande pero ninguno práctico.

Felizmente, esa propuesta, que podía haber hecho cómoda y legal la presencia militar británica en el Estrecho, fue rechazada, por torpeza del Foreign Office o por demasiada buena fe respecto de los dudosos intereses de la población gibraltareña, tal como han sido expresados por la oligarquía local. Así quedó España liberada de su oferta, y pudo elevar e) problema de Gibraltar a la categoría de un problema de seguridad exterior, a la misma altura que el equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo occidental y la existencia de una base nuclear en Rota.

Después de la negativa británica, la oferta de la base de Gibraltar ha sido retirada (no formulada de nuevo); actitud coherente con la declaración del ministro Castiella, del 20 de junio de 1969, en Washington, en el sentido de que las bases norteamericanas pasarían a ser exclusivamente españolas en el plazo de quince meses. Todo esto, unido a la apertura hacia la U.R.S.S. en materia de navegación, en el momento de crecimiento de su poderío naval en el Mediterráneo y la sugerencia de una neutralización del Mediterráneo, componen un buen ejercicio de coordinación entre la acción diplomática y la proposición de objetivos políticos.

Las bases U. S. A.

En 1953, cuando se firmaron los Acuerdos de las bases norteamericanas, España era "un territorio sólo interesante por su emplazamiento estratégico", "una economía en precario" y "un país aislado", para emplear una caracterización usada por el propio señor Castiella. Los Acuerdos tenían una vigencia de diez años, al final de los cuales ya no existían, al menos, los dos últimos condicionamientos; por eso pudo exigir que en la renovación de los Acuerdos se incorporase a su favor un tanto de seguridad, que redujese la instrumentalización pasiva de que España había sido objeto durante los diez primeros años.

El Gobierno quería que los Acuerdos se enalteciesen mediante la formulación de un compromiso por parte de Estados Unidos respecto de la seguridad española; el Gobierno norteamericano se resistía, porque toda adquisición de nuevos compromisos sobre la seguridad de otros países debía ser aprobado por el Congreso. Se llegó a una fórmula media, en la declaración oficial que acompañó a la renovación: "...una amenaza contra los dos países y las instalaciones que conjuntamente aportan a la defensa común representaría una cuestión de común preocupación."

En efecto, se elevaba modestamente el aspecto de la seguridad, pero se creaban las bases para un equívoco político, que parecía dar a Estados Unidos un decir sobre lo que, dentro de España, podía constituir "una amenaza contra las instalaciones que conjuntamente aportan"; ya es sabido que esta interpretación ha sido sostenida por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, William Fulbrigth, para mirar los intentos del Pentágono de renovar los Acuerdos, a principios de 1969, alegando que un compromiso parecido condujo a la creciente intervención en Vietnam. Sobre esas palabras ha basado Estados Unidos su negativa a considerar una oferta superior a las de los cincuenta millones de dólares por dos años de prórroga fina! de los Acuerdos, desde septiembre de 1968 a septiembre de 1970. Si Estados Unidos contribuye a la seguridad de España, ¿por que ha de pagar más por ello?

Las patentes limitaciones y equívocos de la vinculación de España con Estados Unidos han conducido a la presente situación de perplejidad. Aunque el ministro Castiella anunciara que las bases serían exclusivamente españolas en 1970, parece ahora que la retirada de las bases "dependerá de que dentro de los plazos previstos se llegue a un acuerdo sustantivo y satisfactorio para ambas partes" (declaraciones del señor López Bravo al diario "ABC", 19 de diciembre de 1969), lo cual suspende el terminante anuncio de su predecesor.

Una conciencia moderna

Durante la década de los sesenta se ha observado una ampliación de los horizontes de la política exterior hacia esferas nuevas de la responsabilidad mutua entre las naciones. Así España ha comprendido su deber de solidaridad con las naciones menos favorecidas, especialmente las de su misma cultura, las hispanoamericanas. La oferta española de mil millones de dólares para el desarrollo latinoamericano, en diez años y la aportación de fondos al Banco Interamericano de Desarrollo tienen un enorme sentido ético, del que desgraciadamente, no se ha aprovechado todavía su lado práctico, puesto que no se han explotado las posibilidades exportadoras que ello genera; pero el potencial está ahí.

La misma noción de modernidad ha inspirado la trascendente reforma de la escuela diplomática; ésta, que era hasta el presente un centro de formación de diplomáticos en sentido clásico, ha pasado a ser un centro para expertos de relaciones internacionales de cualquier tipo: económicas, sociales, culturales, industriales, políticas. El experimento es demasiado nuevo (curso 1969-1970) para emitir un juicio sobre su orientación, pero no hay duda de que los principios que han inspirado la reforma se atienen a un mundo más complejo, más difícil, más tecnificado.

Es de esperar que, tomando nota de esos aspectos, se acabe de tener en cuenta la enorme responsabilidad que tienen el Gobierno y la sociedad española respecto de los 3,5 millones de españoles que viven fuera de España, en general desasistidos culturalmente y dejados económicamente a su propia suerte; españoles que sostienen a cuerpo limpio el buen o mal nombre de España, y que generan riquezas para otros pueblos y para los que quedamos en la patria.

Los éxitos y fallos expuestos en todo lo que antecede deben ser contrastados con las condiciones en que el servicio exterior español ha tenido que trabajar; condiciones realmente difíciles, que hacen más meritorios sus triunfos y más comprensibles sus limitaciones. No se puede desconocer la enorme escasez de medios materiales y de personal con que debe pechar el ministerio de Asuntos Exteriores: la dureza del trabajo en el exterior; el crecimiento geométrico de las responsabilidades exteriores, presionando sobre unos medios prácticamente estáticos. Considérese que en 1920 España mantenía 37 Embajadas y legaciones y 128 Consulados, servidos por 386 funcionarios de la carrera; en 1969, España mantiene 68 Embajadas con legación y 33 en acreditación (101 en total) y 91 Consulados, aparte de 11 Delegaciones ante Organismos internacionales, más dos representaciones con sólo 435 funcionarios; es decir, 165 puestos de trabajo en el Extranjero en 1920 por 205 en 1969, lo que supone un aumento del 24 por 100; mientras que en el número de funcionarios sólo se ha registrado un aumento del 14 por 100. El empeoramiento de su situación alcanza todo su significado por la multiplicación enorme de sus responsabilidades. Tampoco se puede ignorar la modestia presupuestaria de los Asuntos Exteriores, que participan en sólo el 0,88 por 100 del presupuesto general del Estado; dotación a la que hay que detraer un 32,49 por 100 dedicado a funciones distintas a las puramente diplomáticas

MADRID 27 DE DICIEMBRE DE 1969

 

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