Según Santiago Carrillo, los comunistas estarían dispuestos a votarla. 
 Una ley que aparte del Ejército a los que amenacen la democracia     
 
 Diario 16.    09/12/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

Según Santiago Carrillo, los comunistas estarían dispuestos a votarla

«Una ley que aparte del Ejército a los que amenacen la democracia»

Ayer se clausuró en Madrid el Congreso de las Juventudes del PCE, y en el acto el secretario general del

PCE se mostró dispuesto a votar una ley que, como la Antiterrorista, sea extraordinaria y permita expulsar

del Ejército a los grupos minoritarios que violan las ordenanzas y se enfrentan con el proceso

democrático.

Madrid El secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, pronunció ayer el

discurso de clausura del Congreso de las Juventudes Comunistas. En el mismo anunció que su partido

está dispuesto a apoyar en el Parlamento leyes extraordinarias para retirar del Ejército a quienes

amenacen la libertad y la democracia.

Santiago Carrillo dijo: «Los comunistas que en el Parlamento hemos votado leyes extraordinarias contra

el terrorismo, estamos dispuestos a votar favorablemente leyes extraordinarias retirando automáticamente

del Ejército a aquellos que amenacen la libertad y la democracia.»

Tras señalar que no existen razones objetivas para el golpe de Estado, propugno un Gobierno de amplia

base que tenga amplia mayoría parlamentaria, con el que se conseguiría —dijo— que los golpes de

Estado y las guerras civiles se convirtieran en España en un recuerdo histórico.

Aseguró el secretario general del PCE, que una involución agravaría aún más los problemas que tiene

planteados España y agota ría las posibilidades de un cambio pacífico como el que se esté llevando a cabo

en nuestro país.

Santiago Carrillo argumentó su posición con las siguientes palabras: «Hemos tenido una actitud de gran

respeto hacia las Fuerzas Armadas en todo el periodo de la transición, reconociendo el papel de éstas en

dicho periodo.»

«Pero evidentemente —añadió— estamos viendo como grupos minoritarios violan abiertamente las

ordenanzas y se enfrentan con el proceso democrático, por eso estamos dispuestos a votar una ley que

separe a esos grupos del Ejército y que el pueblo español siga manteniendo, el respeto y confianza hacia

sus Fuerzas Armadas.»

También se refirió Carrillo a la crisis interna del PCE manifestando su seguridad de que esta situación

será superada con sentido de la responsabilidad.

«En nuestro partido declaró— hay muchos comunistas que han venido para combatir por una cau sa y por

una idea y no a obtener ventajas personales.»

Concluyó afirmando que en su opinión no habrá gol pe de Estado, porque puede y debe ser evitado y no

existe ninguna razón objetiva para el mismo.

El Congreso de las Juventudes Comunistas se clausuró con la reelección del anterior secretario general,

Josep Palau.

Desestimado

La comisión de garantías y control del Partido Comunista de España en Madrid ha desestimado el recurso

presentado por los cinco concejales comunistas expulsados del partido.

Como se sabe, los cinco concejales —Edurado Mangada, Cristina Almeida, Isabel Vilallonga, Luis

Larroque y José Luis Martín Palacín— fueron expulsados del PCE por suscribir la convocatoria de un

acto en el que intervenía Roberto Lerchundi, disidente del partido y ex secretario general del Parido

Comunista de Euskadi.

Los cinco concejales expulsados presentaron un recurso ante la comisión de garantías y control del

partido a nivel provincial, que cumple funciones semejantes a las de un tribunal que dirime los conflictos

internos.

Ante la desestimación del contenido del recurso —que denunciaba como antiestatutarias las

expulsiones—, los cinco concejales pueden recurrir ante la Comisión de Garantías y Control de Nivel

Estatal (elegida en el congreso del partido).

Fundamentalmente, el recurso de los expulsados se basaba en que la decisión de excluirles del partido

debe ser tomada por sus respectivas agrupaciones, ya que no tienen dependencia orgánica, como

militantes, del comité ejecutivo provincial.

 

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