Autor: ;García, Ángeles. 
 Miembros del Comité Central e importantes cargos madrileños, sancionados por la convocatoria de un acto. 
 La dirección del PCE está dispuesta a mantener la disciplina interna hasta sus últimas consecuencias     
 
 El País.    06/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Miembros del Comité Central e importantes cargos públicos madrileños, sancionados por la convocatoria

de un acto

La dirección del PCE está dispuesta a mantener la disciplina interna hasta sus últimas consecuencias

SEBASTIAN GARCÍA y ANGELES GARCÍA

La decisión de la dirección del Partido Comunista de España (PCE) de no permitir la más mínima actitud

discordante en el seno de la organización ha desatado una crisis sin precedentes, que puede conducir, a

corto plazo, a la salida o expulsión del llamado sector renovador, que en el pasado congreso se opuso a la

línea dominante. El detonante de la crisis sigue siendo la polémica sobre la fusión del PCE de Euskadi

(PCEEPK). A la convocatoria en Madrid de una conferencia de Roberto Lertxundi y Mario Onaindia, el

partido ha respondido sancionando a los principales madrileños del sector renovador, entre los que

figuran cargos locales de Madrid y varios miembros del Comité Central.

El conflicto interno del PCE, que había producido incidentes en el País Vasco, Cataluña y otras

provincias, estalló ayer en Madrid, al decidir el comité provincial sancionar a los firmantes de la

convocatoria, exigiéndoles la dimisión de sus cargos públicos y recomendando a las agrupaciones que

tomen medidas contra los discordantes, medidas que pueden llegar a la expulsión, bajo la acusación

formal de realizar «trabajo fraccional».

Según manifestó ayer Simón Sánchez Montero, el partido está en la necesidad de optar entre hacer

cumplir lo aprobado en el reciente X Congreso o desmoronarse, siguiendo en la situación actual. Para este

dirigente, el llamado sector renovador no sólo está conculcando la prohibición de las tendencias

organizadas, sino que está realizando una actividad claramente fraccional.

No se trataría, pues, de una discusión ideológica, sino de una cuestión de disciplina. La acusación de

trabajo fraccional puede dar lugar, en base a los estatutos del partido, a la expulsión de la organización de

estos militantes.

La convocatoria de la conferencia de Lertxundi y Onaindia ha producido movimientos en varias

instancias del PCE, dada la diversidad de adscripción orgánica de los convocantes. Diversas fuentes

comunistas informaron que hubo conversaciones para intentar que se retractasen de su acción, las cuales

terminaron sin resultado positivo alguno.

Entre los militantes encausados están varios miembros del Comité Central, como Carlos Alonso Zaldívar,

Pilar Arroyo, el economista Julio Segura, la diputada Pilar Brabo y el miembro del comité ejecutivo y

secretario de relaciones internacionales, Manuel Azcárate. La suerte de estos, probablemente la expulsión,

se decidirá en la reunión que el Comité Central celebrará en Madrid los próximos días 10 y 11. El comité

ejecutivo se reunirá hoy.

Pilar Brabo manifestó ayer que la actuación de la dirección es una medida inusual y desproporcionada, y

la comparó con el comportamiento que ha provocado la disolución del PCE de Euskadi. También precisó

que la decisión que pueda adoptar el partido respecto a ella no le afecta en su cargo de diputada, porque

no puede ser sustituida en él.

En el ámbito de Madrid han sido sancionados Eduardo Mangada, primer teniente de alcalde del

Ayuntamiento de Madrid; Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación provincial, y los concejales

madrileños Cristina Almeida, José Luis Martin Palacin y Pilar Vilallonga. Además, el comité provincial

decidió, según una nota difundida ayer, suspender a los comités de la federación Oeste y de Getafe.

Fuentes del partido indicaron que también son posibles medidas similares en la federación Este, donde los

renovadores tienen una fuerte implantación.

La nota del comité provincial afirma que la situación interna se caracteriza por «el intento de demoler el

Partido Comunista de España mediante actividad claramente fraccional», cuya «expresión más acabada»

es la convocatoria del acto con Lertxundi y Onaindia. Esta actividad «vulnera de forma antidemocrática la

voluntad mayoritaria del PCE» y supone una «decidida voluntad de enfrentamiento y desacato hacia los

órganos de dirección del partido, elegidos democráticamente».

Por su parte, el dirigente provincial Norberto Buenache, como portavoz del comité, manifestó que la

convocatoria del acto en cuestión ha sido la gota que ha colmado el vaso de una política de agresión al

partido, que se concretaba en un funcionamiento como partido paralelo. Según este dirigente, hay

constancia de reuniones y otras actividades de este tipo. Para Buenache los llamados renovadores

pretendían forzar una negociación con la dirección, pero se van a encontrar con que se les aplicarán con

rigor las resoluciones del pasado congreso.

Los sancionados de Madrid acudieron ayer a una reunión con el comité provincial, en la que Adolfo

Pinedo, secretario de la federación, les exigió la dimisión de los cargos que ocupan, porque el partido les

había retirado la confianza. Mangada y Larroque, en nombre de los sancionados, rechazaron tal exigencia

y replicaron que debía abrirse una discusión en del partido para evaluar su actuación en los cargos que

ocupan.

Ante esta postura, el comité decidió incoar expedientes individuales de expulsión del partido, por una

doble falta de disciplina: la convocatoria del acto y la propia negativa a dimitir. La cuestión, en lo que a

los cargos públicos se refiere, acabará, por tanto, ante la Junta Electoral. Los trámites pueden durar un

mes y medio.

Como última salida, Mangada había ofrecido que los encausados continuasen en su actual situación, con

el compromiso de no volverse a presentar candidatos en las próximas elecciones locales, en 1983. El

propio Mangada calificó la reunión como «aparentemente cordial, pero durísima en cuanto al contenido»,

mientras Larroque tachó de «vergonzosa» la actuación del comité provincial.

 

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