El interés público y la disciplina de partido     
 
 El País.    08/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

EL PAÍS, domingo 8 de noviembre

El interés público y la disciplina departido

EL CONFLICTO desencadenado en el PCE a causa de la solidaridad de un grupo de dirigentes y altos

cuadros madrileños con el secretario general de los comunistas vascos, recientemente expulsado, puede

dañar al buen gobierno del Ayuntamiento de la capital y lesionar los intereses de sus vecinos.

Mientras los diputados, pese al sistema de las listas cerradas, no pierden su escaño en el Congreso aunque

rompan con el partido que les presentó en su candidatura, el régimen electoral de la Administración local

permite a las direcciones de los partidos desposeer de sus cargos a los concejales que son expulsados de la

organización o causan baja voluntaria en sus filas. En algún caso, como sucedió con Alonso Puerta, la

medida disciplinaria, que lleva acarreada la pérdida del cargo público, tiene concomitancia, se relaciona,

aunque sea de forma discutible y polémica, con actuaciones relacionadas con la gestión municipal. En

otros, el litigio que obliga a salir del Ayuntamiento a un concejal nada tiene que ver con su labor pública,

y nace exclusivamente de conflictos internos de los partidos. Así sucedió con Ramón Tamames, cuya

satisfactoria actuación como teniente de alcalde quedó cortada en seco por su decisión de abandonar la

militancia dentro del PCE, pero sigue en posesión de su escaño de diputado.

Más grave resulta todavía que un debate interno comunista pueda privar al Ayuntamiento de Madrid de la

colaboración de varios concejales que ni siquiera han pedido la baja en la organización, sino que son

represaliados por sus opiniones. La eventual salida del Ayuntamiento de Eduardo Mangada (actual primer

teniente de alcalde y responsable de urbanismo), de Martín Palacín (concejal de Circulación y

Transportes) o de Cristina Almeida (que ha sustituido a otro concejal dimitido —Alfredo Tejero— en

Educación), no sólo puede poner en peligro los pactos municipales, sino que amenaza quebrar la

continuidad de la política municipal en esas áreas. El acuerdo entre el PSOE y el PCE quedará

gravemente dañado si la dirección comunista decide además designar para esas concejalías a personas

inexpertas, seleccionadas en función de su lealtad o sumisión y no por su capacidad para desempeñar sus

cargos. Pero los principales perjudicados serán los madrileños.

Eduardo Mangada ha sido el artífice y el administrador de una política urbanística con la que se puede

estar en desacuerdo, pero que ha sido guiada por criterios claros e instrumentada con coherencia. La

voluntad de frenar la especulación, el plan de proteger los edificios histórico-artísticos, la uniformidad en

la concesión de viviendas o la protección a las colonias de hotelitos ha sido el contenido de una gestión

animada por propósitos políticos y realizada por un prestigioso urbanista. Si Eduardo Mangada se

marcha, contra su deseo, del Ayuntamiento y es sustituido por alguien con buena voluntad, pero sin

experiencia en ese terreno, también podría correr peligro la revisión del Plan General de Madrid de 1963,

que el actual Ayuntamiento se ha comprometido a concluir antes de que termine 1982. Martín Palacín,

por su parte, ha hecho una labor en Circulación y Transportes con éxitos indiscutibles, como el de la

ORA.

Cabe albergar dudas sobre la importancia que revista para los madrileños que los concejales expulsados

sean partidarios del vasco Lertxundi y sus sustitutos sean admiradores del vasco Ormazábal. En cambio,

es preocupante la sospecha de que los leales reemplazantes de los díscolos sancionados puedan quedar

por debajo de ellos en competencia, experiencia y capacidad de trabajo. Los concejales amenazados

llevan dos años y medio al frente de sus responsabilidades. Seria una broma pesada que fueran obligados

a dejar su labor interrumpida y ocuparan sus puestos, para desempeñarlos hasta marzo de 1983, unos

candidatos elegidos, no por sus conocimientos urbanísticos o municipales, sino por su acierto en coincidir

con la dirección del PCE en la polémica sobre Euskadiko Ezkerra. El interés público debe primar —

pensamos— en estos casos sobre la disciplina interna de los partidos.

 

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