Autor: Rodríguez Aramberri, Julio. 
   ¿Cortes constituyentes?     
 
 El País.    05/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

¿Cortes Constituyentes?

JULIO RODRIGUEZ ________ARAMBERRI_______

Miembro de la Liga Comunista Revolucionaria.

Candidato por Madrid del Frente por la Unidad de los Trabajadores

De hacer caso a los medios de comunicación social y a la mayoría de los candidatos, las Cortes que

saldrán de las elecciones del 15 de junio van a ser constituyentes.

Así será en cierta medida. Las próximas Cortes, sea cual fuere su composición, tendrán que cambiar las

leyes fundamentales vigentes. Incluso si (¡política-ficción!) Alianza Popular (no digamos la del 18 de

Julio) alcanzase la mayoría se vería obligada a ello. Cambio constitucional —del signo que sea— lo va a

haber en cualquier caso. Pero no es ésa la cuestión. Un cambio de la legalidad constitucional no puede

equipararse a la existencia de Cortes Constituyentes.

Hasta los más torpes tratadistas burgueses de Derecho Constitucional lo saben. Una Asamblea

Constituyente es el órgano soberano máximo y por ello cuenta con poder suficiente para resolver, sin

límite alguno, cuantos problemas quiera plantearse. Partiendo de ahí, las futuras Cortes pueden ser

calificadas como mejor se quiera, pero no serán Cortes Constituyentes.

Ante todo, la ley para la Reforma Política, cuyo nombre es bien expresivo, constituye una firme muralla

contra cualquier intento de creación ex novo de una Constitución. Poco se habla de aquélla en la campaña

electoral y hasta podríamos creer que en realidad se limita a prescribir la composición de las nuevas

Cortes. Sin embargo, y precisamente esa ley. aprobada en un referéndum manipulado, es la que descarta

la existencia de una verdadera constituyente.

Aunque la iniciativa para la transformación constitucional pueda provenir del Congreso de Diputados, su

previsible fragmentación hará que, en realidad, sólo el Gobierno pueda ejercerla. Tan es así que ya este

Gobierno (por lo demás no muy diferente del venidero) está preparando su propio proyecto de

Constitución en los despachos de la Moncloa, mucho antes de la reunión de las Cortes soberanas.

Por otra parte, el propio procedimiento de reforma y la previsiblemente desigual composición de

Congreso y Senado neutralizan la posibilidad de una reforma que no cuente con la aprobación de la

minoría parlamentaria más fuerte (es decir, de la UCD).

Finalmente, los amplísimos poderes plebiscitarios que el artículo 5 de dicha ley otorga al Rey pueden

servir eficazmente para hacer entrar en razón a unas Cortes poco sumisas o que se hurten a los deseos del

Gobierno.

Pero más allá de la letra de la ley y de las normas de procedimiento, la imposibilidad de que las futuras

Cortes sean constituyentes viene determinada por otros factores de mayor peso: la actitud de los llamados

poderes fácticos. Recientemente, los mandos superiores del Ejército, a raíz de la legalización del PCE,

han precisado con claridad meridiana los límites del terreno de juego: respeto a la Monarquía, a la unidad

de la Patria y a las Fuerzas Armadas. Dicho de otra forma, que se mantengan intactos los elementos

centrales del aparato de Estado conformado por el franquismo, cuyo garante supremo viene a ser ahora el

Rey, y que la cuestión nacional sea decidida desde el centro. La forma concreta en que puedan

instrumentarse esas limitaciones puede ser muy variada y dependerá, entre otros factores, del peso

electoral de los partidos obreros. Pero ello no las hace menos contundentes. El propio planteamiento de

las elecciones, unas elecciones sin libertad y prefabricadas en favor de los neofranquistas de Suárez

aliados a los sectores más oportunistas de la finada oposición democrática, impide también la existencia

de una opción constituyente. Las elecciones se realizan sin amnistía total, aunque recientemente se haya

concedido libertad provisional a un conocido dirigente de la extrema derecha, seguramente para que

pueda votar en su colegio cercano a Atocha. Más de cincuenta partidos, obreros la mayoría, seguimos en

la ilegalidad. Al parecer, el Gobierno no nos encuentra homologables democráticamente, lo que no le

impide legalizar a demócratas de toda la vida (los libreros lo saben bien) como el PENS. Las centrales

sindicales han sido legalizadas, pero no pueden ejercer su libertad. Más de dos millones de jóvenes han

quedado fuera de las urnas, pese a que su inmadurez política no es obstáculo para que puedan trabajar

desde los dieciséis años. Los emigrantes encuentran dificultades casi insuperables para votar, aunque

nadie hace ascos a su dinero. Las elecciones que nos van a traer la democracia se realizan en un marco de

prohibición de las más elementales libertades públicas, como las de reunión y manifestación; aun cuando

ello pueda llevar a situaciones como la de las últimas muertes en Euskadi, el Gobierno entiende así la

democracia.

Por todo ello es imposible que las próximas Cortes sean realmente constituyentes. Si acaso pactarán

algunos compromisos impuestos. Las modificaciones constitucionales recortarán gravemente las

libertades democráticas y nacionales. Todo el portentoso milagro político español (capaz, eso sí, de

convertir en demócratas sinceros hasta a ex ministros del Movimiento) se reduce a la voluntad de la

burguesía de hacer algunas concesiones.

¿A cambio de qué? Del pacto social. La grave situación económica en que se debate el capitalismo

español no puede resolverse sin unas drásticas medidas estabilizadoras que hoy, a diferencia de 1959, ya

no pueden imponerse por las bravas y necesitan ser negociadas con los representantes parlamentarios de

los trabajadores. Esa es la verdad de las futuras Cortes democráticas.

Por eso, proponer un pacto constitucional es muestra de una decidida voluntad de aceptar el pacto social,

el Estado fuerte y la legitimidad de las Cortes que lo fabriquen. Como justificación se arguye que la

alternativa actual está entre la dictadura y la democracia. No es exacto. Dada la previsible fuerza de la

extrema derecha, la verdadera alternativa hoy se da entre la democracia sin libertad que propugna Suárez

en nombre de la mayoría del capital y la democracia real. Tales son los datos del problema.

Pero la verdadera incógnita no está en el 15 de junio, sino en el 16. Es muy difícil que los trabajadores

puedan aceptar pacientemente el cúmulo de medidas tendentes a descargar sobre sus espaldas la crisis del

capitalismo y que sus representantes parlamentarios puedan gozar de un margen ilimitado de maniobra a

.la hora de contraer compromisos. La perspectiva más probable es que, lejos de suponer el comienzo de

un período de estabilización política y económica, las próximas elecciones marquen una agudización de

los conflictos entre las clases, unida a la exigencia de una democracia real.

De la firmeza de los trabajadores, de su voluntad de lucha, de su negativa a renunciar a ninguna de las

conquistas tan duramente logradas dependerá que pueda cuajar o no el actual proyecto de democracia sin

libertad. Por eso, desde el día 16, nosotros, además de por todas las reivindicaciones de los trabajadores,

lucharemos por poder elegir libremente las Cortes Constituyentes que necesitamos y que hoy no se

vislumbran por parte alguna.

 

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