Autor: Massip Izábal, José María. 
 ABC en Washington. 
 Progresiva politización en torno a los acuerdos hispano-norteamericanos  :   
 No se trata de arrendar unos trozos de territorio, sino de establecer unas garantías de cooperación defensica por ambas partes. 
 ABC.    25/04/1969.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

A B C EN WASHINGTON

PROGRESIVA POLITIZACIÓN TORNO

No se trata de arrendar unos trozos de territorio, sino de establecer unas garantías de cooperación

defensiva por ambas partes

TURBIAS SUGERENCIAS DEL «WASHINGTON POST» AL SECRETARIO DE ESTADO PARA

EVITAR UN ACUERDO CON EL GOBIERNO ESPAÑOL

Washington 24. (Crónica de nuestro corresponsal, por "telex".) Un editorial reciente del diario "Ya", de

Madrid, ha sido reproducido, en parte, hoy, por un articulista del "Washington Post", Ward Just, tratando

de ofrecer por primera vez a la opinión norteamericana un enérgico criterio español alrededor de las

estancadas negociaciones sobre las bases militares de este país en la Península. Del editorial se

reproducen varios párrafos muy convincentes y, sobre todo, su título: "La era de los arriendos ha

terminado" ("The era of rentais has ended").

Ello tiene un extraordinario interés en este momento de confusa controversia norteamericana alrededor de

las bases españolas, porque clarifica públicamente y en términos muy categóricos la posición de Madrid.

En las negociaciones de septiembre del año pasado, en su visita anterior a Dean Rusk en noviembre y, en

fin, en sus recientes entrevistas con el presidente Nixon y su secretario de Estado, William Rogers, trató

de hacerlo ya, naturalmente, el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y lo hizo, según

mis informes, con extremada precisión, pero una gestión diplomática sobre un asunto tan considerable no

se hace pública más que de una manera indirecta, que el propio Castiella señaló en Madrid a su regreso de

Washington, al decir que "no somos satélites de nadie". Casi al mismo tiempo, y ello es significativo, el

secretario de Estado, Mr. Rogers, decía a la Prensa en su primera entrevista oficial con los corresponsales:

"Consideramos importantes las bases de la Península y nuestras amistosas relaciones con España."

Este corresponsal ha tenido que referirse reiteradamente a la controversia washingtoniana alrededor de las

bases españolas y a la confusión que se ha producido en la etapa última de su renovación o su expiración

y desmantelamiento, fijada para el corriente año hasta el plazo máximo de marzo de 1970.

La cuestión técnica y económica de la presencia de las bases norteamericanas en España se ha politizado

aquí, en los últimos meses, hasta un extremo inmanejable para las partes encargadas de negociar y

concretar, los diplomáticos y los militares, ha penetrado en el Congreso y está afectando, indudablemente,

el curso a seguir por el Poder Ejecutivo, la Casa Blanca.

Se ha pasado del volumen monetario de la aportación militar norteamericana a España, es decir, el valor

del material militar moderno que el Ejército español considera indispensable a su función defensiva, a la

valoración estratégica de las bases como tales y, sobre todo, a la norma contractual que habrá de gobernar

de realizarse, una segunda renovación de los Convenios Washington-Madrid.

El Convenio inicial, firmado por el secretario de Estado Foster Dulles durante la Administración del

general Eisenhower, suscrita por las partes en 1963, diez años después, por la Administración Kennedy,

fueron hechos en virtud de acuerdos de carácter ejecutivo entre la Casa Blanca y el Gobierno español, sin

intervención directa de las Cámaras legislativas y siempre en el entendimiento de que las bases eran "con-

juntas" y, por tanto, de interés y defensa común.

Lo mismo que en España, según "Ya", ha pasado la era de los arrendamientos, ha pasado aquí, por todos

los indicios, la de los Convenios ejecutivos. Aquí y allá la situación se ha politizado. Más que el costo de

la ayuda militar norteamericana a las Fuerzas Armadas españolas lo que importa aquí en el Senado y en la

Cámara Baja es el grado de compromiso, es decir, de mutualismo defensivo, que los Estados Unidos

ofrezcan a España. La situación es exactamente la misma vista, según mis noticias, desde Madrid. No se

trata ya de arrendar pedazos de territorio para uso militar de una gran potencia atómica, sino de establecer

una escala de valores estratégicos y políticos al posible Acuerdo y precisar las garantías mutuas de

cooperación defensiva por ambas partes: España, que cede su territorio, y Estados Unidos, que aporta su

material militar y sus soldados.

A estas alturas, y en el estado de cosas de hoy, ello no será posible, en mi opinión, a menos que se

prepare, concierte y apruebe un Tratado entre Washington y Madrid, que es lo que está pidiendo en los

últimos días el "chairman" del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, J. William Fulbright,

máximo portavoz de las prerrogativas parlamentarias en situaciones de esta índole. Aparte de sus ideas

políticas, muy acusadas en política exterior, es un hombre escarmentado por el visto bueno dado por el

Senado y a ciegas al presidente Johnson en el incidente naval del Golfo de Tonkín en 1955, que dio al

presidente vía Ubre para lanzar a sus bombarderos sobre Vietnam del Norte y escalar una guerra que

acabó destruyéndole políticamente.

Ahora bien: un tratado tiene escollos. A este respecto publicaba ayer el "Washington Post", que lleva una

campaña sistemática contra la renovación de los Convenios, un significativo editorial titulado "Aclaremos

nuestros compromisos con España", en el que se dice, después de afirmar que lo mejor sería abandonar

definitivamente los Convenios españoles, que "puede ser difícil para el Departamento de Estado romper

las negociaciones en este punto, porque se ha dicho que se habían alcanzado acuerdos "en principio". "Sin

embargo—escribe el influyente periódico—, hay dos caminos que podría seguir Mr. Rogers sin un

embarazo excesivo. Puede reafirmar el compromiso de seguridad mutua y enviar un Tratado definiéndolo

al Senado, donde tendrá poquísimas oportunidades de sobrevivir. O bien puede continuar negociando con

una tersa declaración de que la presencia de las fuerzas norteamericanas en las bases españolas no

constituye ninguna clase de garantía de seguridad para España, declaración que sería probablemente

inaceptable en Madrid, cosa que nos complacería."

Esta, expresada con admirable franqueza por el "Washington Post", olvidándose de quince años de

perfecta cooperación española, de riesgos, de inconvenientes, de tensiones y de Palomares, es la actitud

de influyentes sectores parlamentarios en este momento de forcejeo entre las Cámaras legislativas, la

Casa Blanca y el Pentágono. Ward Just, en su artículo, subraya hoy el comentario de un alto funcionario

diplomático español: "Es inadmisible el arriendo de las bases sin consideración a los riesgos que el

Convenio entrañaría para España."—José María MASSIP.

 

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