Autor: Castiella y Maíz, Fernando María. 
 Ante una importante decisión. 
 De nuevo... Las bases     
 
 ABC.    10/11/1974.  Página: 19, 21. Páginas: 2. Párrafos: 27. 

ANTE UNA IMPORTANTE DECISIÓN DE NUEVO... LAS BASES

Con motivo de las conversaciones para la renovación de los acuerdos con Estados Unidos, el ilustre ex

ministro don Fernando María Castiella ha publicado un extenso artículo en el diario «La Vanguardia

Española», de Barcelona, que, por su indudable interés y actualidad, reproducimos íntegramente a

continuación.

En relación con las negociaciones que se inician ahora con los Estados Unidos, vale la pena fijar

nuestra atención sobre un párrafo significativo del famoso discurso que el pasado 12 de febrero don

Carlos Arias Navarro, al frente de un nuevo equipo político, pronunció ante las Cortes Españolas.

Mediada dicha pieza oratoria que, como solemne declaración programática, además de alcanzar

resonancia mundial, obtuvo los más altos respaldos del poder y un considerable despertar de

esperanzan en muy amplios sectores del país, el presidente del Gobierno, midiendo bien sus palabras, se

expresó así: «... Debemos inscribir en esta enunciación de prioridades la activa preocupación española por

la seguridad en el Mediterráneo, tema al que atañe de forma importante el Tratado de amistad y

cooperación con los Estados Unidos, expresión de una sincera amistad que manifestamos, bajo los

principios de recíproco respeto y adecuada contraprestación al servicio de la causa de Occidente.»

A ningún político, sobre todo si es hombre de leyes, se le pasa por alto que en dicho texto, meditadísimo,

se habla de «el Tratado...». ¡Un Tratado,, sin embargo, hoy por hoy, inexistente! Sabido es, en efecto, que

en nuestra actual vinculación con Norteamérica —por exigencia imperiosa de sus dirigentes y pese a que,

dadas las mutaciones del mundo, muchos españoles, desde antes de 1968, considerásemos como

«conditio sine qua non» del acuerdo que éste tuviese el rango de Tratado, preciso para alcanzar todas las

garantías jurídicas— no se logró en 1976 remontar el muy relativo nivel de un «executive agreement» —

acuerdo entre gobiernos, inadmisible para una España expuesta casi gratuitamente, en gran parte por

problemas que no son suyos, a riesgos tremendos.

Como es impensable un «lapsus» —que, de haber existido, hubiese sido subsanado con apresuramiento,

primero en el «Boletín Oficial de las Cortes» y luego en las múltiples ediciones que se hicieron de tan

importante discurso— no es aventurado suponer que el orador —estadista, ante todo, y además notario de

profesión— quiso comprometerse públicamente ante sus compatriotas —que, a buen seguro, le aplauden

por ello— a no pactar concesión alguna en materias de tan inmensa responsabilidad que no esté

cumplidamente respaldada —«bajo los principios de recíproco respeto y adecuada contraprestación»—

por un Tratado en toda regla. Tratado que, se entiende, debe contar, allá, con todas las bendiciones

precisas del Senado, y aquí, por lo menos, con las de nuestras Cortes.

Esto es de una importancia capital para cuantos —supongo, somos muchos— siendo decididos partidarios

de una amplia, sincera, sólida y conveniente amistad con los Estados Unidos, nos resistimos a que se

confunda esa auténtica inclinación de nuestro ánimo con un tan dócil y resignado sometimiento español

que casi nos convierte en satélites de la más grande y poderosa nación de la Tierra.

Por aquello de que «las cuentas claras hacen los buenos amigos», conviene que, en estos tratos tan

delicados, un elemental realismo —que nadie se atreverá a tildar de patriotero— nos impulse no sólo a

contemplar con ojos limpios los aspectos del problema, tales como son, sino también a llamar las cosas

por su nombre.

Hablar, por ejemplo, en el momento presente, de una alianza hispano-norteamericana —como el pasado

22 de octubre lo hacían nuestros periódicos recogiendo una noticia transmitida desde Nueva York— es

sencillamente incurrir en el engaño. Para probarlo, nos bastará recordar la declaración que el negociador

norteamericano de los acuerdos de 1970, el subsecretario de Estado, Alexis Johnson, hizo oficialmente —

no improvisando, sino leyendo, «his prepared statement»— en el Senado el 26 de agosto de aquel año:

«La Administración ha creído que la forma de Tratado no es adecuada para la relación emprendida con

España. La explicación es obvia y la hemos descrito muchas veces: un Tratado compromete a los Estados

Unidos con un tercero, convirtiendo a este tercero en aliado. Un Acuerdo Ejecutivo, no»

Tampoco estará de más aludir a un episodio revelador de ciertas actitudes que merecen ser ponderadas

por nuestras gentes. Al renovarse ahora, en noviembre, por elección un tercio del Senado americano, el

influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Fulbright —derrotado hace meses en las

primarias—, abandona ese puesto desde el que ha dominado durante muchísimos años un vasto sector de

la política de su país. Hace meses también se avanzó el nombre del senador Sparkman para sustituirle en

el cargo.Y como alguien objetara que el mencionado candidato era bastante sumiso a las consignas del

Ejecutivo, Sparkman, para defenderse, invocó entre otras cosas lo siguiente, tal como aparece reseñado en

el «New York Times» del 17 de junio,que tengo a la vista: «En 1969, la Administración deseaba renovar

nuestro acuerdo sobre las bases militares en España. Fulbright argumentó fuertemente para que esto se

hiciese mediante un Tratado. La Administración deseaba un Acuerdo Ejecutivo. Yo —sostiene

Sparkman— favorecía también la idea de un Tratado. En consecuencia, visité al secretario de Estado,

William Rogers, y le pregunté: "¿Tiene usted alguna razón por la que esto no pueda hacerse por Tratado?"

El me contestó diciendo que "en este caso sería difícil negociar un Tratado por algo relacionado con un

apoyo a España en África o en Gibraltar" («In this case it would be dífficult to negotiate a treaty

something to do supporting Spain in África or Gibraltar»). En vista de ello —concluía Sparkman— yo

dije: De acuerdo. Si no hay Tratado esta vez, dejémoslo para la próxima.»

Que, por cierto, es ahora. Entonces, como se ve, nuestros dos amigos se habían encendido.

Falta por conocer lo que puedan opinar los españoles, una vez que éstos sean debidamente informados

sobre las experiencias de estos años y las nuevas nietas que nuestro Gobierno se proponga alcanzar. Mi

opinión, modestísima ahora, quizá no lo era tanto aquel 20 de junio de 1969 cuando desde Washington, y

en mi calidad de ministro de Asuntos Exteriores —tras de firmar con William Rogers una pequeña

prórroga que, según rezaba el comunicado conjunto, «los dos Gobiernos... utilizarán para determinar la

nueva relación», que, apartándose de su anterior fachada militar fue calificada con el término nuevo de

«cooperación»—, manifesté públicamente. Las bases establecidas en 1953, con todo su valor, constituyen

hoy día más un riesgo que una protección. Los españoles —de izquierdas y derechas— tienen conciencia

de un fenómeno universal indiscutible: la era de las bases militares en el extranjero está terminada. Los

países soportan cada vez menos esos «enclaves» llenos de secretos y peligros, y reclaman, en cambio,

sistemas más racionales y eficaces de cooperación entre los pueblos. De todas formas, nuestro

entendimiento con los Estados Unidos en diversos y fecundos campos de la actividad humana —

investigación, comercio, cultura, inversiones, tecnología— no debe ser obstáculo a la firme decisión de

que sobre nuestro suelo las bases tengan que ser «exclusivamente españolas». En el terreno militar, lo

único que, a lo sumo, cabrá negociar, de igual a igual, con Norteamérica —en las contingencias que se

prevean y siempre que la seguridad de España, en justa correspondencia a nuestra contribución a la de los

Estadas Unidos, obtenga adecuadas garantías jurídicas— será el privilegio de poder contar con el uso de

ciertas «facilidades» de tipo» defensivo.

No se nos oculta, sin embargo —señalaba yo, honradamente—, que en los Estados Unidos, tras la

sangrienta y costosa guerra del Vietnam y otras aventuras, la opinión pública se muestra opuesta a su vez

a que se contraigan nuevos compromisos de ayuda militar exterior, nuevas obligaciones internacionales.

Pero, si esto es así, los españoles no tenemos por qué ser quienes se encarguen de soportar las

consecuencias. No es ése nuestro pleito.

Nunca podré olvidar aquellos tiempos en los que logramos resistir toda clase de presiones y de artimañas

increíbles para forzarnos a firmar, casi sin discutir, viejas fórmulas desfasadas. Y recuerdo que algún alto

jefe militar americano, con la más insolente naturalidad, llegó a manifestar a sus colegas españoles que

solicitaban —¡para una labor conjunta!— material moderno: «Ustedes pongan la geografía, nosotros

pondremos la defensa.»

En todo caso, de cara al futuro, nos quedaba un camino y no dejé de señalarlo: olvidarnos de la sopa boba

de los acuerdos, huir de comodidades rutinarias y hacer, en cambio, un esfuerzo de imaginación para

proceder a una renovación mental y material que nos pusiese en línea con los problemas de nuestro

tiempo. A base de un replanteamiento previo de lo que debe ser nuestra defensa nacional, reclamé el

máximo apoyo para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas poniendo a contribución, además de

las colaboraciones que se pacten con otros países —cosa que, con satisfacción, veo se está haciendo—,

nuestra propia técnica, nuestro propio potencial industrial, a fin de dotar lo mejor posible a unos ejércitos

que durante treinta años han garantizado nuestra paz y la seguirán garantizando en el futuro.

En aquella declaración, fruto de largas meditaciones con mis colaboradores —gentes de excepción—, y

respondiendo a la confianza que me dispensaba el Jefe del Estado, quedaron trazados, como se ve, nuevos

rumbos coherentes con el resto de nuestra política exterior. Por razones obvias, no me fue posible el

seguirlos y tampoco estuvo luego en mi mano el impedir que nuestra recién bautizada terminología —

«bases exclusivamente españolas», facilidades», «cooperación»— llegase con el tiempo a ser bastante

desvirtuada.

Mucho es lo que los españoles acabarán por saber sobre los acuerdos de 1970 —concertados con tanta

rapidez que «sobraron cincuenta días en la negociación»— y sobre la forma en que se han cumplido sus

disposiciones.

En España, el hombre de la calle puede llegar a pensar que más de 10.000 soldados norteamericanos

signen velando desde «nuestras» bases por la paz y tranquilidad de los hogares americanos y españoles.

Pero se quedaría perplejo y luego irritado si alguien le ayudase a comprobar que tanto de los textos de los

acuerdos como de los documentos oficiales publicados en Washington —especialmente los recogidos en

el «Congressional Record»— se desprende meridianamente que no existe el menor compromiso público a

secreto por parte de los Estados Unidos no ya para garantizar la seguridad de España, sino para defenderla

contra enemigos de fuera («to defend Spain from external adversaries») o a sostener al Gobierno de

Franco —mencionado expresamente— frente a una insurrección interna, incluso si ésta fuese inspirada

tanto por Mao como por Moscú. Esto está dicho y redicho en letras de molde solemnemente y hasta la

saciedad, lo mismo por el subsecretario de Estado, Johnson, que por el subsecretario de Defensa, David

Packard.

Si además de no estar comprometidas a defendernos, las fuerzas norteamericanas están autorizadas a

retirarse cuando se les antoje, Juan Español puede preguntarse para qué se necesita aquí su presencia.

En 1963, en los últimos momentos de un forcejeo diplomático del que me siento orgulloso, se obtuvo una

Declaración Conjunta, una «Joint Declaration» tan importante respecto a garantías para nuestra seguridad

que el celoso senador J. W. Ful-bright, en uno de sus libros publicados en 1970, llegó a calificarla

diciendo que «de hecho es lo que puede llamarse el equivalente funcional de un Tratado ratificado por el

Senado» («in fact it is what we called the functional equivalent of a treaty ratified by the Senate»).

En agosto de 1970, Alexis Johnson informó casi con saña al Comité de Relaciones Exteriores del Senado

que, precisamente para tranquilizar a sus miembros sobre posibles compromisos con España, «se había

apuesto rigurosamente» a que ni una sola palabra de la «Joint Declaration» figurase en el texto que

acababan de firmar a toda prisa el secretario de Estado y el ministro español de Asuntos Exteriores.

La eliminación de la Declaración Conjunta representó, claro es, un evidente y notable retroceso de las

posiciones españolas que, de por sí, podíamos ya considerar poco satisfactorias en la nueva situación del

mundo.

Pese a que el acuerdo de cooperación y amistad de 1970 afirma la voluntad de incrementar las relaciones

comerciales y de evitar en lo posible todo aquello que suponga una restricción de los normales

intercambios, no hablaremos del impresionante desnivel «in crescendo» de nuestra balanza comercial, ni

descenderemos a las anécdotas de la pintoresca pequeña guerra del calamar o al duro trato dado a nuestras

aceitunas y nuestro calzado. Como tampoco nos referiremos hoy a las decepciones e irritación a que ha

dado lugar la impuntual entrega de un material bélica en gran parte arqueológico. Ni al reparto de los tres

millones de dólares —¡tres millones de dólares!— con que los Estados Unidos han llenado el renglón

consagrado a su cooperación en los terrenos científico, intercambio cultural, lucha contra la polución,

problemas urbanos y, especialmente, el de las reformas de la enseñanza... («¿Será una errata de

imprenta?», se preguntaba «La Vanguardia» con mordaz ironía en su agudísimo y estupefacto editorial

del 3 de agosto de 1970.)

Hay mil temas que, de momento, quizá _ convenga silenciar, pero que no escapan a la inquieta curiosidad

de muchos españoles, con espíritu alerta, que al igual que yo desearían estar bien informados.

No obstante, cabe, al menos, preguntar: ¿En qué medida se utilizan nuestro aire, nuestras aguas, nuestro

suelo para servir a organizaciones que nos menosprecian y a las que, naturalmente, no pertenecemos?

Cuando se suscribieron los acuerdos de 1970, frente a la afirmación de nuestros portavoces oficiales

asegurando una modificación sustancial de la situación creada en 1953, se han alzado las opiniones

enteramente contrarias de las autoridades americanas. Si se me permite citar, por última vez, a Alexis

Johnson, reproduciré estas palabras escritas por él en su testimonio ante el Senado: «Por lo que se refiere

al capítulo militar del nuevo acuerdo, los arreglos suponen básicamente una continuación de los derechos

que hemos disfrutado en España desde 1953.» Al hablar nosotros en 1969 de «ciertas facilidades»

pensábamos, naturalmente, en una reducción considerable del uso de las bases. Pero ¿no ha ocurrido algo

enteramente diferente? Los españoles, generosos, confiados, ¿no estamos pecando, acaso, por ser

demasiado fáciles?

En este orden de cosas, séame permitido consignar una última inquietud. Cuando, no hace mucho, estalló

en el Próximo Oriente la llamada guerra del «Kippur» y las bases americanas que quedan en el mundo se

pusieron fulminantemente en estado de alerta, el Gobierno español, amigo a todas luces de los árabes,

cursó órdenes, con acierto indiscutible, para que el suelo patrio no sirviera de plataforma para cualquier

clase de ayuda que los Estados Unidos —presentes en el Mediterráneo, es cesa sabida, casi

exclusivamente para garantizar la supervivencia de Israel— pudieran prestar al ejército judío. Semejante

actitud contrastaba con la que en Portugal adoptó, sin aparentes ventajas políticas, el Gobierno de

Marcelo Caetano en relación con las Azores.

Se dijo en la Prensa americana que el gesto español —imitado por otros países y que a nadie podía

sorprender— produjo disgusto tanto en el Pentágono como en el State Department. Pero en la misma

Prensa —hábil para informarse y reacia a cualquier discreción— se afirmó —véase, por ejemplo, el «New

York Times» del pasado 10 de julio— que, pese a la decisión adoptada por Madrid, se elevaron desde

nuestras bases —«exclusivamente españolas»— aviones-cisterna para repostar en el aire a los aviones que

procedentes del Atlántico se adentraban en el Mediterráneo en dirección a Israel.

Aunque uno se resiste a dar crédito a semejantes asertos, no he podido encontrar, ni en América ni en

España, un rotundo mentís a una información tan grave sobre una trasgresión que pudo causarnos tanto

daño.

Fernando María CASTIELLA

 

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