El Movimiento de todos los españoles     
 
 ABC.    02/11/1969.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

EL MOVIMIENTO DE TODOS LOS ESPAÑOLES

El señor Fernández Miranda ha repetido en su discurso de toma de posesión, y es de agradecer que lo

haya repetido, el texto de la Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional: "El Movimiento

Nacional y sus entidades y organizaciones estarán abiertas a todos los españoles previa aceptación

expresa de fidelidad a sus Principios y demás Leyes Fundamentales del Reino".Es exactamente lo que

dice el señor Fernández Miranda, al proclamar: "Acepto la grave responsabilidad de ser ministro

secretario general del Movimiento. Del Movimiento abierto a todos los españoles. Del Movimiento

creado, forjado, perfeccionado por Franco. Del Movimiento de nuestras Leyes Fundamentales. El

definido por la Ley Orgánica del Estado".El Movimiento "comunión de todos los españoles" es el cauce

de representación pública que expresamente le confiere la Constitución y que es, justamente, todo lo

contrario de lo que ha venido conociéndose en el mundo del derecho político bajo la definición de

"partido único".

Toda la historia de la España contemporánea hay que entenderla como un proceso abierto de

perfeccionamiento institucional que progresivamente va ocupando áreas de la vida política en principio

retenidas por un poder superior, que de manera paulatina se ha ido descargando de sus poderes

fundacionales para establecer un armazón capaz de funcionar de manera autónoma. Y nadie que quiera

observar con honestidad este proceso político puede negar que existe una progresión

institucionalizadora.No es momento de recontar los escalones recorridos, pero está claro que se ha andado

mucho camino para llegar desde el comienzo de nuestra guerra en 1936 a la realidad de un estado de

derecho que tiene en funcionamiento sus mecanismos representativos previstos en la Ley Orgánica del

Estado, pieza maestra de todo el edificio constitucional.

El Estado español ha ensayado una fórmula original de organización de la vida política que será preciso

desarrollar constantemente y que no es ni mejor ni peor que otros sistemas aplicados en otros países

europeos, con la salvedad de que parece el más adecuado para nuestra circunstancia nacional, a

condición—y esto es lo importante—de que su funcionamiento se inserte vitalmente en la realidad

española, sin congelarse en las nubes de las buenas palabras. Los españoles hemos llegado a un punto de

madurez política más que suficiente para comprender que será mucho más útil el perfeccionamiento del

sistema aprobado popularmente por la Ley Orgánica, que el desmantelamiento de toda nuestra ordenación

actual para regresar a una vida política regida por el enfrentamiento de partidos políticos de signo

ideológico, frente a los cuales será preciso reconocer estadísticamente que la inmensa mayoría del país

siente escasa simpatía.

Hemos elegido una fórmula de representación funcional y democracia orgánica capaz—por lo menos en

teoría—de articular con toda eficacia la participación popular en la vida política, y de colaborar en la

coordinación de funciones dentro de la unidad de poder prevista en nuestra Constitución, pero ese sistema

tiene que rematar su proceso creador justamente a través del Movimiento, que el señor Fernández

Miranda considera con acierto, cauce político de todos los españoles para su participación en la vida

pública.

Es evidente que semejante participación está condicionada a la aceptación de un mínimo de presupuestos

comunes, que incluye nuestra Constitución bajo el título de Principios Fundamentales, exactamente igual

que otras muchas Constituciones extranjeras recogen también determinadas principios esenciales que no

pueden revisarse. Sobre este cimiento de principios admitidos por el pueblo que aglutinen la vida política

nacional, el Movimiento debe ser precisamente el órgano encargado de promocionar la participación

ciudadana a través de esas asociaciones, expresión del legítimo contraste de pareceres cuya libertad de

funcionamiento y efectividad de intervención vendrán a darnos, de manera inapelable, la medida de

utilidad pública de la propia Secretaría General. Por eso consideramos que la más urgente tarea del nuevo

Secretario será la definitiva promulgación de las normas todavía pendientes encargadas de regularizar la

vida de esas asociaciones, capaces de establecer un cauce a la participación del pueblo en la tarea de

alumbrar cada día fórmulas cuya aplicación corresponda al Gobierno, después de conocer fielmente el

pensamiento del país.

 

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