Normas de administración en la región ecuatorial española  :   
 El gobernador general de las provincias de Fernando Poo y Río Muni estará auxiliado por dos gobernadores civiles cuando así sea acordado. 
 ABC.    01/04/1960.  Página: 29-31. Páginas: 3. Párrafos: 48. 

ABC. VIERNES 1 DE ABRIL DE 1960. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 29

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LA REGIÓN ECUATORIAL ESPAÑOLA

El gobernador general de las provincias de Fernando Poo y Río Muñí estará auxiliado por dos

gobernadores civiles cuando así sea acordado

DELEGADOS GUBERNATIVOS SERÁN DESIGNADOS PARA LOS DISTINTOS DISTRITOS,

COMARCAS O CIRCUNSCRIPCIONES

Por un Decreto de la Presidencia del Gobierno, que ayer publicó el "Boletín Oficial del Estado", se decide

lo que sigue acerca del gobierno y administración de las provincias ecuatoriales de Fernando Poo y Rio

Muni:

"En cumplimiento de la Ley de 30 de julio de 1959 sobre la organización y régimen jurídico de las

provincias de Fernando Poo y Río Muni, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación

del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 1960, dispongo:

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 1.º La Presidencia del Gobierno, a virtud de la delegación permanente que la Ley le confiere

continuará ejerciendo el gobierno y administración de la Región Ecuatorial española integrada por las

provincias de Fernando Poo y Río Muni.

La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas es el Centro directivo que, integrado en la

Presidencia del Gobierno y bajo su inmediata dependencia, tramita y despacha cuantos asuntos rela-

cionados con las provincias de Fernando Poo y Rio Muni hayan de ser resueltos por la Administración

Central.

La Presidencia del Gobierno recabará de los distintos Departamentos Ministeriales y Organismos

dependientes de ellos el asesoramiento y asistencia técnica que considere conveniente para la más

completa equiparación y funcionamiento de los servicios públicos de Fernando Poo y Río Muni con los

de las restantes provincias de régimen común.

Art. 2.° En las provincias de Fernando Poo y Río Muni el gobernador general es el representante del

Gobierno de la nación y en el ejercicio de sus funciones estará bajo la inmediata dependencia de la

Presidencia del Gobierno. Dentro del ámbito de las dos provincias le estarán subordinados todos los

demás funcionarios y autoridades que, temporal y permanentemente, prestan servicio al Estado en las

mismas.

El gobernador general será el responsable de la seguridad y conservación del orden en las dos provincia a

su cargo.

Art. 3.° El gobernador general, para el mejor ejercicio de sus funciones, estará asistido por un secretario

general. También estará auxiliado en el desempeño de su misión en cada provincia, y cuando el Gobierno

de la nación así lo acuerde, por un gobernador civil. Todos los anteriores cargos serán provistos

libremente por el Gobierno de la nación, a propuesta de la Presidencia del Gobierno, entre españoles de

reconocida idoneidad. La designación de secretario general y de gobernador civil se realizará con

audiencia del gobernador general.

Art. 4.° En los distintos distritos, comarcas o circunscripciones administrativas que se establezcan en las

provincias de Fernando Poo y Río Muni, ejercerán fundones gubernativas, dentro de los límites me en

cada caso se señalen, delegados gubernativos designados por el gobernador general.

Art. 5.º Los demás servicios y cargos de la administración de las provincias de Fer-ando Poo y Río Muni

serán provistos entre funcionarios pertenecientes a los Cuerpos y especialidades de la Administración

civil del Estado. Provincia o Municipio. Él servicio de los cargos y destinos en la Administración Central

y Regional de ambas ecuatoriales es obligatorio para todos los funcionarios pertenecientes a los

distintos Cuerpos y especialidades de la Administración del Estado. Los funcionarios pertenecientes a

carreras o Cuerpos del Estado, civiles o militares, que presten sus servicios en la Administración Central

o en la Regional de dichas provincias africanas se considerarán en activo, conservarán los derechos que

las disposiciones especiales y orgánicas de los Cuerpos a que pertenecen confieren a sus funcionarios en

situación de actividad y adquirirán los que a éstos se les concedan. El nombramiento y cese de los

funcionarios de ambas provincias se verificará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Personal

vigente en las mismas.

Art. 6.° Los servicios mancomunados de la provincias de Fernando Poo y Río Muñí se agruparán

conforme a la siguiente distribución de funciones, común a las dos provincias: Justicia y Culto, Hacienda.

Enseñanza y Educación, Servicios Agronómicos y Forestales, Correos y Telégrafos, Obras Públicas,

Industria, Vivienda, Trabajo, Sanidad, Información y Turismo, Marina, Aire y Seguridad y Orden

Público. La Presidencia del Gobierno, oyendo al gobernador general, podrá aumentar o disminuir el

número de los Servicios mancomunados antedichos.

Art. 7.º Considerándose subrogadas en la Presidencia del Gobierno cuantas facultades y obligaciones se

asignan a los Departamentos ministeriales en las normas administrativas vigentes para las provincias de

derecho común, se aplicarán dichas normas de derecho común siempre que sean compatibles con el

régimen especial de estas provincias.

Art. 8.° Las leyes, decretos, órdenes y disposiciones de carácter general para su vigencia en las provincias

de la Región Ecuatorial, tendrán que ser publicados en el "Boletín Oficial" de las mismas. A la

Presidencia del Gobierno corresponde ordenar la publicación de las que considere aplicables a los citados

territorios. Se editará un solo "Boletín Oficial" común a las dos provincias. Su publicación se hará

quincenalmente, facultándose al gobernador general para acortar los plazos de publicación si las

necesidades así lo aconsejan. El gobernador general, mediante instrucción, determinará la estructura de

los "Boletines", número de secciones, apartados y demás características funcionales y de servicio

relacionadas con dicho periódico oficial.

DEL GOBERNADOR GENERAL

Art. 9.° Corresponderá al gobernador general publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos,

reglamentos y cuantas disposiciones deban insertarse en el "Boletín Oficial" de las provincias a su cargo.

Art. 10. El gobernador general podrá dictar instrucciones en las que se complementen o desarrollen las

disposiciones emanadas de la Presidencia del Gobierno, de lo que se dará a ésta, a la mayor brevedad,

cuenta fundamentada, para su confirmación o modificación, si procediere.

Art. 11. Será misión del gobernador general la de impulsar y adoptar toda clase de iniciativas para el

desenvolvimiento de las provincias africanas en todos los órdenes, y muy especialmente en materia de

producción, obras públicas, enseñanza, sanidad, agricultura, conservación y repoblación forestal, caza y

pesca, vivienda, trabajo, protección social y turismo.

Art. 12. Como superior autoridad de la Región Ecuatorial, corresponde al gobernador general la

inspección de todos los servicios públicos de ambas provincias. También acordará la instrucción de expe-

dientes de carácter disciplinario para sancionar las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo por los

funcionarios de ambas provincias, sujetándose en cuanto al procedimiento y resoluciones a las normas es-

. peciales establecidas para cada uno de ellos. Igualmente le compete anticipar licencias en caso de

enfermedad grave, proveer interinamente las vacantes y suspender previo expediente a los funcionarios

públicos, dando cuenta inmediata de todo ello a la Presidencia del Gobierno.

Art. 13. En relación con las autoridades; servicios u organismos de ambas provincias, cualquiera que sea

la esfera de la Administración a que pertenezcan, se faculta al gobernador general para suspender los

acuerdos y resoluciones de aquellos, dando cuenta a la Presidencia del Gobierno. Se exceptúan las

cuestiones en las cuales la suspensión se adopte en uso de facultades reglamentarias distintas de las es-

tablecidas en el presente decreto. Contra las resoluciones de suspensión del gobernador general podrán los

interesados interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Gobierno. Si no recayera acuerdo

ministerial dentro de los sesenta días se entenderá confirmada la resolución del gobernador general.

Art. 14. El gobernador general asumirá la dirección de los Servicios generales de Orden Público, Policía y

Seguridad de ambas provincias y dará a los gobernadores civiles cuantas órdenes e instrucciones estime

pertinentes para tal fin. En consecuencia, podrá imponer, previo expediente, las multas que correspondan

por las infracciones de todo género que se cometan. Su rasgo deberá hacerse en papel de pagos de la

Administración Regional, y en su cuantía no excederá del límite de cincuenta mil pesetas o del que en

otro caso le autoricen disposiciones especiales. En la tramitación de estas sanciones se observarán las

normas vigentes sobre procedimiento administrativo, salvo que fuesen originadas por infracciones de

seguridad u orden público, en que se observarán las reglas peculiares de estas disposiciones.

Art. 15. Respecto a los gobernadores civiles, el gobernador general ejercerá la alta dirección de cuantos

asuntos les estén confiados a aquellos. También resolverá las peticiones y recursos que se promuevan

contra las decisiones de dichos gobernadores y, dirimirá las competencias que entre los mismos se

susciten. Asimismo, le corresponderá: vigilar las actuaciones y servicios de las autoridades y

corporaciones locales, cuidando que sus actos y acuerdos se adopten y ejecuten conforme a las dis-

posiciones legales; suspender dichos actos y acuerdos cuando proceda, conforme a la legislación de

régimen local; ejercer las funciones disciplinarias y protectoras que correspondan respecto de los órganos

de la Administración local; resolver, asimismo, las competencias que surjan entre autoridades y

corporaciones locales dentro de la provincia, y autorizar toda clase de asambleas, reuniones o congresos.

Todas o parte de estas facultades podrán ser delegadas por el gobernador general en el gobernador civil

respectivo.

Art. 16. Corresponderá al gobernador general mantener la integridad de la .jurisdicción administrativa,

con arreglo a las disposiciones que regulan las competencias de jurisdicción.

Art. 17. En materia de abastecimientos, transportes y policía de espectáculos y demás actos públicos

corresponderá al gobernador general: tomar cuantas medidas juzgue oportunas para asegurar el abaste-

cimiento de los artículos de consumo de primera necesidad y velar por el mantenimiento y normalidad de

los precios: dictar las normas de circulación fuera de las poblaciones y sancionar las infracciones a

propuesta de los servicios de Policía o seguridad, y disponer cuanto sea conducente al decoro y moralidad

de toda clase de espectáculos y actos públicos.

Art. 18. En los asuntos relacionados con el régimen financiero, imposición, gastos, tesorería, inspección y

administración de la Hacienda Pública de la Región Ecuatorial, las atribuciones del gobernador general

serán las determinadas en las normas específicas que según tales materias.

DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 19. El secretario general, cuyo nombramiento habrá de ser deferido por decreto, es jerárquicamente la

segunda autoridad de la Región Ecuatorial y sustituirá automáticamente al gobernador general en todas

sus ausencias y enfermedades.

Art. 20. El secretario general asumirá la jefatura directa de los Servicios enumerados en el artículo sexto,

con excepción de los judiciales y castrenses. Al frente de cada uno de estos Servicios figurará un

delegado cuya jurisdicción se extenderá a las dos provincias que integran la Región. No obstante, si las

necesidades del servicio lo exigieren, podrán establecerse subdelegados en la provincia de Río Muni o en

otras comarcas o demarcaciones.

DE LOS GOBERNADORES CIVILES

Art. 21. En el caso de que por acuerdo del Gobierno de la nación se designe un gobernador civil para cada

una de las provincias de la Región Ecuatorial, el correspondiente a Rio Muni fijará su residencia

bien en la capitalidad de la provincia o bien en la población que determine el gobernador general. El

cargo de gobernador civil de esta última provincia podrá quedar vinculado a cualquier otro cargo de

carácter gubernativo con residencia radicada en la isla.

En los casos de ausencias o enfermedades de los gobernadores civiles, les sustituirá el presidente de la

Diputación Provincial respectiva, y en su defecto, el delegado del Gobierno en el Distrito a que

corresponda la capital de la provincia.

Art. 22. La tramitación de todos los expedientes en los Gobiernos Civiles se ajustará al procedimiento

administrativo establecido por las disposiciones de aplicación general, observando las peculiaridades que

se hubieren establecido para las provincias ecuatoriales.

Art. 23. Los gobernadores civiles cuidarán de mantener el orden público y proteger las personas y sus

bienes, sancionando los actos que vengan en detrimento de aquellos o atenten contra la moral y la

disciplina de los servicios, así como también las faltas en que por hechos social-mente reprobables

incurriese cualquier persona. Esto sin perjuicio de la competencia de los Tribunales o autoridades de su

jurisdicción.

Art. 24. Los gobernadores civiles, para el mejor funcionamiento de los servicios de Orden Público y

Seguridad en la provincia de su mando, dispondrán de las fuerzas destinadas a estos cometidos,

transmitiendo a tal efecto, por conducto de sus jefes, las órdenes convenientes para la realización de

cuantos servicios tengan a bien encomendarle.

Art. 25.- Las Sanciones que impongan los gobernadores civiles exigirán la instrucción del expediente

previo. Si consistieren en multas, se harán siempre efectivas en papel de pagos de la Región, y en ningún

caso podrá exceder del límite de veinticinco mil pesetas. Para la fijación de la cuantía de la multa se

tendrá en cuenta no sólo, la gravedad y trascendencia del hecho realizado, sino también 108 antecedentes

y conducta del infractor y muy especialmente su solvencia económica. En toda imposición de multa se

fijará, siempre el plazo dentro del cual habrá de hacerse efectiva, no pudiendo en ningún caso ser éste

inferior a tres días hábiles a partir de la notificación. El pago de la multa podrá fraccionarse en los plazos

que discrecionalmente la autoridad gubernativa tenga a bien fijar. Una vez firme la resolución por la que

el gobernador impuso la multa, podrá precederse a su exacción por la vía de apremio, conforme a lo

dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de

1958.

Art. 26. Los gobernadores civiles de las provincias ecuatoriales, además de las atribuciones que

específicamente se les atribuyen en el presente decreto, tendrán todas las que por delegación les

encomiende el gobernador general y los preceptos legales o reglamentarios. Todas estas funciones

delegadas serán ejercidas conforme a las instrucciones generales o que para cada caso les comunique el

gobernador general.

Art. 27. Para el ejercicio de las funciones de gobierno en las distintas comarcas o distritos de las

provincias ecuatoriales la Presidencia del Gobierno podrá crear el número de Delegaciones Gubernativas

que se estimen precisas, previo informe razonado del gobernador general. Los delegados gubernativos

que hayan de ocupar dichas Delegaciones se designarán necesariamente entre los funcionarios civiles y

militares que se encuentren al servicio de las provincias. El nombramiento y remoción del cargo de

delegados gubernativos se hará por el gobernador general, dando cuenta en cada caso a la Presidencia del

Gobierno.

Art. 28. Los delegados gubernativos cumplirán en la comarca que se les asigne los cometidos que les

encomiende el gobernador general o civil de la provincia. Darán cuenta al gobernador civil de quien

dependen de cuantas medidas adopten y de los hechos relevantes que en su jurisdicción se produzcan,

proponiendo cuantas medidas contribuyan al fomento de los interesen morales y materiales de la comarca

o distrito. Los acuerdos y resoluciones que adopten los delegados gubernativos podrán ser modificados o

suspendidos provisionalmente por el gobernador civil respectivo, dando éste cuenta al gobernador

general, que resolverá en definitiva. El gobernador civil respectivo, en un plazo de tres días, podrá

modificar o suspender los acuerdos y resoluciones que adopten los delegados gubernativos, con expresión

de las causas motivadoras de la resolución adoptada, dando cuenta de la suspensión al gobernador

general, que resolverá en definitiva. Si el gobernador general confirma el acuerdo del gobernador civil, se

entenderá revocado el acuerdo o resolución, considerándose confirmado cuando en el plazo de un mes no

manifestase su discrepancia.

En caso de desentendimiento, el gobernador general, dentro del plazo marcado, pondrá en conocimiento

del gobernador civil su disconformidad, levantándose la suspensión por éste decretada. A los efectos pre-

vistos en este artículo, ninguno de los acuerdos susceptibles de suspensión serán ejecutivos hasta que

transcurran cinco días, contados desde la fecha de su adopción.

Art. 29. Los delegados gubernativos adoptarán cuantas medidas consideren oportunas para el

cumplimiento de las órdenes superiores y para la buena administración y gobierno de las comarcas o

lugares de su jurisdicción. Salvo orden superior, se abstendrán de ejecutar acto alguno por el que puedan

considerarse invalidadas las facultades que correspondan a las autoridades locales o de intervenir en las

cuestiones referentes a las funciones administrativas o técnicas de los diversos servicios locales.

COMISIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS

Art. 30. En cada una de las provincias ecuatoriales se constituirá una Comisión Provincial de Servicios

Técnicos para coordinar las actividades que dentro de la provincia realice la Administración General. La.

Comision Provincial de Servicios es el órgano técnico colaborador inmediato de los gobernadores en las

materias sometidas a su deliberación o ejecución. Estas Comisiones, cuando no estén presididas

personalmente por el gobernador general o secretario general, serán presididas por el gobernador civil o

jefe de servicio en quien delegue. Las Comisiones de las dos provincias podrán reunirse o actuar

conjuntamente bajo la presidencía del gobernador general o del secreta rio general.

Art. 31. Formarán parte de cada un de las Comisiones:- el presidente de la Diputación, alcalde de la

capital de la provincia, los procuradores en Cortes, los de legados o subdelegados de los Servicios > la

Administración General o Provincial un representante de la Cámara Agrícola y de la Forestal, un asesor

jurídico y secretario del Gobierno Civil o, perso: que designe el gobernador general para ejercer las

funciones de secretario. El gobernador podrá también recabar la operación o asistencia a la Comisión

Servidos de cualquier persona cuyo parecer sea oportuno oír en relación con la materia objeto de la

deliberación. Las Comisiones Provinciales de Servicios actuará en pleno o en Comisiones Delegadas,

Compuestas estas últimas por los miembros que designe el gobernador y tengan especial relación con los

asuntos de que se trate.

Art. 32. Corresponde a las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos:

a) Deliberar o informar sobre cuantas cuestiones les someta el gobernador civil, por indicación de

sus superiores, en virtud, de decisión propia o a propuesta de Delegado de algún Servicio, b)

Dictaminar en aquellos asuntos o materias que, aun estando encomendados a un determinado

Servicio o Delegación, por su importancia o trascendencia se considere oportuno oir su parecer.

c) Administrar, con las directrices que se señalen, los fondos dé inversión que el Estado u

Organismo paraestatales o de la región dediquen a Subvencionar obras o servicios de especial

interés provincial o local, d) Desempeñar las funciones que se le encomienden por el gobernador

general o por los gobernadores civiles.

Quedarán fuera de la competencia de la Comisión Provincial las materias de orden público, las fiscales o

tributarias, las jurisdiccionales, las militares y los medios de información.

Disposición final.—Queda, derogado el Decreto de 27 de agosto de 1938."

 

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