Se prepara el establecimiento de un régimen económico especial para la provincia del Sahara  :   
 La Comisión de Leyes aprueba el proyecto sobre la observancia de los principios fundamentales del Movimiento por los funcionarios. 
 ABC.    08/04/1961.  Página: 59-60. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

8 DE ABRIL DE 1981. EDICIÓN DE LA MAÑANA PAG. 59

SE PREPARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN ECONÓMICO ESPECIAL PARA LA

PROVINCIA DEL SAHARA

Lo Comisión de Leyes de las Cortes aprueba el proyecto sobre la observancia de los principios

fundamentales del Movimiento por los funcionarios

Bajo la presidencia del conde de Vallellano se ha reunido la Comisión de Leyes Fundamentales, de las

Cortes Españolas para continuar sus trabajos.

En primer lugar se procedió al estudio del articulo 9,° del proyecto de ley sobre Organización y Régimen

Jurídico de la provincia del Sahara. Como consecuencia de la enmienda del señor Fernández Daza y de la

intervención de varios procuradores, el artículo quedó redactado de forma que se establecerá en la

provincia del Sahara un régimen, económico adaptado a sus características, siendo aplicado el producto

de los impuestos y recursos fiscales, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto de 25 de julio de 1959, que

desarrolla la ley de hidrocarburos, las necesidades, mejoramientos y prosperidad de la misma, y a la

elevación del nivel de vida de sus habitantes.

La Comisión aprobó también el art. 14, que regula el destino de funcionarios públicos a dicha provincia.

LOS FUNCIONARIOS Y LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO

A continuación se entró en el estudio del proyecto de ley que desarrolla el artículo 2.º de la ley

Fundamental de 17 de mayo de 1958 que establece que todos los órganos y autoridades del Estado vienen

obligados a la más estricta observancia de los principios del Movimiento Nacional que en ella se

promulgan y dispone que el juramento que se exige para ser investido de cargos públicos habrá de

referirse al texto de estos principios fundamentales. La peculiar relación jurídica del funcionario respecto

del Estado y la naturaleza específica de las funciones que desempeña exigen de él una conducta

consecuente con los principios fundamentales sobre los que el Estado se asienta. De aquí que gran parte

de la legislación extranjera, tanto en la Europa occidental como en América, exige de quienes van a

ocupar puestos en la Administración Pública una declaración formal y expresa de lealtad que garantice su

conducta ulterior.

Por ello es preciso desarrollar el principio contenido en el art. 2.º de la referida ley, regulando el modo

según el cual las personas que ingresen al servicio de la Administración aseguren debidamente su

compromiso de lealtad, señalando los efectos del incumplimiento de este deber. A diferentes partes del

articulado había presentado una enmienda el señor Rodríguez de Miguel.

En primer lugar hace uso de la palabra el señor Bau, que estima acertado el objetivo del proyecto, aunque

opina que debe suprimirse el art. 3 ° por creer que ya está contenido, en espíritu, en los I.° y 2°. En

nombre de la ponencia, el señor Herrero hace ver que el precepto viene expresado en la ley de 17 de mayo

de 1958, y que no es, ni más ni menos, que el desarrollo de lo preceptuado en aquella ley. El señor

Fernández Daza cree que la ley es innecesaria, ya que en el Reglamento de Funcionarios de 1918 se

establece la facultad del Consejo de Ministros pata separar de su cargo a los funcionarios públicos por

faltas graves, morales o materiales, o, en su caso, estima que debe modificarse la amplitud del artículo 2.°

en cuanto a regulación de penas por deslealtad o inobservancia de dichos Principios Fundamentales. El

señor Hernández Navarro se adhiere a las palabras del señor Fernández Daza. En nombre de la ponencia,

el señor Herrero Tejedor demuestra la oportunidad del proyecto y el ajuste perfecto del mismo con la Ley

Fundamental de 17 de mayo de 1918, por lo que estima equivocadas las apreciaciones de los señores

Daza y Hernández Navarro.

El Sr. Rodríguez de Miguel, a continuación, defiende su enmienda y se refiere, en primer lugar, a la

función legislativa de las Cortes, con el propósito de todos los procuradores de perfeccionar la ley. Estima

la trascendencia del proyecto y propone introducir ciertas correcciones, en el articulado. Así, pide que el

juramento de fidelidad se extienda a todas las leyes, fundamentales, tal como ocurre en otros países, no

por mimetismo, sino por conveniencias de tipificación de conducta del propio funcionario, aparte de que

ello está contenido en el principio séptimo de la ley de 17 de mayo de 1958. Termina considerando las

condiciones del recurso en esta materia. Cree, por último, que no habrá ningún caso de deslealtad de

conducta de los funcionarios a su Estado, por lo que actualmente no es necesaria, pero sí razonable en

cuanto a conjunción con la ley de 17 de mayo de 1958. En nombre de la ponencia, le contesta el Sr.

Herrero Tejedor, demostrando la conveniencia de mantener el proyecto en su totalidad.

El Sr. Pedrosa estima que sobra la cita de la analogía con legislaciones extranjeras, ya que el proyecto de

ley nace de nuestra propia legislación. Solicita que en el texto figure la expresión Principios Fundamenta-

les del Movimiento Nacional. Asimismo, opina que el juramento debe extenderse a todos los

funcionarios, presentes y futuros.

El Sr. Herrero Tejedor estima innecesaria la supresión de la cita a las legislaciones extranjeras, ya que es

un hecho real no sobra. En lo que respecta a la expresión Principios Fundamentales, se ha hecho para

evitar confusionismos por parte de tratadistas extranjeros, pero que puede incluirse. Por lo que atañe a la

formulación del juramento por todos los funcionarios, aparte de la dificultad práctica, ya expresa la ley la

obligación de la observancia.

La definitiva redacción del proyecto establece que todos los funcionarios al servicio de la Administración

Pública vienen obligados a la leal observancia de los principios fundamentales promulgados por la ley de

17 de mayo de 1958.

Aprobado, pues, el proyecto y convertido en dictamen, fue enviado, junto con otros, a la presidencia de

las Cortes para su remisión al Pleno.

 

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