Declaración Oficial Española. 
 Sólo la población autóctona del Sahara está legitimada para decidir su propio destino     
 
 Informaciones.    07/09/1974.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 22. 

INFORMACIONES

NACIONALES

DECLARACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA

"Sólo la población autóctona del Sahara está legitimada para decidir su propio destino"

MADRID, 7. (INFORMACIONES.) — «Sólo la población autóctona del Sahara está legitimada para

decidir su propio destino», afirma una nota que ha hecho pública la Dirección General de Promoción del

Sahara. Esta declaración oficial indica también que «en todo momento la población española se orienta a

conseguir la más franca y amistosa cooperación con Marruecos y con todos los países del norte de

África», pero que tiene su calidad de nación administradora, España tiene el deber de velar, enérgica y

activamente, por la integridad del territorio». Se queja la declaración de que «la resuelta voluntad

española no se ve allanada por la actitud de otros países, cuyas campañas propagandísticas en términos

reivindicativos contradicen el principio de libre autodeterminación». «Los saharauis —afirma también—

son los únicos interlocutores del Gobierno español.»

El texto íntegro de la nota oficial es el siguiente:

«Como informe el pasado día 22 la Oficina de Información Diplomática, el representante de España antes

las Naciones Unidas, notificó al secretario general de esta organización la decisión del Gobierno español

de celebrar, dentro del primer semestre del próximo año, un referéndum, bajo los auspicios y garantías de

las Naciones Unidas, para que la población autóctona del territorio saharaui, bajo administración

española, ejerza su derecho a la libre determinación y manifieste libremente su voluntad sobre el futuro

del territorio.

En ampliación del contenido de aquella nota, conviene precisar ante la opinión pública los exactos

términos de la posición española en el tema.

1 España ha expresado su adhesión al principio de la libre determinación de los pueblos de los territorios

no autónomos, tal y como aparece formulado en las resoluciones de las Naciones Unidas. Toda la política

española en el Sahara occidental ha respondido y responde a la aceptación y servicio de dicho principio y

ha consistido básicamente en la adopción de una serie graduada de medidas tendentes a crear en el

territorio las condiciones de todo orden más idóneas para el mas viable, efectivo y pleno ejercicio de la

autodeterminación.

LA ACTITUD DE OTROS PAÍSES

2 Parece oportuno recordar que la resolución de la asamblea general de las Naciones Unidas

3.162 (XXVIII) de 14 de diciembre do 1973 alude al deber del Gobierno español de «crear un clima

político favorable para que el referéndum se desarrolle en forma completamente libre...» Todas las

presentes acciones del Gobierno y de la Administración españolas en el territorio responden a ese

propósito No se ve, en cambio, allanada la resuelta voluntad española por la actitud de otros países, cuyas

campañas propagandísticas en términos reivindicativos contradicen el principio de libre determinación, el

respeto a la voluntad de la población autóctona saharaui y, en fin, la letra y espíritu de las propias

resoluciones de las Naciones Unidas que España se ha comprometido a observar

3 España acepta y reconoce, en los términos de la mencionada resolución 3.162. la necesidad de mantener

estrechos contactos con los Gobiernos de los países interesados en la cuestión saharaui. A ese propósito

respondieron las últimas conversaciones hispano-marroquíes. En todo momento, la posición española se

orienta a conseguir la más franca y amistosa cooperación con Marruecos y con todos los países del norte

de África, tan vinculados a España por la geografía, la historia y la cultura. Pero sólo la población

autóctona de Sahara está legitimada para decidir su propio destino. Los saharauis, a través de sus órganos

de Gobierno locales, son los únicos interlocutores del Gobierno español, sin perjuicio de los deberes de

información y consulta cerca de las potencias interesadas, que España viene cumpliendo y se propone

cumplir en lo sucesivo

4 En su calidad de nación administradora, España tiene el deber de velar enérgica y activamente por la

integridad del territorio, por la pacífica seguridad de sus habitantes, por el normal funcionamiento de las

instituciones de la Administración autóctona y por el progreso económico, social y cultural da la

comunidad.

España, como ha manifestado recientemente al secretario general de las Naciones Unidas, no tiene otro

propósito que el de asegurar el libre y auténtico ejercicio de la voluntad de la comunidad saharaui. Es, por

tanto, responsabilidad y deber de España el oponerse a cualquier iniciativa que procure, directa o

indirectamente, por unos u otros medios, perturbar este propósito con intimidaciones, amenazas, o

cualquier otro tipo de actitudes hostiles. España confía que su tradicional amistad con los países

interesados se sobreponga a las presentes dificultades y encuentre en un futuro entendimiento sobre el

Sahara occidental una nueva ocasión para reafirmarse.

5 Elocuente testimonio de la leal intención española respecto al Sahara han sido las sucesivas reformas

del régimen jurídico del territorio, progresivamente tendentes a acentuar el autogobierno. Desde 1867, el

Sahara dispone de una asamblea general o Yemaa de amplias facultades y en cuya composición se

respetan las instituciones tradicionales del pueblo saharaui.

España ha resuelto la celebración del referéndum, previa consulta a la asamblea general del Sahara. En

consecuencia, al asegurar la celebración de este referéndum y al adoptar todas las medidas necesarias para

que se desenvuelva en condiciones de libertad y autenticidad, bajo los auspicios de las Naciones Unidas,

el Gobierno español no hace, sino garantizar el más escrupuloso respeto a la voluntad real de la

comunidad saharaui.

DESARROLLO DEL SAHARA

6 En cumplimiento de la obligación que corresponde a toda potencia administradora y que, en el caso de

España, ha sido realizado con plena vocación y con auténtica conciencia de su profundo sentido Histórico

a lo largo de los años de presencia española en el Sahara se han creado las condiciones socioeconómicas

necesarias para permitir al pueblo saharaui consolidar, sobre bases firmes y realistas, el futuro que ellos

mismos tendrán ocasión de decidir.

Sobre un desierto de 280.000 kilómetros cuadrados, cuya población —de vida nómada en su gran

mayoría— sobrevivía en base al pastoreo y a una rudimentaria agricultura, la acción española —contando

siempre con la esforzada e inteligente colaboración de los saharauis— ha permitido que a lo largo de

treinta y cinco años aquella población se triplicase y que el desarrollo económico y social haya alumbrado

una comunidad cuyo nivel de vida ha mejorado espectacularmente.

A título indicativo puede señalarse en materia educativa la existencia de dos Institutos de Enseñanza

Media dos Escuelas de Formación Profesional y 137 unidades de Educación Básica que totalizan cerca de

seis mil estudiantes saharauis, sin contar los becarios que cursan enseñanza superior en la Península.

En el aspecto sanitario se ha creado, además del Hospital Central de El Aaiún y del comarcal de Villa

Cisneros numerosos dispensarios ambulatorios y puestos sanitarios, de suerte que los indicadores de

número de habitantes por médico y por cama hospitalaria son sensiblemente más satisfactorios que los de

la mayoría de los países del continente.

Análogos esfuerzos se vienen realizando en la construcción de viviendas, carreteras, puertos, ampliación

y modernización de los aeropuertos de El Aaiun y Villa Cisneros, creación de centrales eléctricas,

alumbramientos de aguas, instalación de circuitos telegráficos y telefónicos, promoción de la agricultura,

con puesta en cultivo de algunas zonas regables en pleno desierto; fomento de la ganadería, mejor

aprovechamiento de la riqueza pesquera, establecimiento de industrias de recepción y almacenamiento de

combustible fábricas de harina de pescado, cámaras de conservación frigorífica, varaderos y talleres de

reparaciones para pesqueros de tonelaje medio e industrias artesanas, aumento considerable de la

actividad comercial e incremento sensible del turismo.

Especial importancia entrañan sus riquezas mineras del territorio —descubiertas y puestas en explotación

tras una incesante labor de investigación y cuantiosísimas inversiones—, sobre las que se puede

fundamentar un próspero futuro para la comunidad saharaui, que tiene reconocida su soberanía sobre sus

propios bienes y recursos naturales.

A la vista de las previsiones del vigente Plan de Desarrollo del Sahara, se puede asegurar que en un plazo

no superior a cuatro años la comunidad saharaui alcanzará una renta «per capita» sensiblemente análoga a

la española.

7 En conclusión, toda la acción española en el Sahara occidental, tanto en sus aspectos jurídico-políticos

como en orden a la promoción social, cultural y económica del territorio ha estado permanentemente

animada por la voluntad de crear unas condiciones dignas y satisfactorias desde las cuales puedan los

saharauis con efectiva libertad, resolver su destino colectivo.

España ha defendido y defiende los derechos e intereses del pueblo saharaui con serenidad y con firmeza,

sin adoptar posiciones de cómoda complacencia que contradigan los superiores intereses generales de los

habitantes del territorio, por los que España tiene que velar hasta que llegue el momento de la libre

autodeterminación.»

FOSFATOS DEL SAHARA, EN CARTAGENA

CARTAGENA. 7. (CIFRA.) Procedente de El Aaiun y con un cargamento de 11.600 toneladas de

fosfatos, ha llegado a este puerto la motonave española «Guarda». La motonave entró en servicio

recientemente y este es su segundo viaje. El primero lo efectuó entre El Aaiun y Huelva. Es un barco

totalmente automatizado para efectuar las operaciones de carga y descarga, aparte de otros servicios. Con

motivo de su primera escala en este puerto ha sido ofrecido por sus armadores un vino de honor al que

asistieron el capitán general de la zona marítima del Mediterráneo, almirante José Yusti Pita, y otras

autoridades.

INFORMACIONES

7 de septiembre de 1974

 

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