El 1001, visto para sentencia en el supremo     
 
 Informaciones.    12/07/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

EL "1.001", VISTO PARA SENTENCIA EN EL SUPREMO

MADRID, 12. (INFORMACIONES.)

HAN quedado vistos para sentencia los recursos interpuestos contra la

sentencia del Tribunal de Orden Público en el proceso 1.001, que condenó a

diez dirigentes obreros a penas comprendidas entre los diez y los veinte años

de cárcel por los delitos de asociación ilícita, como miembros de las

Comisiones Obreras.

Numerosas personas se congregaron a lo largo de la celebración de la vista en

las cercanías del Palacio de Justicia, con la intención de asistir a la vista,

realizada en el salón de Plenos del Palacio, ante la Sala Segunda de lo Penal

del Tribunal Supremo.

La asistencia de letrados fue muy numerosa, al igual que la de informadores

nacionales y extranjeros. Igualmente se encontraban presentes

representaciones de partidos políticos italianos (demócrata-cristiano, socialista

y republicano), así como de las tres centrales sindicales italianas, el presidente

del Consejo del Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, señor O´Dwyer, en

representación de los sindicatos norteamericanos y miembros de la Federación

Sindical Mundial, Unión Internacional de Sindicatos Metalúrgicos, Asociación

Internacional de Juristas Demócratas y Confederación General del Trabajo de

Francia.

Abrió el turno de la defensa (véase INFORMACIONES de ayer) el señor Ruiz-

Giménez, en representación de don Marcelino Camacho, condenado a veinte

años. El defensor alegó que en el caso del señor Camacho, como en el de los

restantes recurrentes se había producido un quebrantamiento de forma por

denegación de diligencias de prueba. El señor Ruiz-Giménez afirmó que las

personas propuestas como testigos por él, entre otras, el ex ministro señor

Solís Ruiz, no fueron aceptadas por el T. O. P. Ello produjo indefensión del

procesado.

El señor Ruiz-Giménez alegó mas adelante que en la legislación vigente no

declara, expresamente, ilegales a las Comisiones Obreras, y aún cuando

fuesen así calificadas en alguna norma, no se les atribuye el carácter de

dependencia directa del partido comunista ni la finalidad de destruir la

estructura estatal vigente. Alegó igualmente que el señor Camacho no tuvo

voluntad de actuar subversivamente ni propósito de destruir la estructura

estatal y negó igualmente la preeminencia atribuida a su defendido en las

Comisiones Obreras.

Actuó seguidamente don Marcial Fernández Montes en defensa de don Nicolás

Sartorius Álvarez de Bohórquez, condenado a diecinueve años de cárcel, que

manifestó que le fue denegada la comparecencia de diez testigos, que

consideraba fundamentales para la defensa del señor Sartorius, y añadió que

las Comisiones Obreras no están declaradas expresamente fuera de la ley por

ninguna norma general.

Don Adolfo Cuéllar Contreras, defensor de don Eduardo Saborido, y don

Francisco de Cossío y Corral, defensor de don Fernando Soto, abundaron en la

misma argumentación, añadiendo que la sentencia recurrida contiene hechos

genéricos que suponen juicios de valor, no históricos.

Doña Francisca Sauquillo, defensora de don Miguel Ángel Zamora, condenado

a doce años y un día de cárcel, se refirió a la denegación de pruebas,

propuestas en tiempo y forma debidos, siete testigos a los que consideraba

fundamentales para su defendido y aludió igualmente a la introducción en la

sentencia de conceptos jurídicos tendentes a predeterminar el fallo.

LOS RECURRENTES, EN HUELGA DE HAMBRE

El defensor de don Pedro Santiesteban, don Jaime Sartorius, al igual que doña

Cristina Almeida, alegaron los motivos de casación por quebrantamiento de

forma por falta de claridad en la sentencia e infracción de la ley.

Don Manuel López López, defensor de don Juan Muñoz Zapico, alegó los

mismos motivos de casación.

Minutos antes de las dos, de la tarde fue suspendida la vista, que se reanudó

por la tarde.

El defensor del sacerdote don Francisco García Salve, S. J., condenado a

diecinueve años, el catedrático y ex ministro don José María Gil-Robles, afirmó

que el Tribunal de Orden Público denegó pruebas que consideraba

fundamentales. Éstas pruebas consistían en llevar como testigos a diversas

jerarquías eclesiásticas, el obispo de Segovia, el cardenal arzobispo de Madrid

y al padre Arrupe, prepósito general de la Compañía de Jesús, con el fin de

que testificaran sobre la conducta de su patrocinado, calificada por el Ministerio

Fiscal de mala conducta social.

«EL FISCAL PIDIÓ: SENTENCIA JUSTA Y EQUITATIVA»

Finalizado el turno de la defensa, el representante del Ministerio Fiscal rebatió

las alegaciones y añadió que en la relación de hechos probados todo aparece

esclarecido y que la naturaleza del material intervenido demuestra la finalidad

subversiva y destructora de las Comisiones Obreras. El fiscal solicitó, por

último, que «como siempre se dicte una sentencia justa y equitativa».

Durante la celebración de la sesión de la mañana se produjeron diversos

incidentes en las cercanías del Palacio de Justicia, en los que pequeños grupos

intentaron alterar el orden, especialmente en la plaza de Colón, calle de

Serrano y plaza de la Cibeles.

En el aspecto laboral la normalidad ha sido prácticamente absoluta, pues

únicamente se produjeron algunos paros parciales de escasa duración en

alguna factoría de Getafe y en e1 sector del metal. En lo referente al ámbito

estudiantil, en la Universidad Complutense se produjo escasa asistencia de

alumnos, debido principalmente a los exámenes extraordinarios; la fuerza

pública retiró algunos carteles en diversas Facultades, pero no se registraron

incidentes.

EN HUELGA DE HAMBRE

Nueve de los condenados —todos los que están en la prisión de

Carabanchel— iniciaron ayer, coincidiendo con la vista del recurso en el

Supremo, una huelga de hambre. Se ignora si participa en ella el otro

condenado por el T.O.P., padre García Salve, que se encuentra en la prisión

«concordataria» de Zamora.

 

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