El Proceso 1001, ante la sala segunda del Tribunal Supremo  :   
 Sólo se produjeron algunos incidentes en las proximidades del Palacio de Justicia. 
 Arriba.    12/02/1975.  Página: 27. Páginas: 1. Párrafos: 22. 

ABC. MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 1975. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 27.

EL «PROCESO 1.001», ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Sólo se produjeron algunos incidentes en las proximidades del Palacio de Justicia

ASISTIERON OBSERVADORES Y PERIODISTAS EXTRANJEROS, ADEMÁS DE

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS NACIONALES Y NUMEROSO PUBLICO

Madrid. (De nuestra Redacción.) Con gran expectación y nutrida asistencia de abogados, periodistas

españoles y extranjeros, observadores de otros países, muchos curiosos y buen número de letrados, que,

vistiendo la toga, ocuparon en los estrados asiento, se celebró en sesiones de mañana y de tarde, en el

salón de Plenos del Tribunal Supremo, la vista del recurso contra la sentencia dictada el 29 de diciembre

de 1973 por el Tribunal de Orden Público en el llamado «proceso 1.001». He aquí las condenas:

Marcelino Camacho Abad, veinte años de reclusión menor: Eduardo Saborido Galán, veinte años de

reclusión menor, seis meses de arresto mayor y diez mil pesetas de multa; Nicolás Sartorius Álvarez,

diecinueve años de reclusión menor; Francisco García-Salve (sacerdote), diecinueve años de reclusión

menor; Juan Marcos Muñíz Zapico, dieciocho años de reclusión menor; Fernando Soto Martín, diecisiete

años, cuatro meses y un día de reclusión menor; Francisco Acosta Orge, doce años y un día de reclusión

menor; Miguel Ángel Zamora Antón, doce años y un día de reclusión menor; Pedro Santisteban Hurtado,

doce años y un día de reclusión menor; Luis Fernández Costilla doce años y un día de reclusión menor.

Fueron defendidos, respectivamente, ante la Sala 2.ª del Alto Tribunal, por don Joaquín Ruiz-Giménez,

don Adolfo Cuéllar Contreras, don Marcial Fernández Montes, don José María Gil Robles, don Manuel

López López, don Francisco Cossío Corral, doña Cristina Almeida Castro, doña Francisca Sauquillo, don

Jaime Sartorius y don Enrique Barón Crespo.

La sentencia recurrida dice que los procesados pertenecen a las Comisiones Obreras y ocupan en esa

organización ilegal puestos de preeminencia y máxima responsabilidad en las respectivas zonas

geográficas de sus residencias: Castilla, Sevilla, Vizcaya, Asturias y Zaragoza. Y que el 24 de junio de

1972 entraron en una residencia de una Orden religiosa (oblatos) de Pozuelo de Alarcón, con el pretexto

de desarrollar un coloquio de contenido socio-religioso. Lo que hicieron, a tenor con esa sentencia, fue

examinar un documento de carácter orgánico titulado «Sobre la unidad del movimiento de masas»;

documento de carácter subversivo.

La inmensa mayoría de los recursos eran por quebrantamiento de forma e infracción de ley. Algunos

motivos de recurso no habían sido admitidos a trámite por defectos en su articulación, al interponerse los

recursos.

Por la mañana, de once menos diez a dos menos cuarto de la tarde, intervinieron siete abogados por el

siguiente orden:

El ex ministro señor Ruiz-Giménez alegó denegación de pruebas propuestas en tiempo y forma por no

expresarse en la sentencia recurrida clara y terminantemente los hechos que se consideran probados,

haberse introducido en los resultados de hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implican

la predeterminación del fallo, aplicación indebida de los artículos del Código Penal que definen la

asociación ilícita... Calificó al fallo de «tremendamente severo». «Estoy convencido —dijo al referirse a

Camacho— que este hombre es profundamente pacífico». La conducta de Camacho es, a su juicio,

intachable. Hace diez años que le conoce. Pidió Ruiz´-Giménez la revocación de la sentencia.

El señor Fernández Montes, que defendió a Sartorius, dijo que a su patrocinado se le impone una pena

que corresponde a los grandes criminales, como el homicida, el violador, el que atenta contra la seguridad

de la Patria...

El señor Cuéllar manifestó que las Comisiones Obreras no están declaradas fuera de la Ley.

El señor Cossío, al defender el recurso de Fernando Soto, proclamó que éste no quiere que se haga uso del

indulto, porque para imponer una pena justa bastan los Tribunales de Justicia. Añadió que no se puede

mantener una sentencia de esta dureza contra un hombre que no ha predicado nunca la violencia. «No hay

ninguna ley que diga que las Comisiones Obreras son ilegales. Cae en absoluto por su base la sentencia.»

Aludió a las «declaraciones ministeriales en que se habla ya nada menos que de regular el derecho a la

huelga». «Ideas que hace un año nos parecían trasnochadas, decimonónicas, son traídas a la actualidad

por personalidades del Régimen. Las Comisiones Obreras han surgido genéticamente de los propios

Sindicatos. Preeminencia de Fernando Soto, sí, pero dentro de los Sindicatos legales.»

El señor Barón Crespo afirmó que «la sentencia no aporta nada sobre la realidad de los hechos».

Doña Francisca Sauquillo leyó su informe y opinó que a su defendido —Zamora

Antón— se le impone una pena exagerada. y que «algo fantasma» (aludiendo a las Comisiones Obreras)

está rodeando la realidad española. «Estamos viendo en la Prensa que la realidad ha cambiado en los dos

años que los procesados llevan en Carabanchel.» El presidente de la Sala llamó la atención cordialmente a

la informante para que se ciñera al tema.

El señor Sartorius dijo que los hechos no tienen la suficiente gravedad para la aplicación de las penas

impuestas.

La sesión se interrumpió hasta las cuatro y media de la tarde. Informó entonces en primer lugar doña

Cristina Almeida. Manifestó: «Nunca he tenido una sentencia más grave en cuanto a la pena y más leve

en cuanto al hecho.» Enorme desproporción entre el hecho y la sentencia. «Hemos condenado a unas

personas sin haberles dado ocasión de una sola prueba.» «Ni siquiera se ha consumado el delito de

asociación ilícita.» Carecen de gravedad los hechos cometidos.

El señor López y López se extendió en diversas consideraciones, y el presidente del Tribunal le hizo una

cortés observación para que centrara el debate. El defensor habló de anomalías que afectan al orden

público procesal.

El ex ministro señor Gil Robles tuvo de entrada palabras respetuosas y cordiales para su defendido, el

sacerdote don Francisco García-Salve, que está en la cárcel concordataria de Zamora y que había sido

miembro de la Compañía de Jesús. Aludió a la denegación de pruebas y a la improcedencia de la

autorización dada por el secretario de cámara del Arzobispado de Madrid para procesar a este sacerdote.

Dicha autorización correspondía, dentro del límite de Madrid, al arzobispo, a los obispos auxiliares o al

vicario general. No ha habido prueba ninguna que abone la culpabilidad de los procesados, concretamente

del señor García-Salve. El partido comunista está, declarado ilegal; no se ha producido. en cambio, la

declaración de ilegalidad de las Comisiones Obreras ni por el Poder legislativo ni por el judicial, ni por el

ejecutivo ni tampoco por el Jefe del Estado, haciendo uso de las prerrogativas que las Leyes le conceden.

En el orden penal no hay más norma sancionadora que la Ley. Ejecutar el derecho de asociación, del que

ahora tanto se habla, se considera un acto lícito en todos los países, salvo en los que están detrás del

«telón de acero».

El fiscal examinó todos los motivos de casación planteados, aludió a la sentencia recurrida y a los

antecedentes del proceso. y expresó su confianza en que el Tribunal dictará lo que sea justo y equitativo.

Eran poco más de las siete de la tarde cuando acabó la vista del recurso.

INCIDENTES CALLEJEROS

Ayer por la mañana se produjeron algunos incidentes en las proximidades del Palacio de Justicia con

motivo de la vista del llamado «proceso 1.001» ante el Tribunal Supremo. El orden fue absoluto en el

interior del edificio.

Pequeños grupos de personas intentaron alterar el orden y manifestarse con gritos diversos en las

inmediaciones de la plaza de Colón, zona de Serrano y plaza de la Cibeles. La Policía Armada intervino

tres o cuatro veces para disolver los grupos.

A primera hora de la tarde se tenían noticias de una decena, aproximada de detenciones que se practicaron

en el curso de estos incidentes y otros semejantes registrados en otras zonas, como Hortaleza y Tirso de

Molina.

En el aspecto laboral, la normalidad fue prácticamente absoluta: únicamente se tienen noticias de paros

parciales de escasa duración en alguna factoría de la zona de Getafe y del sector del metal, así como en

las obras de construcción de los Nuevos Ministerios de Industria y Comercio.

En la Universidad Complutense hubo escasa asistencia de alumnos, debido especialmente a los exámenes:

la fuerza pública retiró algunos carteles de varias Facultades y no se registraron Incidencias.

Finalmente, en una entidad bancaria de la zona de Manuel Becerra se produjo una falsa alarma de bomba;

los empleados abandonaron el establecimiento como medida de precaución, pero se comprobó que el

aviso no estaba fundado.

 

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