Autor: Sole i Tura, Jordi. 
   Voces contra las autonomías     
 
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Voces contra las autonomías

Por Jordi SOLE TURA

POR las alturas del Gobierno ya empieza n a oírse voces contra las autonomías. Tomando como

pretexto el resultado de los referendos de la semana pasada en Euskadi y en Cataluña, estas voces

preconizan el frenazo y la marcha atrás en las demás autonomías. «Si en Euskadi y en Cataluña sólo

ha votado el 60 por 100 de los electores, esto significa que las autonomías no interesan de verdad a la

población, que son un invento de los partidos de izquierda y que, por tanto, hay que frenar las autonomías

en el resto de España y mantener lo más intactas posible las estructuras del Estado tal como funcionan

hoy.» Este viene a ser, poco más o menos, el razonamiento de estas voces que suenan por las alturas

gubernamentales. Algún periodista que pasa por ser la voz oficiosa de dichas alturas lo ha escrito así

de claro.

Las consecuencias no han tardado en producirse. El pasado martes, cuando estábamos terminando de

estudiar el texto del Estatuto de autonomía de Galicia en el seno de la ponencia conjunta de la Comisión

Constitucional del Congreso y de la Asamblea de parlamentarios de Galicia, la U.C.D. presentó casi de

tapadillo, como quien no quiere la cosa, un proyecto para añadir un nuevo párrafo cuarto al artículo 32 de

dicho Estatuto que, de haberse aprobado, habría significado la liquidación pura y simple del Estatuto en sí

mismo.

Dicho párrafo venía a decir que cuando una competencia atribuida a la Comunidad Autónoma de Galicia

pueda estar también atribuida en parte al Estado, en virtud del propio Estatuto o del artículo 149 de la

Constitución, la Comunidad Autónoma no podrá hacer uso de ella hasta que una ley de las Cortes de

Madrid delimite lo que le corresponde a ella y lo que corresponde al Estado.

Como es sabido, la mayoría de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, tanto en el

Estatuto de Galicia como en los ya aprobados de Cataluña y Euskadi, tienen una zona de delimitación

más ó menos precisa o imprecisa con competencias parecidas del Estado. Piénsese en el tema de la

enseñanza. O en el de la sanidad y la seguridad social, o en el de la televisión. O, en general, en la serie de

competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas con carácter exclusivo o explícitamente

compartido.

De prosperar un texto como el que U.C.D. propone para el párrafo 4 del artículo 32 del Estatuto de

Galicia, el futuro Parlamento gallego, los Parlamentos de las demás Comunidades Autónomas que se

constituyan y, de rebote, los Parlamentos de Cataluña y Euskadi quedarían imposibilitados de actuar hasta

que una ley ordinaria de las Cortes de Madrid —donde U.C.D. tiene mayoría— les diese permiso para

hacerlo en cada materia concreta. Como tuve ocasión de decir en la propia ponencia del Estatuto gallego,

de aprobarse un texto como el que estoy comentando, el propio Estatuto desaparecería y se podría

sustituir por otro con tres artículos: uno que estableciese la Comunidad Autónoma, otro que dijese que

Galicia tendrá un Parlamento y un tercero que dijese que en todo lo demás ya se verá, según dispongan

las Cortes de Madrid.

Pongo este ejemplo para mostrar que la ofensiva contra las autonomías no sólo es verbal, sino que ha

empezado a pasar a la acción. Era como decirnos: «Podéis poner lo que queráis en el Estatuto de Galicia.

Ya nos encargaremos nosotros de reducirlo a la nada.»

Creo que el proceso autonómico va a encontrar grandes dificultades a partir de ahora, más de las que ya

ha tenido. Y que ante esta perspectiva, las fuerzas democráticas, las fuerzas de izquierda auténticamente

autonomistas, deben reforzar su unidad y llamar a la población a no dejarse arrebatar lo conseguido ni a

consentir pasos atrás o frenazos.

Lo que está en juego es mucho. Las autonomías significan otra forma de gobernar España. La única forma

compatible con los intereses de los trabajadores y de las clases populares. En nuestro país no puede haber

auténtica democracia ni se puede pensar en avanzar hacia el socialismo manteniendo el Estado centralista

y burocrático. Ese Estado ha sido históricamente el instrumento de poder de las oligarquías que han

gobernado y explotado todos los pueblos de España y han provocado las desigualdades, los desequilibrios

y las injusticias que hoy padecemos. La auténtica unidad de los pueblos de España pasa por las

autonomías, como otra forma de organización del Poder. Es la única vía para acercar la toma de

decisiones a los ciudadanos más directamente afectados, la única forma institucional que puede tener en

España un Estado al servicio de los intereses de la mayoría de la población.

A los que hoy especulan con la abstención en los referendos de la semana pasada, les pediría que vayan al

fondo de la cuestión. Las causas de ese 40 por 100 de abstención que tuvimos en Cataluña son muy

complejas, pero una de ellas es la desmovilización creada por las contradicciones de la propia política del

Gobierno por la lentitud y las vacilaciones del avance hacia la democracia, por la incapacidad de dar

respuesta a los problemas más directamente sentidos por la población y también por la incapacidad de dar

contenido a las autonomías provisionales ya creadas. Y si quieren pueden hacer la prueba en contrario:

que traten de arrebatar al pueblo de Cataluña el Estatuto. Les puedo asegurar que chocarán con la

movilización no del 60, sino del 90 por 100 de la población.

 

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