Autor: Tamames, Ramón. 
   Un programa de centro y un gobierno de concentración     
 
 El País.    29/07/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 141. 

Un programa del Centro y un Gobierno de concentración

RAMÓN TAMAMES (Partido Comunista de España)

El plan de urgencia en materia económica, que ha hecho público el Gobierno el pasado día 24, desarrolla

toda una serie de cuestiones planteadas previamente en la declaración programática del día 11. Con este

plan de urgencia se aprecia claramente lo que de forma explícita ha venido manifestando desde hace

tiempo el ahora vicepresidente para Asuntos Económicos: el propósito de restablecer «los dos equilibrios

fundamentales de la economía española».

En definitiva, y sin que se haya dicho, nos hallamos ante un auténtico plan de estabilización, formulado

con el propósito de frenar la subida de precios y para detener el endeudamiento exterior, y en el que se

relegan a un segundo o incluso un tercer plano cuestiones sociales de tanta trascendencia como son el

paro y el nivel de vida de las clases trabajadoras.

La novedad más importante de este plan de estabilización consiste en que de forma simultánea se plantea

una reforma fiscal, que irá precedida de un esfuerzo recaudatorio extraordinario y previo para cubrir el

déficit presupuestario. Se quiere así reconstruir la economía del aparato del Estado, que evidentemente se

encuentra hoy en dificultades extremas.

«De aquellos polvos, vienen estos lodos». La situación por que atravesamos es, efectivamente, el

resultado de más de tres años y medio de Gobiernos «aperturistas» y «reformadores», que no prestaron a

los temas más estrictamente económicos la mínima atención indispensable para evitar un deterioro que se

fue haciendo cada vez más acentuado. La crisis energética no se abordó a tiempo de forma decidida. La

«huelga de inversiones» del gran capital se consideró como algo perfectamente normal. La flotación de la

peseta, oficialmente establecida en febrero de 1974, no se utilizó para prácticamente nada, y en vez de

aceptar realmente un tipo de cambio fluctuante, se prefirió seguir con el método de las devaluaciones

clásicas.

Pero todo lo anterior es historia pasada, y de nada serviría rememorar aquí de forma pormenorizada las

numerosas críticas que día a día se le hicieron a los sucesivos Gobiernos por su inhibición interesada en

materia económica. El caso es que el segundo Gabinete Suárez no ha tenido ya más remedio que

enfrentarse con la cruda realidad, simplemente porque la situación alcanza su cota más grave desde que la

crisis económica y política se inició en 1973.

La verdadera cuestión ahora es apreciar si la forma en que el Gobierno se ha enfrentado con los

problemas económicos es la más idónea. Personalmente, creo que no, que este plan de urgencia es

inadecuado por su carácter antisocial, insuficiente por la escasez de recursos con que se emprende, y lo

más seguro que imposible de llevar a la práctica por la falta de base política.

El plan es inadecuado por su carácter antisocial, lo que se refleja cuantitativamente en la aspiración del

Gobierno de que la masa salarial no crezca este año en más de un 17 %, cuando simultáneamente se

anuncia que el coste de la vida se situará entre un 22 y un 23 %. Aparte de que el crecimiento de los

precios al consumidor seguramente experimentará en la realidad un alza superior al indicado, lo que ya

está bien claro es que esa diferencia inicial de cinco o seis puntos entre masa salarial y coste de la vida

significa que el peso de la crisis se quiere seguir cargando sobre los trabajadores.

Difícilmente va a lograr el Gobierno el clima de cooperación al que pretendidamente aspira para

«moderar el crecimiento de los salarios», cuando de hecho lo que plantea es la disminución del nivel de

vida de la inmensa mayoría de los españoles, esto es, una contracción del consumo popular, que incluso

podría acentuar la crisis, si como es previsible la inversión no experimentase una expansión mínimamente

suficiente para compensar la caída de la demanda

En segundo término, el plan de urgencia, decía antes, es insuficiente para la escasez de recursos con que

se emprende. El rendimiento del impuesto extraordinario sobre el patrimonio no superará seguramente los

10.000 millones de pesetas. El recargo excepcional sobre las rentas más elevadas del trabajo personal

difícilmente alcanzará los 7.000 millones de pesetas, y del aumento de la imposición sobre el lujo, para

determinados conceptos, no se obtendrá una incidencia sustancial por la contracción que, sin duda, va a

comportar en el consumo. A la postre, sumando a esos 17.000 millones de pesetas la emisión

extraordinaria de deuda pública de 20.000 millones una cifra irrisoria resulta un total, para los próximos

meses, de sólo 37.000 millones adicionales. Con tan menguados recursos será técnicamente imposible

cumplir las promesas de corregir la situación de paro, mejorar el seguro de desempleo, y, en última

instancia, comenzar la superación de la crisis.

Es cierto que la reforma fiscal podrá suponer un aumento recaudatorio ya muy notable en 1978, por la

mayor presión efectiva en la imposición directa sobre personas físicas y sociedades. Sobre todo, si el

impuesto extraordinario sobre el patrimonio y el recargo excepcional sobre las rentas de trabajo personal

sirven para esclarecer las fuentes tributarias más importantes de este país. Pero, en cualquier caso, los

problemas más perentorios están ahí, y de lo que ahora se trata es de saber si la situación en vez de

mejorar va a seguir deteriorándose y al final ni siquiera habrá reforma fiscal. Lo más preocupante es

pensar si, en fin de cuentas, en el otoño nos vamos a encontrar con un escenario político y social tan

difícil que incluso puede traducirse en dificultades para continuar con el proceso de normalización

democrática del país. Esta última reflexión es la que precisamente me lleva al tercer punto antes

destacado, de si el plan será posible cumplirlo con la base política del actual Gobierno.

Creo que será muy difícil que el plan económico de urgencia pueda aplicarse tal como se ha esbozado, y

desde la plataforma política en que ahora se apoya. Con las pretensiones estabilizadoras, el equipo

económico de Suárez va a tener dificultades muy serias con las centrales sindicales. Con la reforma fiscal

es esperable una fuerte reacción de la oligarquía financiera. Y esos dos futuros enfrentamientos se

mezclarán con las posibles disensiones que puedan producirse en el seno de la UCD, como consecuencia

de las inevitables posturas conservadoras que irán surgiendo frente a un programa económico de corte

socialdemócrata radical en lo que respecta a los temas fiscales y financieros.

El momento, sin entrar en toda una serie de pormenores —que por lo demás no contribuirían a mejorar el

análisis—,es para una profunda reflexión, que puede hacerse sin esperar a la cuantificación del plan de

urgencia que oficiosamente el Gobierno ha prometido.

El verdadero fondo del problema en una visión del presente como historia y en función de la experiencia

ajena, consiste en decidir si vamos a seguir algo parecido a la vía de la resistencia continua y esforzada a

lo que en Italia se llama el «compromiso histórico», o si, por el contrario, vamos a asumir una política de

verdadera responsabilidad nacional. La sociedad y la economía italianas están en permanente crisis, por lo

menos desde 1964, por la resistencia de la derecha oligárquica a aceptar como inevitables toda una serie

de profundas reformas que son necesarias. En España podríamos ahorrarnos el equivalente a esos trece

años de crisis si las principales fuerzas políticas y sociales supieran asumir una política de responsabilidad

nacional que permitiera conjuntar esfuerzos para superar la crisis y, simultáneamente, se empezara a

transformar el modelo de crecimiento oligárquico y autoritario de los años sesenta y de los primeros

setenta en un nuevo modelo de desarrollo con formas democráticas para las instituciones, y con profundas

reformas en los sectores agrario y energético, en las empresas públicas, etcétera.

Para terminar, lo que hoy preguntamos a los hombres de la Unión de Centro, y en definitiva del Gobierno,

es si realmente van a contar con las fuerzas políticas suficientes para superar la crisis. Día a día, la idea

planteada por el PCE de un Gobierno de concentración nacional, para asumir responsablemente toda la

gravedad de la situación, va extendiéndose como la única solución posible. Cada semana que pase se irá

haciendo más evidente esa necesidad. En noviembre, cuando ya estén en marcha las negociaciones para

los convenios colectivos —o las tensiones sociales que podría provocar su cancelación—, la situación

será todavía más difícil que hoy. ¿Por qué esperar a noviembre?

 

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