Sobre el mentís del PSUC     
 
 El País.    29/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

OPINIÓN

EL PAÍS, viernes 29 de julio de 1977

Sobre el mentís del PSUC

EL COMUNICADO hecho público por la oficina de prensa del PSUC (véase página 13) desmiente la

información publicada en EL PAÍS el pasado día 27 sobre los eventuales desacuerdos entre un sector de

la Asamblea de Parlamentarios, por un lado, y el señor Tarradellas y los diputados y senadores que le

apoyan, por otro. Tanto el tono inusitadamente duro empleado por la nota como las consecuencias

negativas para el proceso autonómico catalán que aquélla atribuye a la citada información, nos hace

abandonar nuestro habitual criterio de no entablar polémicas a propósito de rectificaciones y aportar

algunas precisiones sobre el origen de la noticia, la necesaria distinción entre el papel de la prensa y la

función de los partidos, y la opinión mantenida por este periódico a propósito de la cuestión catalana.

Por lo pronto, aunque deploremos la virulencia de sus palabras, nos parece lógico que el PSUC se haya

decidido a desmentir una información que considera falsa —aunque sería más razonable que la

considerara, en todo caso, errónea— y, al tiempo, perjudicial para los intereses de Cataluña y los suyos

propios.

Hay que decir además que una delegación de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, con mandato de

la UCD, el Pacte Democràtic, los socialistas de Cataluña, el PSUC y los senadores de la Entesa dels

Catalans, acudieron a EL PAÍS en la tarde del miércoles para expresar solidariamente, y a título amistoso,

su preocupación por la línea informativa de nuestro periódico respecto al tema catalán.

Cuando les ofrecimos las páginas de EL PAÍS para que desmintieran la noticia en cuestión, nuestros

visitantes rechazaron, tanto en nombre de la Asamblea como de los partidos más directamente lesionados

por la noticia, esa posibilidad, con el argumento de que era mejor no caer en polémicas y no remover la

basura.

La información publicada en EL PAÍS, en el caso de ser incierta, no sería una noticia inventada por un

periodista, sino la consecuencia de un falso testimonio. Razones obvias nos impiden hacer público el

nombre del informante, pero esa persona existe, tiene nombre y apellidos, y desempeña funciones de

responsabilidad en el Partido Socialista de Cataluña, que forma parte con la Federación Catalana del

PSOE de la coalición electoral y el grupo parlamentario de los socialistas de Cataluña. Según nuestras

noticias, el interesado ha comunicado al secretariado general de su partido su identidad como fuente

oficial de la información.

Pero lo más importante no es saber quién está en el origen de esta acusación. Lo verdaderamente inaudito

es que se haya «filtrado» un documento de tanta envergadura como este proyecto de decreto-ley

preparado por la Asamblea de Parlamentarios catalanes para regir el tránsito hasta la plena autonomía.

Documento conocido solamente por un reducido número de personas y que, sin embargo, fue transmitido

a una agencia de prensa oficial, al parecer antes de que fuera completamente aprobado por los propios

parlamentarios. Y es verdaderamente curioso que el airado mentís del PSUC, en contra de la acusación

contra él lanzada de estar en el origen de la «filtración», se limite a negarlo sin interrogarse sobre quién lo

ha «filtrado», en realidad. El PSUC y los parlamentarios catalanes en su conjunto, directamente afectados

por este problema, son los únicos que pueden arrojar luz en este «Watergate» catalán, según expresión de

la propia prensa de Barcelona.

Por lo demás, nos parece oportuno hacer algunas reflexiones sobre el mutismo que en la actualidad

adoptan como criterio de comportamiento los partidos y agrupaciones democráticas; y no sólo en

Cataluña, por supuesto, sino también en el resto de España. En el caso específico de la política catalana,

no tenemos sino recordar la empecinada obstinación de sectores de la opinión democrática en negar los

contactos entre el señor Tarradellas y el Gobierno de Madrid; o, más recientemente, ciertos ataques de la

prensa catalana contra este periódico, que en una nota editorial había denunciado la insuficiencia de la

Mancomunidad como fórmula de tránsito hacia las instituciones de autogobierno y el olvido de la

Asamblea de Parlamentarios como órgano en el que se encarnaba la soberanía del pueblo catalán. Allí

donde los centros de decisión simulan unanimidades inexistentes, ocultan disensiones y opacan la

información, se abre una amplia brecha que aleja a los simples ciudadanos hasta el fondo del paisaje y les

puede llegar a hacer creer que la clase política de la democracia es al final tan elitista y hermética como la

de la dictadura.

Un sistema democrático se caracteriza precisamente porque los ciudadanos no hacen la entera dejación de

sus destinos a los representantes elegidos cada cuatro años, o a los miembros del Gobierno. Los

parlamentarios catalanes pueden creerse con derecho a permanecer solos en la arena, pero en sus

atribuciones nunca puede figurar el reducir al silencio a quienes discrepen de su estrategia.

Digamos, para terminar, que la rotundidad del desmentido del PSUC y la solidaridad mostrada por la

delegación de parlamentarios que visitó este periódico puede crear una presunción a favor de que el

informante del corresponsal de EL PAÍS en Barcelona desfiguró una noticia que en su origen debía ser

distinta. A este respecto, EL PAÍS y su dirección se responsabilizan de la honestidad y capacidad

profesional de quien recogió la noticia, nuestro corresponsal en Barcelona, Alfons Quinta, tan

violentamente atacado en la nota oficial del PSUC.

Ahora bien, creemos que es un deber de la Asamblea de Cataluña y de todos los que participan en estos

momentos en la elaboración de la política catalana, suministrar una mayor y más clara información, no

sólo sobre sus proyectos, sino también sobre los obstáculos, fricciones y roces que impiden o dificultan su

realización. Y por nuestra parte no tenemos más que ratificar la posición mantenida desde las páginas

editoriales de este periódico a propósito de la cuestión catalana: sólo la negociación en las Cortes del

Estatuto de Autonomía podrá situar a las instituciones catalanas de autogobierno sobre las sólidas bases

que les permitan resistir cualquier presión antidemocrática o centralista; y hasta que las Cortes aprueben

ese Estatuto, la Asamblea de Parlamentarios es el órgano indicado para negociar el régimen provisional

que, en ningún caso, puede ser la plasmación concreta de una mera fórmula de descentralización

administrativa.

 

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